Una de las propuestas más polémicas de Petro y que mayor temor genera (incluso en aquellos que no tienen tierras) es la de subir el predial de las denominadas tierras improductivas, de modo que aquellos terratenientes que tengan grandes latifundios sin cultivar (extensiones de tierra de más de 1.000 hectáreas) se vean de manera indirecta obligados a pagar altísimos impuestos por ellas o de lo contrario tengan que venderlas al Estado.
De los actuales candidatos a la presidencia solo Humberto de la Calle concuerda en que este es uno de los caminos para arreglar el gran problema de desigualdad que existe en Colombia respecto a la distribución de tierras y nos recuerda que la propuesta original no es de Petro, sino de Hernán Echavarría Olózaga, empresario, político, y uno de los economistas más destacados que tuvo Colombia.
De la Calle explica en sus palabras que la propuesta consistía en establecer un gravamen creciente para las tierras en las que no se cultiva nada, con esto el Estado obligaría a sus propietarios a explotar la tierra y generar empleo con diferentes tipos de cultivos o de lo contrario a vender la tierra al Estado en un ejercicio totalmente democrático.
En este sentido, aunque la palabra expropiación está satanizada y nos recuerda a ese Chávez, con aires de rey feudal, señalando indiscriminadamente edificaciones mientras decía “exprópiese, exprópiese", la expropiación es más que una simple herramienta chavista. En Colombia la expropiación es legal y tiene su fundamento en la Constitución Política, más específicamente en el artículo 58, inciso cuarto, que expresa que por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa y que esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.
Como se menciona en el artículo Quinientos años de latifundio de João Pedro Stédile:
Aún dentro del régimen de propiedad privada, capitalista, en países como los Estados Unidos fueron impuestos límites y condiciones que regían la distribución de tierras. Abraham Lincoln implantó una ley de colonización de tierras públicas que se basaba en el criterio de que la tierra debería ser por lo menos de quien la trabajase. Y sobre la base de este criterio, se estableció que cada familia que quisiese trabajar y vivir en la tierra, tenía el derecho asegurado a 160 acres.
Con esa ley fueron distribuidas entre 1862 y 1880 cerca de 60 millones de hectáreas de tierras públicas federales y otros 120 millones de hectáreas de tierras públicas estatales, beneficiando a más de 3 millones de familias de agricultores. Estos teniendo acceso a la tenencia de la tierra se transformaban en pequeños y medianos agricultores, y luego en consumidores de productos industriales como instrumentos de trabajo para la agricultura, maquinaria y productos de consumo familiar. Gracias a ese proceso de democratización de la tierra fue posible desarrollar una pujante agricultura, que aumentó inmediatamente la producción y generó un enorme mercado interno para la industria nacional instalada en el norte del país. Esas bases transformaron a un país dividido y desgarrado por una guerra civil, en la mayor potencia económica industrial de fines del siglo.
Ahora bien, en Colombia la historia y la realidad han sido totalmente diferentes, la desigualdad que nos ha acompañado desde tiempos de la colonia ha demostrado, como lo indican numerosos estudios, que solo el 1% de la población es dueña de más del 80% del total de las tierras productivas, convirtiendo a Colombia en una de las 3 naciones más desiguales del mundo junto a Haití y Angola.
Por otro lado, hay otro mito sobre este tema y es el de pensar que la expropiación es una herramienta de la izquierda. Hace algunos años Vargas Lleras propuso la aprobación de una especie de “expropiación exprés", el cual es reseñado brevemente por la revista Semana:
Vargas Lleras reveló que en el Congreso fue radicado un proyecto de ley con el que se busca hacer expedita la adquisición de predios esenciales para la construcción de vías y viviendas, un asunto que ha sido el 'palo en la rueda' de diversos proyectos. Los propietarios tendrán 10 días para negociar el predio. Si la negociación no da frutos, se dará una expropiación exprés en menos de 30 días. “Seguimos experimentando largos y engorrosos procesos que impiden la celeridad necesaria para el desarrollo de proyectos de vital importancia (…) Cuando no se logre un acuerdo con el propietario, se procederá al proceso de expropiación judicial o administrativa, sobre la base del avalúo catastral.
En Colombia, la centralización y abandono estatal han ocasionado que existan 2 realidades de país: una donde emergen, surgen y coexisten con todas las garantías del Estado las grandes urbes y en ellas las grandes industrias (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena); y otra, donde el Estado ha dejado huérfanos a comunidades de campesinos, indígenas y poblaciones rurales que han tenido que coexistir entre el flagelo de los carteles de narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares, las bandas delincuenciales y otros tantos males que han llegado a territorios abandonados, sin presencia del Estado, donde logran establecer su ley por medio de los fusiles y los asesinatos.
En esa Colombia olvidada y desangrada, los grupos al margen de la ley, pero en especial la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes (si es que se puede separar este último grupo de los 2 primeros) aparte de luchar por intereses políticos, militares y económicos (rutas de narcotráfico, minas ilegales, cultivos de coca) han sido actores fundamentales a la hora de establecer quién es dueño de qué, sin importar el cómo y el cuándo.
