Bogotá por estos días vive un enrarecido ambiente: protestas masivas ante recortes de derechos sociales fundamentales, por un lado, y un proceso revocatorio en curso, por el otro. Uno de los temas transversales de la discusión gira en torno a la disyuntiva entre densificación urbana y un proceso de extensión territorial desconcentrado. La segunda opción es la que el alcalde Enrique Peñalosa impulsa desde el palacio Liévano.
Agrupar la oferta futura de vivienda en la periferia, y en municipios aledaños como Mosquera, Tocancipá, Funza y Facatativá, hace parte de un plan urbanístico que satisface los intereses económicos de múltiples constructoras que, paradójicamente, financiaron la campaña de Peñalosa, entre ellas Luque Ospina, Amarillo, y la Organización Mazuera, por mencionar algunas.
El “florero de Llorente”, entre modelo de ciudad concentrado y desconcentrado, son los proyectos urbanísticos que la administración distrital intenta sacar adelante en el nororiente de la ciudad. Denominados Ciudad Paz Norte y Lagos de Torca, estos albergarían cerca de 1.5 millones de nuevos habitantes en una superficie de 6.000 hectáreas.
Para la ciudad-región, y en especial para Cundinamarca y Boyacá, esto significaría prolongar el área metropolitana de Bogotá hasta la mismísima Tunja, ciudad que en la actualidad experimenta un boom inmobiliario sin precedentes. Dicha extensión tendría como nodo al municipio de Tocancipá, el cual ha absorbido parte de las industrias que se han ido de la capital gracias a sus ventajas tributarias.
Este proceso implicaría para Tocancipá y Tunja problemas no experimentados en la actualidad: inseguridad, decrecimiento de la calidad de vida, contaminación del aire y una urbanización desregulada que desbordaría su ordenamiento territorial. La ejecución de Ciudad Paz Norte convertiría a ambas en lo que actualmente son Chía y Soacha: municipios anexos a la dinámica voraz de Bogotá.
