A la vista de todo el mundo, y con el mayor descaro político, la ultraderecha uribista del Centro Democrático habría lanzado un plan para ejecutar un golpe de Estado (o autogolpe) fascista contra las libertades civiles y las instituciones democráticas colombianas.
Ese plan tendría unos puntos concretos y unos procedimientos violentos para imponerlo a la brava mediante la masacre y el exterminio de los líderes sociales.
Desde el 10 de octubre, al término de su detención domiciliaria en su hacienda ganadera en Monteria, Uribe lanzó un manifiesto con la hoja de ruta para ejecutar el asalto de los poderes públicos que resisten su fantasía autoritaria y regresiva.
Nieto Loaiza, uno de sus más fieles e incondicionales subordinados, heredero de los grupos conservadores más violentos conocidos en la historia colombiana (chulavita), ha sintetizado ese siniestro y antidemocrático programa para imponer un régimen de corte fascista en el Estado y la sociedad.
Lo cito a continuación:
Ojo con el referendo
Desde 1991, se ha intentado en vano reformar el sistema de administración de justicia en innumerables ocasiones. Una y otra vez se han atravesado las altas cortes. Incluso la Constitucional ha sostenido que algunas de esas propuestas afectarían pilares estructurales de la Carta y que no pueden ser objeto de reformas a través del Congreso. Para la Corte esas reformas solo pueden hacerse a través de una asamblea constituyente o de un referendo.
Una constituyente solo agravaría la incertidumbre y ahondaría la crisis económica actual. De manera que el único camino para hacer una reforma profunda a la justicia es un referendo. Tiene la ventaja de que sus temas se limitan específicamente a los que se preguntan.
Ese referendo debe centrarse en aquellos aspectos a los que la Constitucional se opondría: disminuir los altos tribunales, crear un mecanismo de juzgamiento de los magistrados, eliminar la posibilidad de que los actuales jueces escojan sus reemplazos y acabar la JEP, ese engendro creado para dejar en impunidad los crímenes internacionales de las Farc.
El presidente Uribe, en su manifiesto del 10 de octubre, ratifica la necesidad de ese referendo para reformar la justicia. Y agrega otros temas: "que disminuya el Congreso y la burocracia, garantice ingreso solidario a los más pobres, y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor”.
Disminuir el tamaño del parlamento es un mensaje sano en estos tiempos de austeridad. Reconozco que, sin embargo, esta propuesta puede restarle apoyos al referendo en su paso en el Congreso. En todo caso es indispensable cerrar la puerta para que los responsables de crímenes internacionales tengan curules gratis. Si las Farc quieren participar, que lo hagan ganándose los espacios con votos, como cualquier otro.
También es clave congelar el salario de los altos funcionarios. Hoy ganan 37 veces más que uno que recibe el mínimo. Se puede pensar en el límite de cotización para pensiones, de 25 salarios mínimos.
Hay que dar alivio a los sectores vulnerables. Definir con precisión los mecanismos para conseguirlo y asegurar que sean sostenibles, que no ahonden la crisis fiscal y que contengan herramientas que determinen la contribución de los beneficiarios. La ayuda gratuita solo amarra a la pobreza. La única excepción está en quienes por edad o por incapacidad simplemente no pueden aportar. Un subsidio a quienes no alcanzan pensión estaría en esa línea.
El referendo debe atacar a fondo la plaga del narcotráfico. Definir de una vez por todas la posición de la mayoría sobre consumo y poner un límite al activismo judicial en la materia. Y eliminar los incentivos perversos al narcotráfico que se pactaron con las Farc. Si no lo hacemos, seguiremos girando en una interminable espiral de violencia.
Finalmente, creo que debe pensarse en aprovechar el referendo para recuperar el triunfo del No en el plebiscito, al que la Constitucional le hizo conejo. Polémico, lo se, pero permitiría cerrar ese capítulo de manera definitiva. Si los defensores del sí están seguros de la bondad de lo que acordaron, "el mejor acuerdo posible” según ellos, no deberían temer que se consulte de nuevo a los ciudadanos.
La experiencia del referendo del 2003, en el cual participé activamente como viceministro de Justicia, muestra las dificultades del mecanismo. Por un lado, muchas preguntas pueden confundir al elector. El referendo debe ser corto, con preguntas concretas y simples, una por cada tema. Por el otro, el gran reto es superar el umbral. La apuesta de quienes se opusieron entonces fue la abstención. De hecho, todas las preguntas superaron el 90% de votos por el sí, pero solo la primera superó el umbral. Para movilizar a la ciudadanía es indispensable que los asuntos que se planteen sean muy atractivos.
El referendo es el camino para destrabar la falta de consenso político e institucional sobre temas, como los señalados arriba, cuya resolución es definitiva para el país. Cuente conmigo, presidente Uribe, para acompañarlo en esta batalla, crucial para el futuro: hasta el final por la defensa de la libertad y la democracia.
Los ejes de este golpe, disfrazado con ganchos populistas como los subsidios de miseria que reparte el actual gobierno, serían la destrucción definitiva de los acuerdos de paz, diezmados por el actual gobierno; la eliminación de la JEP, como instrumento de justicia transicional para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y la anulación de las cortes constitucionales para crear un solo Tribunal que se encargue de absolver a Uribe de todas las acusaciones que cursan en varios órganos del sistema judicial, que lo comprometen con graves delitos contra los derechos humanos.
Lo grave de esta ruta es que ya estaría en curso y así lo confirmaría la masacre del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, las recientes masacres en Sucre, el bloqueo a la moción de censura contra Holmes Trujillo en el Senado, los recortes presupuestales a la JEP, el trato racista de Duque a la minga indígena y la reglamentación policial de la protesta ciudadana.
Todo esto camina ya para impedir la segura derrota de la ultraderecha en el 2022.
Contemplando, además, el uso sorpresivo de la conmoción interior para anticipar la remodelación del régimen político en los términos de una sistema autoritario que prescinda del legislativo, destruya cualquier manifestación de la oposición política y elimine violentamente la movilización masiva de la sociedad mediante el asesinato y encarcelamiento de sus líderes
El punto clave de toda esta oscura movida es la respuesta del campo democrático y progresista.
Acá no hay más opción que la unidad, la resistencia y la acción multitudinaria de todos los sectores, movimientos y partidos políticos afines con los derechos civiles, las libertades democráticas, la ética pública y las demandas de justicia y equidad social.
La multitud se ha reactivado, aún en medio de las restricciones generadas por la pandemia, protagonizando importantes eventos como la Minga indígena, el paro de los educadores y las protestas contra la brutalidad policial. El próximo 21 de noviembre se cumple un año de las gigantescas acciones del año anterior, y la presencia ciudadana se dará con mucha fuerza y entusiasmo, mostrando que los colombianos no cederán en su lucha por la democracia, la vida, la paz y la justicia social.
Este nuevo auge de la movilización social deberá desarrollarse eludiendo la provocación, de manera organizada, serena y clara en sus objetivos como lo acaba de mostrar la minga de las comunidades indígenas.
Ese camino es el que acaban de validar y confirmar los triunfos populares en Bolivia y Chile.
Esos dos ejemplos hay que recogerlos y convertirlos en guías para la acción inmediata en la perspectiva de las movilizaciones que se realizarán en los meses finales del 2020 y los del año que llega.
Hay que notificarle a Uribe que no la tiene fácil, y que su siniestro propósito será denunciado y desenmascarado ante el país y el mundo.
