La Asamblea General de las Naciones Unidas ha invitado a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre de cada año como el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico”. Es por esta razón que alrededor del mundo hubo este 18 de noviembre toda suerte de conmemoraciones, convocadas por las administraciones públicas, colectivos de víctimas y otras organizaciones para honrar póstumamente a todos aquellos que han perdido su vida como consecuencia de un mal llamado accidente de tránsito.
La técnica en materia de seguridad vial no se escapa de caer en tendencias y modas, que aún cuando pudieron ser efectivas en otras latitudes, bajo premisas diferentes a las de nuestra cultura, hacen de la gestión pública de esta importante categoría de gobierno solo un apéndice en sectores del Estado, en los cuales la prioridad se concentra en la infraestructura casi como único elemento marcador de progreso y bienestar.
Colombia se dejó llevar por la tendencia en 2013 creando una agencia especial para atender la gestión administrativa de la seguridad vial del país, la cual fue dotada de un Fondo Nacional, similar al que tienen los ganaderos o los cafeteros, que se engorda a diario con un nada despreciable participación del 3% del recaudo por la venta del Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito SOAT, y el 1,5% del producto de los organismos de apoyo como son las escuelas de conducción y centros de reconocimiento de conductores y automotores entre otros... como quien dice, lo que hay es plata. De hecho, el sector asegurador a primer trimestre de 2018 reportó en el informe sobre la senda de crecimiento del sistema financiero colombiano, prestado por la Superfinanciera, que el 21% de sus ingresos por primas en seguros generales corresponde a ventas de SOAT de un monto total en ese periodo de 8.3 billones de pesos.
Sin embargo, de una forma anacrónica la seguridad vial en Colombia ha asumido sus indicadores sobre la referencia única de la fatalidad vial, contando y sumando muertos a diario para evaluar si la gestión de los actores del Estado es o no eficaz, haciendo que los funcionarios públicos responsables en cada arista de la problemática tengan una muy ingrata tarea al llevar consigo la muerte como su indicador de éxito en su trabajo. La propuesta que hoy vale la pena hacer es considerar que el Estado continúe velando por conservar la vida en la vía con las herramientas propias al ejercicio de la autoridad y el control, pero además emprenda con total determinación la construcción de un ecosistema institucional en el cual importen tanto que dejan su vida en el asfalto, como también aquellos que logran sobrevivir a un siniestro vial y sus respectivas familias. No solo se trata de la competitividad que la fatalidad le quita a la economía de una nación, es el costo que la sociedad debe asumir por la ausencia de cada actor vial que, fallecido o lesionado permanentemente, disminuye la productividad general del país haciendo más profunda la tragedia.
En medio de la discusión crónica sobre el fraude del que es objeto el SOAT por cuenta de lesiones no viales, que tanto asegurados como muchas veces las instituciones prestadoras de servicios de salud le cobran a las aseguradoras disfrazándolas de accidentes de tránsito, es importante repensar la ecuación económica de la seguridad vial colombiana para que recursos del Fondo Nacional de Seguridad Vial lleguen a las familias de quienes sepultan a diario a sus seres queridos caídos en el nuevo conflicto, aquel que se libra en las calles y carreteras nacionales haciendo de los vehículos armas. La ausencia de un sistema integral para la orientación, atención y reincorporación económica de las víctimas de siniestros viales debe ser el objetivo primordial de la administración pública para el corto plazo; un sistema que oriente efectivamente a quien deba ser el primer respondiente en un siniestro vial para salvar la vida de quien haya recibido un trauma severo por impacto, lleve al herido por una ruta de atención eficaz para salvar su vida en la llamada hora dorada y, en un contexto de reivindicación y redignificación socioeconómica, le permita a las familias de los fallecidos e impedidos permanentemente acceder a oportunidades productivas que les haga más llevadera la tragedia de haber perdido a quien era sustento familiar. En el día internacional de las víctimas por accidentes de tránsito, reconocer su dolor es importante, aunque lo es más tomarlas en serio dentro de la política pública local, regional y nacional, asignando recursos para su desvictimización asertiva y funcional dentro del aparato económico.
