Una serie de encuestas (esas inciertas y necesarias fotografías del momento) vienen anticipando un hecho contrafáctico: los resultados de la segunda vuelta serán bastante reñidos; es más, algunos analistas se han aventurado a pronosticar que la diferencia entre el ganador y el derrotado estará mediada por 200 o 300.000 votos. Lo cierto es que la gran mayoría de encuestas y sondeos que se han venido publicando registran un inamovible empate técnico. Tan solo la más reciente medición de Yanhaas para RCN le otorgó a Petro una considerable diferencia de 10 puntos sobre Hernández.
Todo parece indicar que el resultado será cerrado y que la definición del próximo presidente pasará por la consolidación de las proyecciones electorales en algunas regiones y por la reducción del abstencionismo en otras. De forma ilustrativa, para el Pacto Histórico resultará indispensable crecer en la Costa (la región que marcó la mayor abstención en primera vuelta), consolidar el Pacífico y equilibrar la balanza en Antioquia. Para el candidato de La Liga de Gobernantes, su victoria podría pasar por sostener la votación alcanzada en el Centro-Oriente, crecer en Bogotá y arrasar en Antioquia.
Varios escenarios son posible: si Petro logra aumentar su votación en la costa, crece en Bogotá y evita que Hernández le saque una importante diferencia en Antioquia, podría ganar. Por el contrario, si Hernández no reduce su votación en los departamentos del Centro-Oriente, crece en Bogotá y marca una importante diferencia en Antioquia, podría ganar.
En medio de un panorama tan cerrado, han vuelto a emerger hipótesis relacionadas con un posible fraude o con un desconocimiento del resultado por parte del candidato perdedor. Y aunque el registrador Alexánder Vega se “redimió” tras su desastroso papel en las elecciones legislativas, las sombras de un fraude siguen rondando y se concentran en cuestionar la transparencia del software de la Registraduría y los célebres formatos E-14.
Sin embargo, la narrativa de fraude o desconocimiento de los resultados aparece diferenciada entre los candidatos. Petro no volvió a insistir en el “golpe de Estado” y en su discurso tras los resultados de la primera vuelta no cuestionó el papel de la Registraduría. En parte porque la derrota de Federico Gutiérrez desestimó una posible injerencia orquestada desde el gobierno. Además, el Pacto Histórico cuenta con un importante despliegue de testigos electorales y jurados de mesa, lo que le permite casi que en tiempo real detectar varias modalidades de fraude.
Por el lado de Rodolfo Hernández, el candidato de La Liga nunca ha cuestionado el papel de la Registraduría, ni en las elecciones legislativas —donde no presentó lista al Senado— o en la primera vuelta; no obstante, Hernández sí viene afirmando que, si la diferencia a su favor resulta siendo muy estrecha, cercana a los 100 o 200.000 votos, Petro no reconocería los resultados y sus seguidores podrían destruir “la poca infraestructura que tenemos”.
Al infundir ese temor (ajeno a cualquier pronunciamiento de Petro) el ingeniero espera alcanzar 15 millones de votos y así sacar una diferencia que no de lugar a reclamaciones.
La segunda vuelta más reñida en la historia del país fue la que enfrentó al conservador Andrés Pastrana (el heredero político del fraude electoral de 1970) y al liberal Horacio Serpa en las elecciones de 1998; aunque Serpa ganó en la primera vuelta alcanzando 3.647.007 votos, Pastrana se terminó imponiendo en la segunda con una diferencia de 456.234 apoyos (la más estrecha registrada hasta el momento). En la segunda vuelta de 2014 la diferencia entre Santos y Zuluaga fue de 922.341 votos; y en la de 2018 la diferencia entre Duque y Petro se fijó en 2.358.240 votos.
Los antecedentes regionales más cercanos han evidenciado que cuando los resultados son muy cerrados sobrevienen reclamaciones de fraude y desconocimiento del resultado por parte del candidato derrotado. Así se vivió en las elecciones federales de México de 2006 (en México no existe la segunda vuelta) tras una diferencia inferior a los 270.000 votos entre Felipe calderón y Andrés Manuel López Obrador; y en la segunda vuelta que midió a Keiko Fujimori y Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú en 2021 (con una diferencia de 120.000 votos a favor de Castillo)
A pesar de que tanto López Obrador como Keiko Fujimori, vale aclarar, en contextos muy diferentes, insistieron en que habían sido víctimas de fraude y hasta movilizaron a sus seguidores, el resultado oficial se terminó imponiendo y así primó la institucionalidad.
Si la segunda vuelta del próximo domingo también se dirime por miles de votos —como lo vienen anticipando la mayoría de firmas encuestadoras— y los testigos electorales, jurados de mesa e ingenieros de software de las respectivas campañas no evidencian indicios de fraude, es responsable esperar que sea cual sea el resultado, el candadito derrotado los reconozca, el ganador obre con humildad y así prevalezca la institucionalidad.
Otro camino solo conllevaría a la más absoluta incertidumbre.
