La posibilidad de Trump presidente ha tenido tres etapas de comentarios.
La primera de sorpresa ante lo inverosímil que parecía que un expresidente que había sido rechazado en su intento de reelección -más con los cuestionamientos que habían llevado a eso (dos impeachments y varias acusaciones penales)- aspirara a volver a ser candidato.
Una segunda cuando apareció como viable y en algunas primeras encuestas encabezando la preferencia de voto.
La tercera al quedar prácticamente definido que ganará la candidatura por el Partido Republicano, y, en las encuestas, con ventaja sobre Biden, el seguro candidato demócrata.
A lo largo de estas etapas los analistas se han consagrado a estudiar lo que representaría su éxito y lo que supondría una segunda presidencia suya; lo que significaría el imponer desde el primer cargo de la Nación los valores y actitudes que ha mostrado como individuo: su machismo, su racismo, su prepotencia, su xenofobia, etc.
Y lo que implicaría políticamente esto. El aislamiento internacional, el abandono de varios de los elementos de la esencia de la Democracia Americana como el respeto por los pronunciamientos legales, el reconocimiento de los resultados electorales, etc.
En ambos, tanto personales como institucionales, Trump ha sido desafiante igual en el comportamiento que en las declaraciones.
Los casos por abuso sexual con Jean Carroll, Jessica Leeds, ‘Stormi’ Daniels, Summer Zervos, Nill Harth, y de por lo menos 25 denuncias más, son continuidad de aquellas declaraciones según las cuales él podía meterle la mano donde quisiera a cualquier mujer; y que igualmente no le pasaría nada si le pegara un tiro a alguien en la Quinta Avenida.
Los procesos por los otros eventuales delitos cometidos han copado el interés y las exposiciones de los expertos, invitados por ser prácticamente sin antecedentes en un contexto de naturaleza más jurisprudencial que normativa.
Cada uno de estos procesos puede (y para muchos, debería) terminar en sentencias máximas o ejemplarizantes, dado el marco legal en el que se estudian: insurrección, porque su razón de ser fue impedir que después de lograr la Unión Americana como resultado de la Guerra Civil nadie pudiera atentar contra ella; la de apoderarse de documentos de carácter secreto porque se juzga bajo las normas para prevenir el espionaje asociado a la traición a la patria; la que se conoce en Georgia porque, aunque es a nivel estatal y no federal, es el atentado para subvertir el orden superior desde la cabeza del poder; y el fraude fiscal fue el que llevó a Al Capone, sinónimo del gangsterismo a la cárcel.
En total, como además con sus anexos las ‘felonías’ de las cuales está acusado son en total 95 y cada una ameritaría por lo menos un año de cárcel, el Señor Trump podría (o debería) ser encarcelado de por vida.
Pero se asume que esto no pasará, y que el cómo esto no se cumple depende de si gana o no la presidencia.
Si gana se ha aceptado que puede ser presidente (aún si fuera desde la cárcel), que podría ser la casa por cárcel (por casa la Casa Blanca) y que podría declararse él mismo el indulto.
Se consolidaría lo que ha sido su objetivo de acabar con el sistema tal cual existe hoy: la violación de la ley, el no acatamiento a los fallos judiciales
En lo que poco se ha profundizado es en lo que sucedería en el caso de que no gane.
Los seguidores o fanáticos del culto a Trump o a su Maga (con su característica de supremacía racista) se radicalizarían aún más, abriendo la posibilidad incluso de una verdadera guerra civil o en todo caso el de una guerra fría civil. Su estrategia de campaña coincide con su estrategia ‘jurídica’ para salir impune. Nadie se imagina a un expresidente de los Estados Unidos detrás de unos barrotes de por vida. Su imagen de ‘víctima política’ sería confirmada. El indulto por parte del presidente elegido sería casi inevitable (aunque no es claro si puede otorgarlo en cualquier momento o solo al terminar cada año).
Pero, sea como sea, así se consolidaría lo que ha sido su objetivo de acabar con el sistema tal cual existe hoy: la violación de la ley, el no acatamiento a los fallos judiciales, el irrespeto a las autoridades y a los funcionarios de la Administración de Justicia, y el desconocimiento de los resultados de las elecciones serían facultades que tendrían los expresidentes (y de paso, por qué no, cualquier ciudadano), y quedaría el peligro de sentar esto como precedente.
