A propósito de las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, quiero poner a disposición de la discusión pública las investigaciones de mi mamá, Yamile Salinas Abdala, sobre las alianzas entre paramilitares y otros actores, y las motivaciones políticas y económicas que los unían.
Para mi mamá, el paramilitarismo fue un componente de una alianza mucho más amplia entre actores legales e ilegales que respondía a visiones políticas comunes e intereses sobre tierras y riquezas naturales. Estas alianzas lograron, de facto, en muchas zonas del país, un cambio radical en la tenencia y uso de la tierra. Muchos territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos se convirtieron en cuestión de una o dos décadas en escenarios de las peores violaciones a los derechos humanos y luego en grandes propiedades de unos pocos y en muchas ocasiones también en superficies de proyectos agroindustriales, mineros, ganaderos o petroleros . El propósito político común y los medios para perseguirlo eran diametralmente opuestos a la Constitución Política del 91: se apartaban de cualquier principio redistributivo de la tierra y la riqueza, y de respeto y protección a la diversidad cultural y los derechos humanos. No olvidemos que actores de esta alianza firmaron un acuerdo para “refundar la patria”, en 2001: el Pacto de Ralito.
Es muy importante resaltar las motivaciones reales de estas alianzas, que no se quedaron en planes, sino que se materializaron y lograron los objetivos de transformar profundamente los territorios según los intereses de estos actores. Solo así podremos develar las causas estructurales de la violencia y garantizar que no se repita. Como lo han resaltado diversos analistas, las declaraciones de Mancuso no son nuevas y, pese a que estaban incluidas en los expedientes de Justicia y Paz y han sido analizadas en muchas publicaciones (incluidas las de Yamile), los ejercicios de esclarecimiento de la verdad y de justicia no han seguido todas pistas para luchar contra la impunidad de todos los responsables y beneficiarios de la guerra. La JEP y toda la ciudadanía tenemos una nueva oportunidad de indagar con profundidad la verdad y esclarecer las lógicas de interés política y económico que han sido el combustible, pero también el escudo de la violencia armada en Colombia.
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Los autores develan una empresa criminal de paramilitares, políticos y servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y por narcotraficantes, a lo que llamaron la quíntuple alianza
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En el libro del CNMH publicado en 2011 Justicia y Paz: tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, mi mamá y Juan Zarama Santacruz no solo analizaron miles de páginas de las versiones rendidas por postulados al proceso de Justicia y Paz, de las decisiones de los tribunales y otros documentos, sino que entrevistaron directamente a varios jefes paramilitares en cárceles en Colombia y Estados Unidos, entre ellos, a Mancuso. En este libro, los autores muestran patrones que develan una empresa criminal compartida por paramilitares, políticos y servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y por narcotraficantes, a lo que llamaron la quíntuple alianza. El análisis de seis casos les permitió a Yamile y Juan mostrar elementos comunes de la expansión del paramilitarismo que incluyen el desplazamiento a sangre y fuego, la aprobación por la fuerza o fraudulenta de la tierra, la implementación de proyectos económicos a gran escala y el repoblamiento del territorio.
En el libro Con licencia para desplazar: masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, Yamile y un maravilloso equipo de investigación pusieron la lupa en el Catatumbo, un territorio estratégico por su ubicación, pero también por sus riquezas naturales. Los autores muestran que la historia de la violencia y sevicia que sufrió la población se construyó con unas fibras relacionadas con algún recurso natural que generó disputas e intereses de desplazar a los propietarios y habitantes legítimos del territorio. Estas fibras fueron, entre otras, el petróleo, los cultivos de coca, la tierra para proyectos agroindustriales y los recursos mineroenergéticos. El territorio se transformó, radicalmente, con cada ciclo de violencia. Cambiaron radicalmente los pobladores, propietarios y tenedores de la tierra, los usos del suelo y, en general, el paisaje. En el libro Tierra y Carbón en la Vorágine del Gran Magdalena, Yamile muestra los cambios veloces en la tenencia y concentración de la tierra en Magdalena, Cesar y la Guajira, que favorecieron, de nuevo, a un puñado de actores y megaproyectos de explotación de la naturaleza.
Quisiera seguir reseñando las publicaciones de mi mamá, pero no me queda espacio. Una recopilación que aún estamos alimentando está en la página de Indepaz. Adicionalmente, pueden ver la serie ¿Por qué nos quitan la tierra? de Rutas del Conflicto que lideró mi mamá, en la que destapan las fórmulas que le dieron apariencia de legalidad al despojo.
Además de un homenaje a mi mamá, quiero también recordar con cariño y admiración a Myriam Hernández, la coordinadora en el CNMH el proyecto “Construcción de Memoria Histórica sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia”, bajo el que se realizaron varias de estas investigaciones.
