Los diálogos que adelante el Gobierno colombiano con el grupo insurgente FARC-EP y las políticas educativas en torno a la educación superior, son temas que generan interrogantes en la actualidad política colombiana. Interrogantes que van por un lado, en investigar cómo implementar políticas educativas en los municipios que permitan afrontar el pos-acuerdo, y por otro lado, cómo atender a la población que se acoja al proceso de reinserción a la vida civil.
Estos temas generan la pregunta ¿están preparados los municipios colombianos en políticas educativas para afrontar el pos-acuerdo del gobierno con el grupo insurgente? En línea con lo anterior, y como habitante del municipio de Yumbo, me pregunto ¿está preparado el municipio en políticas educativas para afrontar el pos-acuerdo?
El municipio de Yumbo, conocido como ‘la capital industrial del valle’, concentra un gran potencial para el desarrollo de la región gracias a las 2 mil empresas que alberga aproximadamente. Según cifras del Ministerio de Educación Nacional del 2014, el municipio cuenta con una población alrededor de las 112 mil personas, de los cuales el 9% se encuentra entre los 17 y 21 años de edad. De la totalidad de habitantes que se encuentran entre los 17 y 21 años, solamente el 8.9% se encuentran activos en el sistema de educación y el 91.1% restante se encuentran fuera del sistema.
Según esta misma fuente, de los 8.9% que se encuentran en el sistema educativo el 7.7% se matriculó en algún programa de pregrado técnico o tecnológico del sector oficial y el 1.3% restante en el sector privado. De las personas matriculadas a los programas de pregrado se presentaron 869 en niveles tecnológicos y 45 para el nivel universitario. Cifras bastante dicientes respecto a la forma como está preparado el municipio en términos de oferta de educación superior en el marco de un posible acuerdo de dejación de armas.
El Municipio de Yumbo no cuenta con ofertas de educación superior para las áreas de humanidades, artes y filosofía. Sin la cual se está vulnerando el derecho fundamental de educación consagrado en el artículo 67 de la constitución política de 1991. Derecho que tiene su desarrollo en la Ley 30 de 1992 en el artículo 7° donde se hace énfasis en los campos de acción de la Educación Superior los cuales corresponden con el nivel de técnica, ciencia, tecnología, humanidades, arte y filosofía.
En un sondeo realizado para argumentar la preocupación sobre la carencia de ofertas educativas para nivel superior encontramos lo siguiente: de las universidades que actualmente ofrecen cobertura en el municipio como la Universidad del Valle y la Universidad Católica con el programa Ceres solamente ofrecen carreras de carácter técnico y tecnológico. Por lo demás, diferentes institutos prestan servicios del mismo nivel como el Instituto Técnico del Valle INTEV, entre otros.
Adicionalmente, las instituciones educativas de secundaria presentan un fortalecimiento de la técnica pues sus bachilleres son graduados con títulos como bachiller técnico en mercadeo ventas y servicios, bachiller técnico comercial, bachiller técnico industrial, entre otros.
Si bien es cierto, el fortalecimiento educativo en el nivel técnico y tecnológico es apropiado para que parte de la sociedad pueda encontrar formas de adquirir recursos económicos al vincularse a las empresas del sector, no corresponde con la totalidad del derecho constitucional de educación. Es una obligación política generar convenios y no escatimar esfuerzos para apertura de programas de pregrado que se enfoquen en las humanidades, las artes y la filosofía. Esfuerzos que pueden concretarse al generar en las instituciones públicas semilleros de filosofía, sociología, historia, entre otros. Fortalecer convenios con la universidad pública para que los estudiantes no tengan que trasladarse a la ciudad de Cali si quiere estudiar Filosofía, Psicología, Sociología, etcétera.
Fortalecer el sistema educativo con diferentes ofertas académicas en todos los niveles será vital para afrontar la nueva exigencia política y social en el marco de la firma del acuerdo que desarrolla el Gobierno. La sociedad en general demanda el fortalecimiento de competencias desde todos los campos de acción de la educación superior: técnico, tecnológico, humanidades, artes y la filosofía.
