La mañana del miércoles Colombia amaneció con un muerto, el abogado Javier Ordóñez, producto de un procedimiento desmedido por parte de agentes de la Policía Nacional, y la mañana de este jueves 10 de septiembre el país despierta con siete más, resultado de las manifestaciones de protesta que terminaron en actos vandálicos y de violencia en Bogotá.
Se puede mirar hacia todas partes en busca de responsables, señalar a infiltrados de las marchas que aprovechan estas manifestaciones para sembrar el caos y la discordia, a quienes —en un sin sentido de la razón— piensan que incinerando unidades de TransMilenio se está logrando un poco de justicia, la pregunta es: ¿y Gustavo Petro, el amo y señor de la Colombia Humana, no tiene gran parte de responsabilidad en lo ocurrido?
Y es que el exguerrillero no ha dejado de enviar mensajes cargados de odio y desprecio por las instituciones del estado, metafóricamente, de echar candela a un momento tan complejo como el de las últimas horas, aprovechando que su voz es escuchada por ser uno de los contradictores más radicales del gobierno nacional.
Se podría decir que es correcto y está en su derecho, pero ojo. La responsabilidad social de quienes nos dirigen implica también prudencia a la hora de valorar los hechos y enfrentar las crisis. “Creo que la movilización popular es la respuesta a la ignominia del gobierno”, comenzó arengar con intenciones incendiarias y evidente odio a quienes hace años lo combatieron: la policía y el ejército.
“Vuelve la movilización popular y está bien que aparezca, sino el régimen de Duque barre con las libertades civiles”, agrega en otro trino publicado hace 18 horas —a la hora de escribir esta nota—, cuando tomaban fuerza los actos violentos en Bogotá.
La pedantería desde la que habla Petro no le deja espacio para analizar el alcance de sus palabras. Mete en un solo costal los abusos de la policía en Bogotá y las masacres ocurridas en el departamento de Nariño y otros sectores del país.
“Después de las masacres desatadas por el gobierno (…) lo que quiere el gobierno es tener una fuerza para matar con impunidad”. Al buen estilo del venezolano Nicolás Maduro, su mentor, Gustavo Petro muestra aquí su falta de empatía con la ciudadanía y su ligereza en los señalamientos, insinuar que masacres, incluidas las del Nariño, fueron ordenadas por el gobierno, haciendo a un lado al narcotráfico, quizá uno de sus mayores detonantes, es absurdo, intolerable y altamente irresponsable con un país al que anhela dirigir.
Es conocido que los políticos mienten. Les dan razones a los seguidores de su secta para que las enarbolen en campaña, las utilicen como herramientas para el insulto al opositor y sirvan de piedra de escándalo que despierte afectos y pasiones y embrutezca con el único fin de conseguir un voto. Sin embargo, en un país hastiado de la izquierda y la derecha, lo más sano debería ser que aparezcan las instituciones y comiencen a señalar a los culpables.
“La gente ha salido a los barrios a rodear los CAI para protestar contra la violencia y el asesinato policial. Se pensó que la pandemia dormiría al pueblo, hoy se ha reiniciado el movimiento popular”, escribe el dirigente de la Colombia Humana con evidente satisfacción y como buen leninista, convencido de que la fuerza del proletariado lo llevará hasta el solio de la dictadura comunista.
Pues bien. Estos trinos se deberían tener en cuenta en una investigación seria, los muertos de anoche tienen nombre y familiares e, igual que el abogado fallecido por las descargas eléctricas, merecen que se condene a quienes los llevaron a perder la vida.
Alguien disparó, es apenas evidente. Si fue la policía debe pagar, pero también deben pagar los que después de disparar desde el monte, hoy lo hacen desde las redes sociales, amparados en su vocecita de buenos samaritanos, la cual no alcanza a disimular su obsesión por el poder.
