El pueblo supervisa a los líderes políticos, pero una sociedad pobre puede fácilmente ser comprada por los líderes políticos y no puede reclamar responsabilidad política ni ejercer su derecho a destituir los líderes electos o a no reelegirlo.
Queridos electores, no queremos sobresaltos el día de mañana en la elección del presidente y el vicepresidente para 2022 y en las elecciones congresionales, como ha ocurrido en el pasado, de bellas promesas, que se han quedado en nada, de congresistas que una vez elegidos sistemáticamente incumplen sus compromisos y, para mí, ése constituye un motivo para realizar de nuevo un llamamiento urgente a todos.
Queremos garantías expresas de que nuestros votos no caerán en manos equivocadas y de que los candidatos respetarán y protegerán plenamente las promesas electorales solemnes, mantendrán debidamente informados a los electores pero siempre sobre la base de una filosofía de control apropiado, serio y continuo.
Los electores quieren garantías de que las personas que ocupan el poder tienen voluntad política y que cumplirán sus propios manifiestos civiles y promesas de campaña que generan expectativas legítimas y pueden razonablemente convertirse en la base con la cual monitorear al candidato una vez que está en el poder.
Como todos sabemos que el incumplimiento de las promesas electorales, el funcionamiento inadecuado del poder legislativo y la pérdida del equilibrio e independencia de la magistratura abonan la frustración y el desencanto por la democracia. No podemos jugar con la legitimidad democrática y la credibilidad de la política, estaríamos encaminados hacia la destrucción del Estado de Derecho.
La dignidad y la integridad de la Colombia está en juego, corremos el riesgo de perder por nuestra cuenta y riesgo. Por desgracia, la campaña electoral presidencial también está empezando a convertirse en una frase hecha, a pesar de que representa nuestro futuro común. Tenemos que hacer un diagnóstico exacto, una terapia exacta, un análisis de lo que ha pasado y definir el papel del próximo presidente de la República y honorables diputados y senadores, cuando votemos, que garanticen la legitimidad y la fortaleza de las instituciones en la lucha contra el fraude, el despilfarro y la mala administración.
Ahora es el momento de que los ciudadanos nos miremos a nosotros mismos, tengamos una idea más clara especialmente en cuanto a qué sería más conveniente hacer ahora, evitando la esquizofrenia emocional y acordando un contrato público de cuatro años de duración entre los ciudadanos y los candidatos en el que se comprometerán a trabajar para servir al pueblo, y sólo a él, que aplicar en el futuro.
Esto implicará la mejora y la identificación de las buenas prácticas, la transparencia de la supervisión y la información acerca de la evolución de los programas electorales dirigidos a los ciudadanos, así como la gestión proactiva de las políticas de contención de gastos, en particular abordando la ingeniería del valor, racionalizando la asignación de las obligaciones de contratación, acordando normas y explotando economías de escala.
Tenemos que llegar a un acuerdo porque de otro modo no tendremos nada a lo que agarrarnos. Colombia necesita un gran contrato moral con la juventud y con las generaciones futuras por el que se regirán los derechos y las obligaciones de las partes.
En primer lugar, ¿por qué suscribir un contrato con los electores? Porque hay un montón de promesas electorales, hechas en candidaturas anteriores, que presidente y congresistas no han tenido en cuenta.
En segundo lugar, porque, desde que elegimos el presidente anterior y los congresistas, han surgido factores nuevos: el fracaso relativo de los acuerdos de Paz, una serie de asuntos en materia de derechos humanos, el clima de miedo y el nivel de incertidumbre, unas nuevas perspectivas financieras, una referencia a la deuda pública, una pandemia, los problemas internos a los que se enfrenta Colombia que no se limitan a las amenazas para la seguridad, así como los fraudes, los escándalos, además del cáncer de la corrupción y la criminalidad, una criminalidad a menudo violenta, que están socavando el Estado y deberíamos hablar también de las consecuencias de la inmigración, de las consecuencias de las importaciones chinas, de una situación de déficit excesivo, de las cuestiones institucionales, tengan o no carácter constitucional.
