El candidato a la presidencia por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, en una visita reciente a Cali, dijo en una entrevista que, de llegar a la Presidencia de la República, su primera tarea sería citar un consejo de seguridad para demostrarle al alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina, que, en sus palabras: “quien manda aquí soy yo”; y a la pregunta hecha por su entrevistador Daniel García Arizabaleta, candidato al Senado por el mismo partido, de “¿y si no asistiera?”, Zuluaga, en un tono propio del que estamos acostumbrados a escucharle a los seguidores y miembros del uribismo, respondió: “Listo, lo mandamos a la mierda”.
Es una crasa muestra de soberbia y envanecimiento (pero sobre todo de ignorancia) la del candidato de la extrema derecha cuando olvida que en Colombia existe un orden constitucional al que tendría que acogerse, en caso, por fortuna bastante incierto, de que llegara a ser el nuevo presidente de la República.
Si resulta elegido, tendrá que tragarse sus palabras y dejar de lado sus ímpetus dictatoriales para someterse a la legalidad y las reglas de juego de la democracia.
Sus declaraciones son el reflejo de que él y a quienes representa se mantienen atados a un pensamiento conservador y más que nada regresivo, que nos devuelve a las que fueron las premisas del antiguo régimen, más de 200 años atrás, en donde la voluntad del monarca, de lo que Zuluaga tiene más bien poco, estaba por encima de las instituciones y de las leyes.
Ignora Zuluaga que el Estado y la democracia moderna surgen justamente frente a la necesidad de poner límites al personalismo de los gobernantes, para lo que se refundaron e invirtieron las fuentes de emanación y legitimación del poder trasladando su titularidad a los ciudadanos, hoy el constituyente primario, que en este caso está representado en quienes soberanamente eligieron al mandatario local.
¿Qué lleva a Zuluaga a pensar que los alcaldes, elegidos popularmente, son súbditos y sujetos de obediencia debida al jefe del ejecutivo? La respuesta no puede ser otra que el hecho de ser un fiel representante de la vena autoritaria de su jefe y su estela de seguidores, quienes siempre se han sentido facultados para ponerse por encima del Estado de derecho.
Con sus declaraciones, Zuluaga muestra que viene con la idea de reeditar la tristemente célebre Política de Seguridad Democrática, tan onerosa para el país por su estela de violencia, desinstitucionalización, resquebrajamiento del orden democrático y ralentización de la búsqueda de la paz, que sigue estando en el orden de prioridades para la sociedad colombiana.
La afirmación de que su primera actuación como presidente sería convocar a un consejo de seguridad para decir quién manda y luego llamar “al general tal y al general tal”, nos devuelve a la sesgada visión de que los problemas que nos aquejan como sociedad: desigualdad, hambre, desempleo, falta de acceso a salud y educación, etc., exacerbados durante el actual Gobierno y fuente de la movilización social vivida en la mayoría de las ciudades colombianas, encuentra solución en una propuesta de seguridad entendida en la militarización de las ciudades, que tuvo en Cali su máxima expresión.
Ratifica, además, su ceguera para reconocer que el país cambió, que el discurso guerrerista ya no cala en una ciudadanía que hoy espera soluciones distintas a la guerra, como testigo del fracaso de una política que a lo único que ha llevado es a aumentar de nuevo los índices de violencia, expresados en el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y el afianzamiento de los grupos armados y delincuenciales en una vasta porción del territorio nacional.
No advierte que se agotaron los tiempos de nutrirse política y electoralmente del dolor de una sociedad ciertamente agobiada por la violencia, de la que su partido ha sido uno de sus principales protagonistas, tal como lo ha demostrado al oponerse férreamente al acuerdo de paz. Por fortuna, el escenario y las circunstancias son otras y los ciudadanos ya no se sienten interpelados por quien, antes que como estadista, se manifiesta como un gañán de calle para anunciar que está dispuesto a sobreponerse a su voluntad.
Zuluaga, bastante deslucido en las puestas en escena de su campaña, les da muy pocas esperanzas a sus jefes y seguidores de que puedan mantenerse en el poder. Con toda seguridad este será su último gobierno, al que por lo único que lo recordarán con agradecimiento los colombianos es porque pasará a la historia como el glorioso sepulturero de su partido.
Queda mucho todavía por verse. Vienen las elecciones a Congreso, las consultas interpartidistas, las dos vueltas presidenciales, pero no nos equivocamos al decir que, no solo por la crisis del uribismo, nos vemos en un país en donde se advierte la emergencia de un nuevo bloque histórico producto, por un lado, de un movimiento social que se consolida en torno a un conjunto variado de nuevas expresiones organizativas y, por otro, de la inopia en la que va quedando la tradicional representación partidista (etérea, difusa, corroída y cada vez más desconectada de los problemas nacionales) a la que la historia hoy le está pasando factura.
Si los vientos de cambio se siguen abriendo paso, pueblos indígenas y afrocolombianos, campesinos, mujeres, jóvenes, animalistas, comunidad LGTBIQ+, líderes comunales, movimientos políticos alternativos, etc., marcarán lo que, por primera vez, sería un punto de inflexión para que Colombia avance hacia un nuevo umbral de la civilización, la cultura política y la consolidación de la paz y la democracia. Que así sea.
