En los últimos años, la Universidad Incca de Colombia ha sido seriamente afectada por los malos manejos de su gobierno. En razón a esto han cambiado varias veces a los miembros de la administración. De hecho, recientemente, el Ministerio de Educación Nacional solicitó el reemplazo de su presidente titular y representante legal.
Sumado a lo anterior, existe gran indignación entre sus estudiantes, en especial con los que cursan el pregrado de derecho, a razón de que con la entrada de una nueva decana y una renovada rectoría se creía que vendrían nuevos aires. Sin embargo, recortaron la oportunidad de presentación de preparatorios, la docencia pareciera de mala calidad, las súplicas de los estudiantes poco y nada se escuchan y el sueño de grado cada vez se aleja.
Pero el punto álgido del asunto se ve acá: al recortar las oportunidades de presentación de preparatorios (que en voces de sus propios docentes se encuentran mal formulados), se abre la posibilidad de que con el paso del tiempo, sin haber terminado este requisito de grado, la universidad exija un semestre de actualización que tiene un valor de $4.000.000.
En ese orden, pareciera que los preparatorios y el semestre de actualización fueran caminando juntos de la mano, pero con fines malévolos, deteniendo a sus estudiantes a cumplir sus sueños y alargando el fin de una universidad con historia de más de medio siglo.
Y como si fuera poco, los llamados realizados al Ministerio de Educación Nacional nunca son escuchados pues con el principio de "autonomía universitaria" se está permitiendo que no solo se infrinjan los derechos de lo estudiantes sino que se pisotee su dignidad.
El llamado es para que el gobierno nacional realmente escuche a estos estudiantes, se sienten en una mesa de diálogo y busquen soluciones efectivas, pues no se puede amparar la corrupción bajo el precepto constitucional de "autonomía universitaria".
