No se acaba de “cumplir el primer pacto de Cuba”, señor procurador, usted no se va por razones políticas, usted se va por corrupción, porque creó una red clientelista para hacerse reelegir. En la Procuraduría usted nombró estratégica y premeditadamente a funcionarios amigos, esposas o demás familiares de magistrados de la Corte Suprema para que ternaran y de senadores para que lo eligieran. ¿Si esto no es corrupción, entonces qué es?
Pero no sólo eso, no son tres o cuatro nombramientos, la Procuraduría le permitió a Ordóñez utilizar una jugosa nómina de 750 funcionarios y 460 mil millones de pesos de presupuesto para armar una red clientelar en todo el país. El 1ro. de noviembre del 2012, antes de que Ordóñez se reeligiera, el portal La Silla Vacía se tomó el trabajo de armar el “universo del procurador” y halló en su investigación que habían “amigos o familiares de 31 senadores y nueve exsenadores; 22 amigos y familiares de magistrados de las altas cortes, incluyendo de siete consejeros de Estado, de dos magistrados de la Corte Constitucional, de siete magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema y de un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura”. En otras palabras, Ordóñez tenía control del Senado y las cortes a punta de clientelismo (Ver: “Las fichas para la reelección del procurador”).
Finalmente, Ordóñez se hizo reelegir con una terna de dos (María Mercedes López renunció), con 14% de los senadores con familiares en la Procuraduría y 29% con investigaciones pendientes en la misma Procuraduría. Todos ellos fueron recusados pero entre ellos mismos se las levantaron. Pero ojo, no solo la reelección de Ordóñez fue anómala, la forma como lo ternó la Corte Suprema también lo fue, según denunció Ramiro Bejarano, fue una “terna exprés” que no siguió las normas de ley.
Píldora para la memoria:
Pero vamos más allá: siendo grosera y corrupta la forma como Ordóñez se hizo reelegir, hay cosas mucho peores. En la vida pública del país esta es sin duda una de las décadas más nefastas gracias a este procurador. Fue tibio con el paramilitarismo, se opuso al aborto legal; también se opuso a la marihuana medicinal, al matrimonio igualitario, a la ley de restitución de tierras, a las consultas mineras, a la objeción de conciencia al servicio militar, incluso a la ley antidiscriminación, a la eutanasia… Y sin hablar de la forma como se ha dedicado a desinformar y sabotear la paz.
En un país urgido de educación sexual y reproductiva, donde dos de cada cinco adolescentes han estado embarazadas, Ordóñez persiguió a mujeres que usaban Misoprostol, pidió listas de las mujeres que solicitaba abortar legalmente, amenazó clínicas y médicos que las ayudaban y persiguió la educación sexual.
Ordóñez fue tan contradictorio y cínico que defendía la objeción de conciencia para los médicos que se negaban a abortar pero se oponía a que los jóvenes apelaran a ella contra el servicio militar obligatorio; siempre se opuso a las consultas previas e incluso investigó al alcalde de Piedras (Tolima) por la consulta minera, pero sí acudió a este mecanismo constitucional para oponerse a la paz atizando a comunidades cercanas a las zonas veredales.
A Petro, por dos días de basuras, lo inhabilitó 14 años, mientras que Peñalosa puede depreciar la ETB, disminuir presupuesto de ambulancias (lo que ya ha ocasionado muertes) o vulnerar los derechos de los habitantes de la calle, y Ordóñez no ha dicho una sola palabra. A Piedad Córdoba la inhabilitó con pruebas que la misma Corte Suprema de Justicia invalidó, y nunca rectificó.
Pocos recuerdan que Ordóñez hizo su parte para promover el ascenso a general de Mauricio Santoyo, quien en realidad era una ficha del narcoparamilitarismo en las Fuerzas Armadas, pero no sólo eso: “Jorge Durán Gómez, quien consiguió que el Consejo de Estado suspendiera la sanción disciplinaria contra el oficial Mauricio Santoyo, fue nombrado procurador delegado ante el Tribunal de Cundinamarca.” Así lo denunció Iván Cepeda en su momento.
Tampoco se recuerda mucho esta columna del investigador José Rafael Espinosa, “El procurador y la parapolítica”, que evidenció el sesgo de Ordóñez para beneficiar a los congresistas que se aliaron con los paras. ¿Acaso preparando su reelección?
“Hasta el 26 de mayo, la Corte Suprema había condenado a 44 congresistas por el delito de concierto para delinquir. La Procuraduría, en cambio, sólo ha sancionado a 11 de esos mismos congresistas”. De todas formas nada de esto nos debe extrañar. Recordemos que Ordóñez, siendo concejal de Bucaramanga, ya había dicho en 1987 que “es una absurda ingenuidad desconocer a los grupos de autodefensa” y señalaba como “natural” su derecho a defenderse, como se registra en un recorte de prensa de la época:
Finalmente, poco se habla ya de los 800 “falsos positivos que se esfumaron de la Procuraduría por directriz de Ordóñez, casos que se archivaron o se les cambió el concepto.
En otras palabras, Ordóñez se puso blandito y disimuladamente pudo haber exonerado a centenares de militares que asesinaban jóvenes para luego presentarlos como guerrilleros… y luego Ordóñez cuestionaba la paz hablando de impunidad.
Pero quisiera detenerme en otro de esos casos muy poco conocidos, que en especial me conmueve y refleja la saña con que Ordóñez usaba la Procuraduría para perseguir. María Estela Jara fue la jueza que condenó a Plazas Vega, ella durante el juicio fue amenazada reiteradas veces y luego de la condena debió salir del país para protegerse y dejar a su hijo en manos de su expareja, con quien estaría más seguro. ¿Saben quién la denunció penalmente dizque por abandono de hogar? La Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Es decir que la Procuraduría, en lugar de trabajar en disciplinar a los funcionarios públicos, estaba empleando recursos públicos para ver cómo vengarse de la jueza Jara.
