En los últimos cuatro años, la Alcaldía de Bogotá lideró grandes procesos en defensa de lo público. Ahora, el nuevo alcalde adelanta enormes campañas de privatización que tienen descontenta a una buena parte de la opinión pública.
Menos de un año le ha tomado a Enrique Peñalosa cambiar el rostro de la ciudad. Para bien o para mal, los habitantes de la capital hemos comprendido que las cosas cambiaron de rumbo y que nos encontramos frente a políticas radicalmente distintas, en comparación con las propuestas de Gustavo Petro. Uno de los aspectos más diferentes de las dos alcaldías tiene que ver con la posición de ambas frente a los bienes que son propiedad del Distrito: mientras que el anterior alcalde le arrebató a los privados el monopolio de ciertos servicios --fortaleciendo de paso la estructura, la financiación y la competitividad de las empresas públicas de la ciudad-- el nuevo burgomaestre quiere tomar esas mismas empresas, ahora fortalecidas, y entregárselas de nuevo a las manos de los privados.
Algunos ejemplos concretos pueden dar una idea clara del enorme tamaño de este contraste. En el caso de ETB, la alcaldía de Petro invirtió más de 2 billones en la modernización de la empresa; aumentó en un 25% el patrimonio de la misma; redujo los pasivos -es decir las deudas- en casi un 30% y, finalmente, logró obtener ganancias anuales superiores a los 350.000 millones de pesos -lo que representa un aumento del 140% en las mismas-. A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) el Distrito le invirtió durante la anterior alcaldía 1.2 billones de pesos; logró el cobro de 26.000 millones de pesos que debía a Uaesp, y lo más importante, a través de la filial Aguas Bogotá, logró incursionar en el negocio de la recolección de basuras que hasta ese entonces era monopolio de los privados. En cuanto a movilidad, Petro renegoció los contratos de Transmilenio de las fases I y II, lo que significó que el Distrito tuvo una mayor participación en las ganancias del sistema, alrededor de unos 76.000 millones de pesos de más al año. A lo anterior hay que sumarle los 4.1 billones que obtuvo la capital para la construcción del Metro.
Sin embargo, Peñalosa piensa de forma muy distinta. Para él la solución no es invertir en las empresas de la ciudad: lo que hay es que venderlas. En este sentido ya logró la autorización del Consejo para vender ETB, y, además, afirmó que lo mejor para Bogotá sería liquidar Aguas Bogotá y devolverle el negocio de las basuras a los privados. A su vez, el alcalde cambió los planes del Metro, privilegiando de paso los proyectos relacionados con Transmilenio, -empresa con la cual el nuevo alcalde parece tener conflictos de intereses- y, según se supo las últimas semanas, dentro de sus planes se encuentra entregarle a los operadores particulares el servicio de urgencias de los hospitales de Bogotá. La polémica por estas decisiones ha sido enorme, casi tan grande como las cifras de dinero que giran a su alrededor.
Sin embargo, lo que muchos no saben es que al alcalde le asisten varias razones para emprender su campaña privatizadora y esas razones son tanto técnicas como ideológicas. Hablando de estas últimas, el hecho es que Peñalosa con o sin doctorado ha escrito dos libros, ambos sobre el tema del capitalismo. En ellos expone, entre otras cosas, la forma en que la privatización de las empresas aumenta la rentabilidad, la eficiencia y la competitividad de las mismas, lo que a la larga redunda en una mejor prestación de los servicios y también la manera en que la prestación directa de los servicios públicos por parte del Estado genera formas antidemocráticas de asistencialismo y discriminación. Muchas de esas ideas se encuentran sustentadas en sus libros con datos y estadísticas. Hoy en día, las cifras de Venezuela con respecto a la producción del petróleo podrían ser un buen ejemplo de los vacíos que Peñalosa ve en el funcionamiento mismo de las empresas públicas. Por algo será que uno de sus libros se llama El capitalismo: la mejor opción.
Las razones técnicas también le ayudan al alcalde en su decisión de privatizar. La situación de la ETB y de Aguas Bogotá resulta reveladora en este sentido. Es cierto que el valor de la compañía de teléfonos aumentó gracias a las inversiones en redes de fibra óptica que realizó la anterior administración. Sin embargo, es igualmente cierto que esas inversiones quedaron hechas a medias y que, para completarlas, se necesitan otros dos billones de pesos que la empresa no tiene la capacidad de conseguir, al menos en el corto plazo. Por ello, conservar la ETB no resulta rentable, ya que para cuando se consiga la financiación de los proyectos que quedaron iniciados, las redes que ya se instalaron van a estar dañadas. Lo que se necesita es venderla para capitalizar la inversión que se realizó mientras esta tiene todavía buen valor, es decir, mientras esas redes están en buen estado.
Con Aguas Bogotá sucede algo parecido: la empresa necesita importantes recursos para superar sus problemas de liquidez. Sin embargo, por impedimentos de orden legal, esta no puede solicitar cupos de endeudamiento a largo plazo, lo que la coloca en una posición difícil en términos de viabilidad financiera. Finalmente, el Plan de Desarrollo de Bogotá --propuesto por el actual alcalde-- requiere que se consigan 30 billones de pesos para financiar algunos de los proyectos más importantes de la ciudad y la venta de los activos del distrito parece ser la manera más segura de conseguir ese dinero.
No se trata de defender las políticas del actual alcalde. El punto es más bien que no se puede criticar las políticas de Peñalosa sin antes conocer las razones ideológicas y técnicas que existen de fondo. Aunque le suene chocante a una ciudad que duró 12 años gobernada por alcaldes de izquierda, la privatización puede ser una buena opción para la ciudad.
