Las encuestas políticas han perdido credibilidad en la gente porque han demostrado ser imprecisas. Pronostican un posible resultado y se produce otro diferente. Así ocurrió con el plebiscito para la paz, por ejemplo. Es claro que no pueden dar absoluta certeza sobre lo que ocurrirá, pero por lo menos se espera que arrojen información más o menos precisa, que la diferencia entre lo pronosticado y lo ocurrido sea leve.
Parte de la incredulidad de la gente en las encuestas se debe a que a menudo son manipuladas por los mismos candidatos para beneficiarse, por lo que hoy nadie les otorga demasiado valor. Sin embargo, para mucha gente ha resultado significativo que en todas las últimas encuestas de mediano reconocimiento que se han realizado después de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, haya tenido un repunte tan grande en comparación a encuestas pasadas, y que le ha permitido ubicarse en primer lugar con amplia diferencia sobre sus candidatos. Es tan significativo el progreso que muchos se han aventurado a decidir que es el seguro futuro presidente.
Considerando por un momento ese hipotético escenario, más allá de los reparos que puedan hacerse a las encuestas que lo vaticinan, hay que decir que si sale victorioso en las elecciones presidenciales le esperan al país cuatro años oscuros.
Primero, porque no será Duque el presidente. Ya todos sabemos quién será. Y para una democracia no es sano que se desarrollen personalismos alrededor del poder. Los regímenes democráticos tienen la característica de que las mayorías eligen sus gobernantes no por el sujeto en sí mismo sino por las ideas que representa. En contraposición a los regímenes despóticos, donde el acento se pone en el sujeto gobernante. Y es por eso que en la democracia participativa existen mecanismos para que el pueblo ejerza control sobre el ejercicio de sus gobernantes, si no corresponde con las ideas que prometió realizar. Y es por eso que existe en muchos países la prohibición de la reelección en ciertos cargos. Como en Colombia, por ejemplo, frente a la figura del presidente.
La razón de ser de la inversión de la fórmula por parte de la democracia está en esa máxima que dice que “el exceso de poder corrompe”. Si se permite que un sujeto alcance determinado nivel de poder, como es el caso del sujeto que todos sabemos, se da vía libre para que adquiera la capacidad de influir en todo hecho con relevancia social, según lo que resulte más conveniente a sus intereses. Y ese poder se extiende y se hace cada vez más grande, hasta llegar al punto que no hay decisión que pueda escaparse de su órbita.
Otra razón para pensar que se vienen años aciagos es lo relacionado con el proceso de paz. Ya lo ha anunciado Iván Duque, ya lo ha anunciado el Centro Democrático. Si llegan al poder renegociarán los acuerdos, lo que significa, en términos prácticos, que desconocerán los acuerdos.
Mucho nos ha costado lograr este acuerdo de paz. Hubo momentos de tensión, de incertidumbre. En ciertos días parecía que iba a fracasar. Pero finalmente logró sacarse adelante. Este acuerdo ha significado para la sociedad colombiana, y en especial para aquellas personas que han resultado más afectadas con el conflicto, campesinos, familiares de desplazados, la ilusión de dejar atrás años de violencia, de odios, y empezar a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. El mundo no ha dudado en aplaudirlo. De todos los sectores, de todas las disciplinas, han llegado elogios al proceso.
Por eso es que resulta tan trágico que el hipotético presidente de turno quiera desconocer de manera sistemática los acuerdos a los que llegaron las partes, por razones que parecen ser más de índole personal, entre su jefe y el actual presidente, que de otro tipo.
Como si fuera poco, en los últimos días se supo de la propuesta de Duque de crear una única corte. Algo que es muy coherente con lo que su jefe quiso hacer en los años en que fue presidente: desconocer las instituciones democráticas para que el régimen político se asemejara más a un despotismo, y de esa manera agigantar su poder. De ahí que hubiera eliminado la prohibición para la relección para poder mantenerse en el cargo. De ahí su enfrentamiento frontal con las altas cortes que generó una auténtica crisis institucional. Cuando escuché la propuesta, lo primero que pensé es que se trata de la venganza de su jefe hacia las altas cortes por la independencia que guardaron hacia su gobierno en los años que estuvo en el poder, en especial la Corte Constitucional.
Uno de los mayores aciertos de la Constitución Política de 1991 fue la creación de un órgano autóctono con la facultad exclusiva de proteger la supremacía de la Constitución. Esa independencia ha permitido mayor legitimidad de sus decisiones. En estos años de existencia, la Corte Constitucional mediante sus decisiones ha permitido la realización y el goce efectivo de los derechos constitucionales de muchas personas. Sectores de la sociedad colombiana que tradicionalmente habían sido relegados e injustamente discriminados se les ha reconocido derechos gracias a la labor realizada por la Corte.
En materia económica y de desarrollo social la preocupación no es menor. Se sabe que, en caso de resultar Duque elegido, el enfoque del Estado en este sentido será en torno a la eliminación de subsidios y en general de las políticas del Estado social. Se buscará paralelamente la creación de políticas que beneficien a las grandes empresas mediante la reducción de impuestos y un aumento no significativo del salario mínimo. Lo que no es malo en sí mismo, si esas medidas se tomaran en un país con bajos niveles de pobreza y desempleo. Pero en un país como el nuestro, que posee uno de los niveles de desigualdad más altos del mundo, con una tasa de desempleo que ocupa los primeros puestos en la región, esas políticas van en desmedro de los intereses de la mayoría de la población.
Es por eso que de resultar elegido Iván Duque como presidente le esperan al país cuatro años aciagos.