Superado el periodo electoral y depositado el voto, viene una de las tareas más importantes para el fortalecimiento de la democracia: el control político a la gestión de los más de 1.100 alcaldes electos en el país y las 32 gobernaciones. Esta tarea tiene como actores relevantes a los concejales y diputados que elegimos (esa es una de las funciones por las que les pagamos) y por supuesto a la ciudadanía en general que, con sus diferentes procesos organizativos como veedurías, juntas de acción comunal, asambleas, etc., puede ejercer un papel determinante en la construcción del territorio.
Si queremos fortalecer la democracia participativa y construir mejores municipios para habitar, debemos trascender del voto al control ciudadano, a la denuncia y la exigencia. Pero ¿dónde poner los ojos?:
- Plan de Desarrollo: es la hoja de ruta donde estarán las principales apuestas estratégicas del plan de gobierno y debe incluir la participación ciudadana, donde es fundamental que se demanden indicadores claros de seguimiento a las metas proyectadas y rutas claras para la defensa y fortalecimiento del patrimonio público.
- Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial: recoge los criterios de organización del territorio. Debe estar actualizado y contar con un expediente municipal que incluye un tablero de control para conocer el porcentaje de ejecución. Son relevantes en este ejercicio conocer las intenciones que subyacen a cambios de usos de suelos, ya que es aquí donde se practican “volteos de tierras” que cambian usos de rural a urbano o expansión para el pago de favores políticos ya que el valor de la tierra aumenta de manera superlativa al cambiar el uso al que se destina. Es también importante poner el ojo en los instrumentos de financiación del desarrollo urbano tales como impuesto predial, participación en plusvalía, contribución por valorización entre otros que pueden convertirse en una oportunidad para el municipio o en una nueva carga impositiva sin ninguna retribución para los habitantes de la ciudad.
Además de estos elementos de planeación, las administraciones municipales deben garantizar el seguimiento a los temas de medioambiente, gestión fiscal territorial, defensa jurídica y seguridad, convivencia y justicia, entre otros.
Organizarse es un derecho y deber ciudadano que podemos ejercer valiéndonos de las herramientas establecidas en la Constitución y la Ley. Desde el Derecho de Petición, pasando por la tutela, los debates de control político y por supuesto, la movilización, hacen parte del repertorio con el que cuenta la ciudadanía para que esos que viven de nuestros impuestos cumplan con el deber para el cual fueron electos. Que no nos roben en nuestra cara burlándose de nuestros anhelos de tener territorios gratos de habitar es también nuestra responsabilidad.
