Hacer política en Colombia es lo más de peligroso, pero, sobre todo, cuando se hace política en favor de las grandes mayorías: el pueblo colombiano. A eso es lo que le llaman izquierda, defender la causa del pueblo. El perfil de derecha se caracteriza por defender los intereses de un grupo minoritario conformado por los dueños de las grandes empresas, la banca y los latifundios. Ese modelo de democracia se mantiene desde 1789 con declaración de la Constitución Política de la Revolución Francesa.
Y como herencia de la Revolución Francesa, tenemos un Estado que se orienta bajo los tres poderes públicos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada uno de los poderes son independientes.
Pero esa esencia se pierde cuando el presidente utiliza el presupuesto de la nación en pago de sobornos a los legisladores para que aprueben las leyes en favor de la voluntad del mandatario, que es impuesto por los propietarios de la banca, y, estos, a su vez, inyectaron fuertes sumas de dinero para financiar las campañas; conformándose un círculo vicioso.
Pero, eso no solo ocurre con el legislativo, sino con el judicial cuando se coopta la justicia. Un claro ejemplo es la actitud deliberante el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien interviene en política con evidentes declaraciones en contra del candidato presidencial Gustavo Petro.
De igual manera, cada tres declaraciones del presidente de la República, Iván Duque, una es para injuriar al candidato del Pacto Histórico. Es una muestra evidente de la participación de altos funcionarios en política. Lo hacen sin ningún rubor y de cara al país.
Pero surge lo inconcebible, que un General de la República, como Zapateiro, entre a terciar en política, teniéndose claro que la fuerza pública no puede ser deliberante, como claramente lo estipula la Constitución Política de Colombia; más aún, cuando la referencia que hace en un tuit es de manera peyorativa y con aseveraciones que son del resorte de la justicia; y téngase en cuenta que el tema que menciona Zapateiro ya es caso juzgado, en el que se demostró la carencia de veracidad, en el asunto de un dinero que recibe Gustavo Petro. Entonces, ¿por qué enlodar la imagen del candidato con un tema superado?
Sobre la declaración de Zapateiro hay que tomarla como temeraria porque al ser comandante del Ejercito de Colombia, con más de 500 mil hombres sobre su mando, tiene una repercusión de la que no podemos indicarla con precisión, pero pone en riesgo la seguridad y la vida de un candidato presidencial.
Se habla de un posible atentado contra el candidato del Pacto, de un accidente aéreo o de un magnicidio, como lo acontecido con Gaitán, Galán, Pardo Leal, Jaramillo o Pizarro. De igual manera, otros analistas hablan de la posibilidad de un golpe de Estado o un ruido de sables, de llegar Petro a la Presidencia
Lo lamentable de todo esto es que es el propio presidente de la República sale a defender al General Zapateiro, en lo que claramente hay una violación de la Constitución, porque ninguno de los dos son deliberantes en política electoral.
El presidente lo puede hacer en asuntos competentes a su gobierno, pero no tomar partido, ni dar debates en torno a las propuestas de los candidatos presidenciales. Por su parte, los miembros de la fuerza Pública, no están autorizados a dar declaraciones, ni tomar partido, ni oponerse.
Las fuerzas Armadas del Estado están al servicio de toda la ciudadanía para garantizar, la vida, bienes, honra y libertades de los ciudadanos. El artículo 219 de la CPC lo expresa claramente: “Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.
En ninguna parte dice que los Generales, o cualquier miembro de la Fuerzas Militares están para controvertir la opinión de los ciudadanos.
El Ejército, constitucionalmente, tiene la función de hacer valer la soberanía territorial; es una fuerza militar que entra en acción con otra fuerza similar para hacer valer la seguridad ante actores armados internos o externos. A diferencia de la Policía, que es una fuerza civil encargada de proteger el orden público entre los ciudadanos.
En ningún momento se trata de subestimar o mancillar la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, ningún país funciona sin ellas. De lo que se trata es de evitar la injerencia en política de los servidores públicos no autorizados por la Constitución y la Ley que conduzca al error del ciudadano.
