En una columna anterior, que titulé “Justicia transicional: apuesta por la paz total”,
mencioné que la implementación de un proceso de justicia transicional en
Colombia implica la creación de mecanismos especiales que permitan investigar,
juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes graves, al tiempo que
se garantice la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las
víctimas.
Y es que son ellas quienes deben ser la prioridad y no la discusión actual del
gobierno, sin sentido por cierto, de con quién negocio o con quién no, a quién le
doy estatus político y a quién no, a quién someto y a quién no, mientras dejamos
de lado el centro del conflicto armado, las miles de personas que han sufrido la
violencia endémica y enquistada por años en nuestro país.
En Colombia, a lo largo de décadas, hemos padecido un conflicto armado que ha
dejado un profundo impacto en la sociedad. Durante este tiempo, las víctimas han
sido el centro de la tragedia, sufriendo pérdidas irreparables y enfrentando
múltiples formas de violencia. Es hora de que como sociedad, nos enfoquemos en
priorizar a estas víctimas, brindándoles la atención y el apoyo que tanto necesitan
para reconstruir sus vidas.
Las víctimas del conflicto en Colombia son diversas: campesinos desplazados,
comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por la violencia, líderes
sociales y defensores de los derechos humanos y muchas otras personas cuyas
vidas se han visto afectadas. ¡Cuánto dolor!
Para priorizar a estas víctimas, es fundamental crear mecanismos especiales que
permitan investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes
graves, al tiempo que se garantice la verdad, justicia, reparación y garantía de no
repetición para las víctimas y por supuesto, garantizar también los derechos de los
combatientes del conflicto armado, que también son seres humanos abocados a
enfrentar con las armas, las injusticias sociales y el abandono del estado.
Además, es necesario asegurar que las víctimas tengan acceso a servicios de
salud, educación y vivienda, así como oportunidades económicas que les permitan
reconstruir sus vidas y salir adelante.
Asimismo, es vital que se promueva la participación activa de las víctimas, de la
sociedad en general y de aquellas comunidad presentes en los territorios donde
más se siente la intensidad del conflicto, en los procesos de toma de decisiones y
reconstrucción de territorios que permitan la realización de una paz duradera
(ahora llamada por Petro Paz total, aunque haya dicho que no le gusta ese
nombre que, según él, fue puesto por los medios de comunicación). Sus voces y
perspectivas deben ser tenidas en cuenta, ya que son quienes mejor comprenden
las necesidades y los desafíos que enfrentan en su día a día.
La reconciliación también es una parte fundamental de este proceso. Es necesario
fomentar la construcción de lazos de confianza y respeto entre las víctimas y los
victimarios, buscando superar la violencia y promoviendo la convivencia pacífica.
La educación en valores de paz y tolerancia, así como la promoción del diálogo y
la resolución pacífica de conflictos, son herramientas esenciales en este camino
hacia la reconciliación.
Es importante que como sociedad nos comprometamos a no olvidar el sufrimiento
de las víctimas del conflicto en Colombia. Debemos recordar que detrás de cada
cifra hay historias de dolor, valentía y esperanza. Priorizar a las víctimas implica
no solo reparar el daño pasado, sino también trabajar para garantizar que nunca
más se repitan situaciones similares en nuestro país.
Nos estamos preocupando más por un marco jurídico que permita someter o
negociar con los actores del conflicto, cuando realmente estamos desplazando lo
que debe ser el centro de todo proceso o diálogo de paz, las víctimas.