En tercer lugar, porque el voto de los electores no es por un partido, sino por un individuo, lo que refuerza su capacidad de gobernar eficazmente. Tambien porque "el contrato con los electores" que confiera seguridad jurídica a todas las partes implicadas es una excelente idea.
Se necesita más ambición y más decisión para resolver las causas de la desigualdad, de la violencia y de la miseria. Hay que atender y hay que considerar las lecciones de la historia.
Es necesario educar a los electores para cambiar decididamente el rumbo, y luchar contra una política de trapicheos y engaños en detrimento de su propio pueblo, de la madeja de crímenes, genocidios, arrogancia y bajezas; nos ha dado bastantes dolores de cabeza en años anteriores.
A los ciudadanos contribuyentes nos les gusta la jerga política que usan los expertos y las bellas promesas. ¿Qué podemos hacer para que nuestras necesidades sean oídas? Y, ¿qué es lo que queremos que los candidatos oigan?
Hoy, como nunca antes, el pueblo soberano debe exigir cambios, exigir actos que vayan más allá de las medidas tibias del pasado. El derecho a exigir responsabilidad de sus gobiernos, y reclamar a los gobiernos a que resuelvan estas deudas. Los pueblos deben ser consultados con carácter previo principalmente mediante referéndum y presidente y gobierno deben comprometerse a respetar su respuesta, cualquiera que ésta sea.
Los pueblos deben exigir responsabilidad.
¿Qué se debate aquí? El objetivo es proteger al pueblo soberano. La gente tiene, pues, derecho a que se nos oiga ya, ser capaces de exigir responsabilidad política del presidente o del Gobierno y exigir responsabilidad a los legisladores que son titulares de un mandato electoral.
Los votantes deben ser capaces de comprobar cómo han votado, que vincule la justicia de los programas con la buena administración. Hacer realidad el derecho a que las personas que ocupan el poder cumplirán sus promesas electorales significa dotar a la gente del derecho a exigir responsabilidad de sus gobiernos, otorgarles poder, asegurando políticas no-discriminatorias, previendo mecanismos participativos y transparentes de desarrollo de políticas, en los cuales todas las voces sean escuchadas, creando un marco legal en el cual la gente tenga acceso a mecanismos de respuesta en casos de incumplimiento, y dando particular importancia a las necesidades de los más vulnerables, así como a la exigencia de responsabilidad de todos los causantes de los daños de forma efectiva.
No se debería permitir la impunidad y a las propias autoridades que no apliquen la ley se les debería exigir responsabilidad por los daños que ello origine. De esta forma, obtendremos garantías jurídicas y seremos capaces de combatir la impunidad. Por último, un mensaje a los políticos: respetar a alguien supone hablar con él a tiempo.
De no avanzarse en la clarificación del futuro contrato con los electores, se corre el riesgo de no poder asegurar una estabilidad social ni garantizar las inversiones en el territorio y contribuir a la creación de una sociedad democrática y próspera en la que todas las comunidades aprendan a convivir en paz y seguridad, puesto que es la única manera de que
Colombia se convierta en una sociedad estable y próspera que se acoja a los valores y normas comúnmente aceptados en la comunidad internacional. Esta iniciativa nos permitiría desempeñar un papel preventivo y evitar que de nuevo reaccionemos cuando es demasiado tarde.
En cuanto a las cláusulas contractuales descritas anteriormente, se estudiará su aplicación con la mayor atención. Se ha propuesto presentar un acuerdo general que cubra todos los aspectos, que están a libre disposición de las partes, es, en cualquier caso, la libertad de las partes de configurar su contrato la que prevalece.
Nota
El Contrato con los electores que fue utilizado en Italia en 2001 por Silvio Berlusconi se inspira en el Contrato con América que fue el manifiesto electoral de los republicanos durante las elecciones parlamentarias estadounidenses de 1994. En ese caso, el contrato estipulaba que, de ser elegidos, los republicanos habrían tenido que llevar a cabo una gran cantidad de reformas en los primeros 100 días de su mandato. La estrategia funcionó, haciendo ganar a los republicanos el Congreso.
