No deberíamos hacernos ilusiones: la China, que constituye la raíz de esta crisis global, es un peligro para todo el mundo. La diseminación en el planeta del virus mortal del COVID-19 ES un hecho internacionalmente ilícito de carácter continuo, según el derecho internacional y las disposiciones de la justicia internacional en materia de crímenes contra la humanidad (jurisdicción universal). La humanidad entera ha sido víctima de un acto de agresión sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto por sus derechos humanos.
Ningún país en el que impera el Estado de derecho puede admitir que se cometan actos de ese tipo que son punibles por las más altas normas internacionales de justicia penal. El mundo en desarrollo corre peligro de pagar un pesado tributo debido a la situación de crisis originada por la pandemia del COVID-19. Es inaceptable que los gobiernos, como responsables y garantes de proteger a los habitantes de graves violaciones de los derechos humanos, se mantengan al margen y no hagan nada mientras tiene lugar esta violación manifiesta del derecho internacional y las disposiciones de la justicia internacional en materia de crímenes contra la humanidad (jurisdicción universal) y el concepto global de seguridad colectiva de todos los pueblos (que reconoce que también en el ámbito jurídico de los derechos humanos las epidemias mortales de infección grave son una de las peores amenazas para la paz y la seguridad internacionales).
Los gobiernos están escondiendo la cabeza como el avestruz frente los tremendos errores y contradicciones de las autoridades chinas en relación con los detalles del incidente y el origen de la pandemia que afecta las vidas cotidianas de miles de millones de personas, que no es otra cosa que la destrucción del ser humano. Me parece absolutamente contrario a las exigencias éticas actuales de una humanidad que está sufriendo la desgracia en este momento, debido al COVID-19, de hambre, indignidades y abandono. El contraste es escandaloso. También me ha decepcionado que las Naciones Unidas no dedicasen ni una palabra de condena, ni siquiera moderada, de este crimen contra la humanidad, ni a las infracciones ni imponer remedios y sanciones.
China tampoco se atreve a dar ninguna clarificación sobre la cuestión, sino que de hecho ha creado más confusión. En esa materia es ambigua y contradictoria, cubre o compromete la verdad. Nuestros conciudadanos saben, ya que no se miente impunemente al pueblo, que la crisis es grave. Los líderes comunistas de Beijing abusan de sus poderes y violan sus constituciones impunemente mientras puedan tapar los ojos de la comunidad internacional. Así pues, no se puede permitir que China siga realizando impunemente esas graves violaciones, razón por la que la comunidad internacional debe adoptar una posición más firme, ya que la neutralidad no procede cuando hay que luchar contra la ilegalidad, la opresión y la injusticia a los pueblos.
El régimen de Beijing, que ha proclamado a los cuatro vientos su adhesión a los valores del capitalismo, se sitúa con tales actos al margen de la civilización, al ultrajar de manera brutal y cínica al heroísmo de su propio pueblo y toda la humanidad. Pedimos a China que reconozca la propia culpa, y con razón; sin embargo, permanecemos en silencio mientras China se ha burlado abiertamente de todas las leyes, normas y valores internacionales y de índole humanitaria, de los derechos humanos y del Cuarto Convenio de Ginebra. Por lo tanto, pienso que deberíamos plantear esta cuestión con la máxima sensibilidad. Cuando los Estados son responsables de ilícito internacional, es imperativo imponer sanciones internacionales firmes, que sirvieran de medidas disuasorias eficaces, y emprender medidas políticas, no sólo a escala regional, sino también a escala internacional, y especialmente en las Naciones Unidas.
El propósito de las sanciones es modificar la conducta del Estado, parte, persona o entidad que amenace la paz y la seguridad internacionales. Tal procesamiento brinda una importante oportunidad para la justicia penal internacional que, por una parte, demuestra que los crímenes contra la humanidad no quedarán impunes y, por la otra, para comprender la verdad de lo sucedido. Por lo tanto, si queremos representar el papel que nos corresponde en el mundo tenemos la obligación de buscar la verdad y se lo debemos a las víctimas, así como de hacer rendir cuentas y enjuiciar a quienes hayan participado en tan atroz delito, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal internacional del infractor, cuando correspondiera. La campaña mundial de boicot, desinversión y sanciones a China es ahora un imperativo moral y político, y hay que apoyarlo y fortalecerlo en todas partes.
Necesitamos normas internacionales tan firmes en este ámbito como sea posible. Dejando de lado consideraciones morales, por lo menos existen tres razones por las que deberíamos hacerlo. La primera de ellas es la dignidad humana, el bien común y los derechos humanos. La segunda es la condena internacional, ya que la prevención más eficaz y más sensata es protegerse dentro de sus propias fronteras. La tercera es golpear a los responsables donde más les duele, es decir, en su bolsillo; prever una gama de sanciones y económicas financieras con respecto a China, como la congelación de fondos, en el contexto de la lucha contra el terrorismo internacional, pero también contra las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones o entes no estatales, y de otro tipo como las sanciones comerciales, la prohibición de vuelos, las restricciones de acceso, las sanciones diplomáticas, el boicoteo de espectáculos deportivos y culturales y la suspensión de la cooperación de que se trate.
Debemos pensar en ello, por muy controvertido que políticamente sea. Dado que los chinos actúan para ganar dinero, si se les quitan sus propiedades se ofenden mucho. Es la forma de atacarles con la máxima contundencia. Si somos conscientes de una violación de esta naturaleza, debemos cuestionarla desde el punto de vista político. La China debería hacerse cargo de las medidas de reparación, ya sea en forma de restauración, cuando ello sea técnicamente viable, o de indemnización como medida de último recurso debido a un perjuicio directo sufrido por las víctimas de la pandemia como resultado de un hecho internacionalmente ilícito y se implementen medidas de no repetición. Pero si no se obliga a China a que rinda cuenta por sus actos, seguirá actuando con toda impunidad.
No se trata de una intervención o injerencia caprichosa en los asuntos políticos nacionales de un Estado soberano. Es una mesura ponderada frente a la necesidad de hacer prevalecer la justicia, indispensable para promover la paz y la seguridad. No puede haber paz ni estabilidad sin justicia. Entre las muchas intervenciones que se han hecho, alguien ha afirmado que no tenemos una estrategia para tratar con China. Pero China tiene una estrategia para tratar con nosotros. Muchas personas aún no han entendido cuán decidido es Beijing para convertirse en una superpotencia global, señala el experto en seguridad británico Edward Lucas en BNS. La conducta de China en la crisis del coronavirus es una prueba más de que no se puede confiar en Beijing, concluye The Daily Telegraph.
El gobierno chino debería atender el llamamiento de la comunidad internacional, acatar la carta de las Naciones Unidas y respetar la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los países miembros contribuyendo así a crear las condiciones necesarias para lograr una solución justa y viable. No puede eludir su evidente responsabilidad de jure y de facto con respecto a una de las peores pandemias de morbilidad y mortalidad del siglo XXI, el COVID-19, y no debería interpretar de manera selectiva el derecho internacional, las garantías del Estado de derecho, las obligaciones derivadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Amén.
Nota. La Asociación Mundial de Víctimas del COVID-19 (AMVC) se creó para reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades, actos u omisiones, imputables a los Estados o a terceros y que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y crear las condiciones necesarias para que puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones derivadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional y la importancia crucial del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, especialmente la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos. Respaldamos la creación de un Tribunal Especial o la creación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, compuesto por juristas, académicos y abogados, para investigar los hechos y violaciones de los derechos humanos ocurridos y disuadir a quienes tengan la intención de socavar nuestra libertad y nuestra soberanía.