La guerrilla, como lo demuestra la Fiscalía, no se dedicó como piensa la mayoría a guardar el dinero del narcotráfico y de la minera ilegal en caletas de millones de dólares en la selva, este dinero lo han invertido en numerosas empresas. De hecho, hace poco el Estado expropió 60 supermercados. Adicionalmente, han comprado grandes extensiones de tierra, que hoy están a nombre de terceros que tendrán en algún momento que ser descubiertas y llamadas a extensión de dominio.
Con los paramilitares pasa exactamente lo mismo, solo que con el agravante de involucrar grandes personajes nacionales entre políticos y empresarios en una red de tráfico de tierras. Aunque los paramilitares fueron creados con el fin de proteger de la guerrilla los intereses de algunos ganaderos, industriales agrícolas y compañías reconocidas en Colombia, la cura terminó peor que la enfermedad. Los paramilitares no solo asesinaron cientos de miles de inocentes, se involucraron en el narcotráfico y también perdieron su visión original. Incluso, ofrecieron sus servicios no solo para eliminar guerrilleros, sino también a cualquiera que pensara diferente (periodistas críticos, sindicalistas, personas de izquierda, humoristas incómodos, líderes sociales) y con la complicidad del Estado desplazaron campesinos y comunidades enteras, dejando miles de hectáreas sin dueños, las cuales posteriormente fueron compradas por multinacionales, grandes empresas, ganaderos poderosos entre otros.
Y aunque siempre debe obrar el principio de inocencia y buena fe hasta que se compruebe lo contrario, los mismos actores del conflicto (excabecillas) han afirmado que incluso llegaron a recibir pagos por asesinar, amedrentar y desplazar comunidades completas para dejar tierras libres que posteriormente fueron compradas a precios ridículos. Incluso, algunas empresas como Argos ya han cumplido sentencia respecto a restituir tierras a sus dueños originales quienes fueron despojados ilegalmente.
Con eso en mente, no se puede hablar de la problemática de tierras en Colombia sin entender todas las realidades que giran en torno al despojo ilegal y forzado de las mismas. El tema no es fácil, pues encierra el corazón del conflicto en Colombia. Además, hay políticos y empresarios muy poderosos involucrados en este deshonroso capítulo de la historia colombiana, por ello muchos se oponen a la JEP, ya que hay demasiados intereses en juego y verdades ocultas por décadas de corrupción y complicidad estatal que no conviene sacar a la luz y eso en últimas es lo que promete la JEP, penas alternativas a cambio de la verdad.
Por ello, aunque la propuesta de Gustavo Petro es aterradora para muchos, tiene algo de razón en el fondo, y efectivamente tendrán que venir muchas expropiaciones por simple justicia social. El desplazamiento forzado es el crimen con el mayor número de víctimas registradas en el país con más de siete millones de persona. Muchas de ellas fueron despojadas de sus propiedades a costa de sus vidas y la de sus familiares, así que es más que justo que el Estado les retorne lo que les fue arrebatado.
¿Qué Colombia necesita expropiaciones? Sí, por todo lo dicho anteriormente las necesita, pero previo a esto debe existir una investigación rigurosa, transparente y de carácter público, dando la oportunidad no solo a que los afectados se pronuncien, sino también el derecho a defenderse, pues claramente muchos colombianos actuaron de buena fe al momento de adquirir sus tierras.
Petro tiene las ideas, pero no la forma adecuada para lograr una ejecución sin causar un caos. No se puede salir a una plaza a insinuar de manera desafiante que empresarios como Ardila Lülle deben ir pensando en entregar Incauca al Estado. Esto es un tema muy serio, delicado y fundamental para el futuro del país como para convertirlo en un discurso populista, superficial y sin la rigurosidad de una investigación legal y con las garantías necesarias para evitar pánico en el mercado financiero, dando la impresión de que se viene un gobierno de cabeza caliente e improvisador como el venezolano.
Yo personalmente creo que este país requiere que se tomen medidas estructurales en el campo. Creo que es una herramienta legal que deberá ser usada buscando el bien común, sin ser arbitraria, ni implementada para apoyar un discurso que busca la lucha de clases y aunque admiro a Petro como político, aquí sí debo decir que cometió un error garrafal, una salida en falso que de entrada le endosará a Duque unos cuantos de miles de votos.
Para concluir, Colombia necesita una reforma agraria urgente, que conllevará muchísimas expropiaciones, pero no al estilo que hoy Petro plantea. En mi opinión personal me quedo con el discurso y la visión que tuvieron personajes como Galán, y a la hora de analizar entre los actuales candidatos presidenciales, la propuesta de Humberto de la Calle frente a esta problemática es la mejor sin duda alguna, en total contraste con la propuesta de Duque de congelar por 10 años el predial rural, lo que refuerza la terrible iniquidad agraria y nos mantendría en una economía totalmente feudal y atrasada.
