En Colombia hacer un túnel puede tardar cinco períodos de gobierno, un metro varias generaciones, una guerra o un estado de sitio 50 años sin tregua. Sin embargo, torpedear un proceso de paz toma días, como también los lleva casi por diversión hacer dibujos de megaobras, pagar varias veces los mismos diseños o dar al servicio infraestructuras que se caen a un par de semanas desde la inauguración con placas brillantes y nombres de opacos funcionarios.
A pesar de que este país se cocina en todas las recetas de la corrupción y aunque es puntal en fabricación de normas antitrámites que casi nadie entiende ni aplica, un estudio de la OCDE expresa que un proceso ante la administración pública en Colombia dura en promedio algo más de tres veces que en Chile, y así crecientemente frente a otros países, o que tan solo un 35 por ciento de vueltas (que es lo que aquí más damos) se pueden hacer por internet. Cómo decirlo, Colombia alardea metida a la fuerza en el club de los países OCDE, los de primera plana, pero produce infraestructuras, fórmulas administrativas y gestión política de la guerra de los mil días, algo como internet en burro.
Y no pasa nada, absolutamente ninguna cosa: el que daña cae para arriba; no importa la embarrada, el delito o el cargo de turno, quien lo hace se convierte luego en Procurador, Contralor o Fiscal, con esa potestad extravagante de autoperdonarse. Por supuesto, si de un presidente se trata, este pasa a ser expresidente, que aquí significa el imperio de seguir decidiendo de lo divino, lo humano o lo inmundo, todo sin pudor o responsabilidad alguna.
Con ese prontuario uno se pregunta, y más que preguntarse se agarra la cabeza de terror imaginando cómo será toda la maniobra de la vacuna para contrarrestar el covid-19 que se ha llevado más de un millón de personas en el mundo; el maldito bicho que en Colombia cuenta casi 40.000 muertes (entre los 10 primeros en el mundo), ese que nos ha reducido al miedo, al silencio y tantos y tantos al hambre.
Produce estremecimiento pensarlo, no solo porque según se informa un proyecto que pronto será ley le da salvaguarda a los fabricantes de la vacuna ante resultados adversos, o porque se crearía otro órgano “independiente” encargado de hacer más estudios y supervisiones (como si con el montón de superintendencias y fiscalizadores que hay no fuera suficiente), o porque el ministro de Salud ya anticipa que esto iría hasta el 2022 para un grueso de la población, sino porque Colombia es el tapiz en donde el tiempo transcurre sin respuestas, el catálogo del “haga la fila que yo le colaboro”.
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El ministro de Salud ya anticipa que esto iría hasta el 2022 para un grueso de la población
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Aunque lo indefendible aquí sea la pauta, esperemos no asistir en breve a la noticia de que los primeros vacunados sean los funcionarios de rango y sus familias, ya que como muchos de ellos dicen sin temblor, “uno hace lo que sea por sus hijos”. No presenciemos ojalá el Sanandresito y el mercado paralelo de vacunas (pague dos y lleve tres); las dosis adulteradas para la gente en el Chocó o la Guajira igual que la alimentación escolar podrida; la bodega del alcalde tal para pagar votos de la próxima elección o la distribuidora privilegiada de la familia del ministro fulano. Tampoco la larga fila de vacunas “estrato uno” o la VIP pagada por debajo de la mesa, emblema del arribismo nacional.
La gestión de la crisis por los gobiernos no ha sido la mejor, aunque ha proporcionado réditos políticos y hasta económicos a algunos. Esperemos de buena fe que la aplicación de la vacuna en Colombia no se vuelva moneda de cambio; otro “yo le colaboro, señora”, algún discurso bobalicón ni el nuevo escaño rentable como infame de la corrupción.
Publicada originalmente el 10 de diciembre 2020
