Lo que está ocurriendo en la frontera con el marco de la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que decretó el presidente Maduro en su estado de excepción, era de esperarse por la sencilla razón de que la ilegalidad de tantos compatriotas en una tierra ajena, atraídos por el contrabando de toda las especies, subsidios en educación, vivienda gratis y toda una serie de creación de hospitales totalmente gratuitos y especializados que dignifican la vida de venezolanos y civiles que, como los colombianos, se mantenían viviendo de una forma indebida, invadiendo terrenos y manteniendo la sombra, así fuera que estuvieran trabajando decentemente.
Todo país tiene derecho de hacer valer su programa de inmigración, claro está, sin arrebatarle los derechos que tienen los ciudadanos extranjeros y que deben ser prenda de garantía para realizar un proceso diplomático.
Pero tanto el gobierno de Colombia como el de Venezuela son responsables de una situación a la que siempre le hicieron guiño con la excusa de ser hermanos, sabiendo que los hermanos también se matan cuando el asunto es de tierra, propiedades y dinero mal habido; y eso es lo que se maneja en esa frontera contaminada, cuando no se ha tenido un protocolo serio de migración que certifique a ciudadanos de ambos lados moverse tranquilamente de un territorio a otro. Lo que pasa hoy es el resultado del mal manejo que siempre se le ha dado a la política exterior de parte del gobierno colombiano, y de parte de Venezuela el desespero de una cacería de brujas por blindar seguridad social y alimentaria de la cual los medios de comunicación de derecha repican para caer más en la desinformación. Igual caso puede ocurrir con la política migratoria en Ecuador y Chile donde un grueso número de compatriotas vive en la ilegalidad.
Sí es cierto que los colombianos entran como “Pedro por su casa” por el vecino país, que trabajaban y contrabandeaban libremente, que las bacrim manejan el negocio de la gasolina ilegal y que otros asuntos políticos eran aprovechados por oposición, tanto venezolana como colombiana, para pescar en río revuelto como hoy pretenden hacerlo con la zozobra que se vive en la frontera. La extrema derecha quiere sacar ganancia de pescadores de una situación donde se frotan las manos para querer presionar al gobierno del presidente Santos a dar respuestas fuertes y bélicas como las que acostumbra el senador Uribe que no conducen a solucionar nada, solo a empeorarlas. En el lenguaje de ellos y que replican muchos ciudadanos se crea la falsa idea de que echemos a venezolanos de la misma forma como ocurre en Gaza, que esto se vuelva un caos y que reine la confusión, que es donde siempre tienen ganancias los señores de la guerra.
Si hay colombianos en Venezuela es porque la situación no está tan mal como la pintan los medios de comunicación. Si allá hay colombianos es porque la cosa no está tan caótica porque si lo estuviera nuestros compatriotas ya hubieran emigrado por sus propios medios. El deterioro de la economía venezolana hace un año era evidente, el país tuvo el peor rendimiento de América Latina al alcanzar apenas un crecimiento de 0,7 por ciento, la inflación ascendió a 56 por ciento, el déficit fiscal a 11 por ciento del PIB (hecho atribuido no solo al aumento de los gastos sociales sino a una caída cercana al 4 por ciento en los precios del petróleo) y el desabastecimiento se calculó en cerca de un 30 por ciento. Sin embargo, el deterioro en los niveles de vida en Venezuela ha sido progresivo y todavía los sectores populares reciben beneficios del gobierno a través de sus políticas asistencialistas. ¿Y entonces si las cosas están tan mal por qué el presidente Maduro no cae? Por la sencilla razón como lo explica la profesora de Ciencias Políticas de la universidad Javeriana: “Los presidentes se caen cuando un amplio sector de la población siente que se tomaron medidas económicas de choque que afectaron su bolsillo”.
Temo que situación peor viven los indígenas wayuu en la alta Guajira, con la desnutrición de los niños, la falta de agua potable, etc. O con la corrupción en los Programas de Alimentación Escolar, la crisis hospitalaria generalizada y una serie más de males que, como colombianos, nuestros políticos no han sido capaces de solucionar para que el resto de ciudadanos estemos pendientes de otros asuntos como las tramas internas que ocurren en Venezuela y que son ellos los que tienen que ver cómo las resuelven; pero no, allá va el expresidente Pastrana que dejó el país en un caos, va el senador Uribe que no tiene ni la ética ni la moral para criticar las políticas de excepción de Maduro cuando en Colombia se aplicó una política extraoficial llamada “falsos positivos” en su gobierno. Lo que se debe aprovechar de esta confrontación es para exigirle diplomáticamente a Venezuela que aclare su posición de ser llamada una guarida de guerrilleros.
Lo de la frontera no se puede ignorar más cuando es un estado de excepción indefinido, cuando, según cifras oficiales, esta campaña ha dejado 1.185 detenidos, 176 trochas inhabilitadas y 19.000 toneladas de productos confiscadas en 72 horas de aplicación. Cuando el gobierno de Colombia alerta de las imágenes y videos que “personas malintencionadas” están circulando en las redes sociales de situaciones que se han presentado en otros países como si fueran hechos ocurridos en la frontera, buscando aumentar la tensión que ya se registra en la zona. Cuando opositores de ambos países se saborean con el gustoso platillo de la confrontación y cuando los únicos que pueden salir perdiendo como ya se ha hecho son ciudadanos de ambos países que no entienden mucho de política exterior y de protocolos diplomáticos, pero sí de subsistir dándose ambos las manos como lo que somos, seres humanos y no carne de cañón de unos políticos corruptos que quieren, desean y proyectan el caos en la frontera.
