¿Corresponde a los alcaldes y gobernadores recién posesionados, y para el efecto al Gobierno Nacional, crear empleo? Porque cuando se les pregunta a los habitantes de las ciudades, que es donde se hacen las encuestas de opinión, cuáles son sus necesidades más sentidas todos dicen lo mismo: empleo, costo de vida, seguridad, movilidad, y como consecuencia la dirigencia política sale a ofrecer soluciones a esos problemas como si todos dependieran de ella.
En lo referente al empleo, el efecto perverso de aceptar que su generación depende del Estado, impulsa la idea de que es a través de la burocracia como se puede solucionar el problema, o lo que es peor, a través de la contratación pública masiva de personas en oficios poco productivos y transitorios solo para que tengan algunos ingresos.
Ya se les ha ocurrido antes a otros. Un ejemplo muy famoso son las contrataciones de obras públicas en el primer gobierno de Franklin Roosevelt, como un recurso desesperado para salir de la recesión de los años treinta. Hoy se piensa que el New Deal, fue un brillante y coherente conjunto de políticas, muy inspiradas en la idea de John Maynard Keynes de que generar demanda de productos utilizando el endeudamiento estatal era una buena manera de impulsar la economía. Por el contrario, fue una serie bastante desorganizada de iniciativas que se lanzaban para ver si funcionaban o no. Esa en particular en su momento funcionó.
Pero para una economía que no está en recesión, creer que corresponde al Estado generar empleo directamente es una enorme equivocación porque pone el asunto en el lugar equivocado, genera políticas paternalistas, aumenta la corrupción y disminuye la responsabilidad del empresario privado.
En una economía de libre mercado con intervención estatal, como es la colombiana, la generación de empleo como debe ser: productivo, estable y bien remunerado, corresponde al sector privado. La responsabilidad estatal es crear un ambiente productivo que haga posible esa generación en condiciones de competitividad para que sea rentable para la empresa y sus accionistas, y beneficiosa para sus trabajadores. La lista de esas condiciones es larga: un marco normativo adecuado, funcional, eficaz; una infraestructura pública que permita un comercio ágil, un régimen tributario que estimule el emprendimiento, un manejo adecuado de la tasa de cambio y unas negociaciones internacionales que favorezcan el mercado exportador, solo para enumerar las más importantes. Concentrase en esa tarea es trabajo de tiempo completo.
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Cuando el Estado se ha embarcado en esas tareas empresariales, casi nunca lo ha hecho bien
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En algunas de ellas pueden ayudar los alcaldes y los gobernadores, especialmente en crear los estímulos locales y regionales para hacer atractivas las ciudades y los departamentos para los inversionistas, e impulsar las obras de infraestructura pública (licitadas por privados) y el mejoramiento de los servicios públicos. Pero una cosa es crear un escenario de productividad y otra muy distinta crear empleo.
Entre otras cosas porque cuando el Estado se ha embarcado en esas tareas empresariales, casi nunca lo ha hecho bien, y el mundo está lleno de ejemplos de monumentales fracasos empresariales del Estado, que ni vale la pena repasar, porque es un debate que hace tiempo decidió la historia.
Lo preocupante es que se trate de revivir de una manera casi artesanal. Como el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes asumen la responsabilidad de generar empleo directamente, surgen iniciativas casi conmovedoras que refuerzan más el paternalismo estatal y empresarial que otra cosa. Es como si estuvieran haciendo una obra de misericordia.
Cuando aparecen las altísimas cifras de desempleo urbano y rural en Colombia, del tamaño descomunal del sector informal, de la dramática distribución del ingreso, es claro que allí es necesaria una intervención estatal a todo nivel para solucionar esos problemas. Pero, lo que esas cifras desconsoladoras revelan en el fondo, son las limitaciones del sector privado en su tarea primordial de crear empresas modernas, eficientes, productivas, que generen empleo, y que no formen sólo un oasis de bienestar en un desierto de inequidad. Pensar que eso es una responsabilidad estatal es condenarnos al atraso.
La recién aprobada Ley de Crecimiento Económico, en la cual los empresarios son los protagonistas, por los privilegios tributarios que se les otorgan, busca en teoría poner el tema de la creación de empleo donde debe ser: en el sector privado. Pagarán menos impuestos para que dispongan de esos dineros en proyectos productivos que eventualmente generen empleo.
Ojalá así sea. Si ya está demostrado que el sistema tributario no ha mejorado la distribución del ingreso, que es su razón de ser, porque se han robado los dineros de los impuestos o los han despilfarrado, puede que esos dineros no pagados en impuestos, corran mejor suerte en manos de los empresarios. A veces terminan en especulaciones financieras, o en modernizaciones tecnológicas que disminuyen empleos o en gastos suntuarios. Pero es al menos un buen principio y una buena aplicación de la máxima de zapatero a tus zapatos.
