Uno de los principios rectores de los procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz consiste en agotar el diálogo.
En las audiencias que han sido públicas y que he tenido oportunidad de ver, los magistrados de la JEP son claros en solicitar a los comparecientes que hablen sobre lo que saben del conflicto armado en Colombia. "Cuéntenle al mundo la verdad de manera exhaustiva" parece ser el llamado que a gritos hace la JEP.
Contar la verdad implica en muchos casos involucrarse a sí mismo o incluso a otras personas. Por eso si el compareciente lo pide las audiencias son reservadas. Algunos ciudadanos se han presentado voluntariamente, ciudadanos de todo tipo, militares, exguerrilleros, civiles, servidores públicos, con condiciones sociales y judiciales diversas. Han asistido desde coroneles del Ejército de la República, hasta soldados rasos.
Desde comandantes guerrilleros hasta personal de logística de los frentes subversivos. Políticos y exfuncionarios gubernamentales. De igual forma la JEP tiene el mandato de citar a aquellos ciudadanos sospechosos de estar vinculados en actividades criminales durante el conflicto armado en Colombia.
Todas las audiencias y citas a ciudadanos se enmarcan en un propósito fundamental, la construcción del relato definitivo del conflicto interno en Colombia, que las víctimas sepan la verdad y reciban un sorbo de justicia y reparación y que jamás se vuelvan a cometer esos hechos.
Ahora bien si usted fue condenado por situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno en Colombia se puede dirigir a la JEP asumir su compromiso con la verdad y a cambio puede obtener libertad. Hasta acá todo dialógico.
Si no cumple con su compromiso su caso es remitido a la Unidad de Investigación y Acusación. En caso de determinar su responsabilidad puede pagar hasta 20 años de cárcel.
La comunidad internacional en cabeza de la ONU, inclusive desde el Gobierno de los Estados Unidos han respaldado a la JEP y la presentan como un modelo justo, no perfecto.
Un modelo de administración de Justicia que le puede dar tranquilidad a un país. Un modelo que es considerado para ser aplicado en cualquier lugar del mundo en donde se presenten conflictos internos.
Sin embargo la JEP no parece tener el mismo estatus dentro de Colombia. Como ciudadano he identificado que la principal fuerza interna del país contra la Jurisdicción Especial para la Paz es sin duda el centro Democrático- CD, el CD representa la ideología Colombiana que actualmente controla el poder Ejecutivo y con 54 congresistas directos y alianzas con otros partidos políticos controla también el poder Legislativo.
El CD también tiene injerencia en el Poder Judicial al controlar la Fiscalía General de la Nación, de igual manera controlan la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo entre otras organizaciones que están al servicio del bienestar de la ciudadanía.
La delgada línea del equilibrio del poder se da gracias a que, por la constitución del 91, el CD no ha podido controlar a los jueces de la República, no obstante, avanza en esa dirección.
Pero incoherentemente (y como estrategia política) desde el CD insisten en que la JEP representa haberle entregado el país a las extintas FARC. Cuando realmente el país esta en manos del CD.
La JEP es la estructura soporte del acuerdo de paz entre el Estado de Colombia y las FARC, y según el CD, debe ser modificada, modificada porque el blindaje constitucional que tiene no ha permitido lo que ellos realmente quieren: eliminarla.
Explican las fuentes ideológicas del CD que los militares no deben entrar a la JEP, porque los estamos degradando.
Esconde el CD que gracias a la JEP muchos militares que ya estaban condenados por la Justicia Ordinaria han tenido una segunda oportunidad en la vida, para salir de la cárcel, volver a sus familias, ayudar a la construcción de la Paz.
Fue la JEP quien nos mostró que algunas de las acciones de las FARC como los secuestros de ciudadanos y servidores públicos son catalogadas como crímenes de lesa humanidad, una imputación que no había realizado ningún fiscal del país, y he visto como excombatientes aceptan sus responsabilidad en diversos tipos de crímenes y la vez informan qué condiciones y cuál era el contexto en el que estos hombres y mujeres, ciudadanos, empuñaron armas contra el Estado colombiano, también entiendo que muchos hombres y mujeres fueron reclutados en algunos casos contra su voluntad o sin un conocimiento pleno de la decisión de ver al Estado como enemigo, el caso de niños y niñas en las guerrillas.
Las FARC causaron profundas heridas en la histórica el pueblo Colombiano. Creo que la JEP ha permitido que las víctimas de la FARC confronten a sus victimarios.
Es la JEP la que ha permitido que el glorioso Ejercito de Colombia, en parte responsable de la liberación de América, también tenga su oportunidad. Miles de uniformados del Ejército se han sometido voluntariamente a la JEP para relatar su participación en diversos tipos de crímenes contra compatriotas. Para construir la Paz.
Un caso emblemático es el del coronel (R) Publio Hernán Mejía quien fue condenado a 14 años de prisión por concierto para delinquir debido a probadas relaciones entre el entonces Comandante (2002-2004) del Batallón la Popa departamento del Cesar y narcoparamilitares liderados por Rodrigo Tovar, Hernán Giraldo y David Hernández, ciudadanos reconocidos con los alias de Jorge 40, 39 y Tolemaida respectivamente.
Por otro lado, pero en el mismo sentido, el 31 de mayo de 2019 la justicia ordinaria lo condenó a 39 años de prisión por homicidio agravado en persona protegida. Se demostró su responsabilidad en la muerte de 20 ciudadanos a los que juró proteger.
El comandante mostraba los cuerpos de sus víctimas como resultados operacionales contra la subversión. Posteriormente la Fiscalía General de la Nación demostró que eran falsos resultados, que eran montajes, que fueron asesinatos.
Estas dos condenas fueron suspendidas por la JEP, debido a que mediante el acta de compromiso No. 301148 del 1° de junio de 2017, el coronel Publio Hernan Mejía Gutierrez se sometió voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el compromiso de aportar verdad relacionada sobre sus condenas y sobre los procesos que tiene en curso en la fiscalía por una serie de delitos que comprenden concierto para delinquir, homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo, desaparición forzada y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
El militar se ha negado a aceptar cualquier responsabilidad en los hechos por los que ha sido condenado y por los que está investigado, mientras tanto desde el CD lo muestran como el militar colombiano por excelencia, incluso, le apuestan a su aspiración a la Presidencia de la República.
Hernan Mejía representa el culmen de la relación entre agentes del Estado, narcoparamilitares y una ideología clave que permitió cometer uno de los crímenes más aberrantes en la historia de la humanidad: asesinar a un civil al que se debe proteger para mostrarlo como resultados de una política de seguridad.
Mejía y su sucesor en la Popa, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, han sido imputados por la JEP su presunta participación determinante en el asesinato de 127 compatriotas entre el 2002 y 2005 en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Analizando los antecedentes, existe una alta probabilidad de que estos exmilitares, quienes no han asumido ninguna responsabilidad al respecto, sean condenados por la JEP a penas que irían hasta los 20 años de cárcel.
Para el CD es importante que la JEP condene a estos exmilitares y de esta forma poder consolidar en mejor posición su falsa teoría: La entrega de Colombia a las FARC.
Ya me los imagino alineando a los grandes conglomerados de medios de comunicación, controlados o comprados, para socavar por este motivo la función constitucional JEP.
Compatriotas, tengo 38 años, casado, 2 hijos, asalariado, endeudado, los invito a observar lo que pasa en la JEP para que se formen su propio criterio.
