A medida que pasan los meses, y el pueblo Colombiano se divide en opiniones respecto al proceso de paz con las FARC, surgen muchos interrogantes, tanto entre quienes se oponen al proceso, como entre quienes aun apoyándolo, desconocen los detalles de lo que se negocia en los diálogos.
Uno de los principales interrogantes que puede tener la sociedad colombiana, así como la institucionalidad del país, es cuál puede ser el papel de las fuerzas armadas en el cada vez más posible escenario del postconflicto, toda vez que sin la existencia de un conflicto armado interno, tendrá que ser replanteada toda su organización, por cuanto combatir en este ha sido su tarea principal durante los últimos sesenta años.
En mi opinión, el nuevo paradigma, en lugar de disminuir su protagonismo, permitirá que las fuerzas militares den un paso al frente, recuperando su finalidad primordial, consagrada en el artículo 217 de la Constitución Política como “… la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, así como defender la vida, honra y bienes de todas la personas, entendiendo que en las condiciones actuales no cumplen con estas funciones a cabalidad, por cuanto han sido forzadas a actuar como los bomberos, ejerciendo presencia estatal solo cuando se altera gravemente el orden público, pero sin vocación de permanencia en múltiples y vastas zonas del territorio nacional, que son dejadas a la merced de los grupos al margen de la ley.
Sin embargo, para la materialización de las funciones constitucionalmente otorgadas , debería considerarse la reestructuración en cuanto al pie de fuerza total, el cual debe ser disminuido y refinado, en primer lugar por el enorme costo operativo que implica para el presupuesto nacional el mantenimiento de más de quinientos mil efectivos, financiados con recursos del presupuesto de defensa que deberían ser utilizados para la actualización del equipamiento militar y los sistemas de defensa y preservación de la soberanía, herramientas fundamentales para asegurar la prevalencia del orden estatal en el interior y la presencia efectiva en todas las fronteras, herramientas que rayan en la obsolescencia desde hace muchos años.
En segundo lugar, deben depurarse en todos sus niveles, eliminando las prácticas sistemáticas violatorias de los derechos humanos, así como la corrupción rampante que se evidencia dentro de las F.F.A.A. y que ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos. Problemas que impiden su modernización y consolidación, además de minar su legitimidad frente a la sociedad civil.
Es un hecho irrebatible, que con el fin del conflicto, el cual no debe ser confundido con la paz, Colombia se encuentra frente a una oportunidad única para cambiar el curso de su historia y retomar las riendas de su destino, si bien es cierto que con el acuerdo al que se llegue, no se van a solucionar los grandes problemas y desafíos que tenemos como país, sí tomamos las decisiones correctas, este podrá ser un giro en la dirección correcta, en el camino de construir una sociedad mejor.
