En 2004, el ex gobernador del Departamento de Santander, Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo –padre del actual gobernador y condenado a nueve años de cárcel por parapolítica- inició la cruzada del turismo en el Departamento, invirtiendo 56 mil millones de pesos en la construcción del “PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA”.
Para la administración del parque se creó una corporación sin ánimo de lucro (figura jurídica del derecho privado) llamada Corporación Parque Nacional del Chicamocha –Corpopanachi- la cuál se creó con 10 millones de pesos provenientes del departamento (Convirtiéndolo en socio mayoritario) y 5 millones de pesos provenientes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ésta corporación desde entonces ha administrado el parque en cabeza de Carlos Sánchez Aguirre, amigo personal de los Aguilar.
Sin embargo, las implicaciones que tiene que el manejo de los proyectos de inversión en turismo del Departamento sean manejados por una corporación privada sin ánimo de lucro son varias, entre las que se destaca un posible amañamiento de una figura legal para disponer abiertamente y sin ningún control de los ingresos que obtiene el parque por concepto de la prestación de sus servicios. Al ser una corporación perteneciente al derecho privado, no se somete al régimen de contratación estatal, así, todos los servicios que contrata se hacen por vía de contratación directa y sin supervisión de ninguna autoridad pública. Por poner un ejemplo, el servicio de vigilancia durante un año en PANACHI tiene un costo de 576 millones de pesos.
Por otro lado, al ser una corporación sin ánimo de lucro, CORPOPANACHI no reparte sus ingresos entre los socios, es decir, desde la construcción de PANACHI, el Departamento de Santander no ha recibido dineros provenientes de la millonaria inversión realizada, ya que todos los ingresos deben ser reinvertidos en la materialización de su función social, es decir, el “fomento del turismo en la región”, de lo cual no se tiene ninguna certeza.
Ahora, con la llegada de Richard Aguilar a la Gobernación del Departamento, se presentó el proyecto de inversión conocido con el nombre de “ECOPARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO”, que gastaría 22 millones de dólares del Sistema General de Regalías en la construcción de un Cristo de 33 metros de alto, la obra civil, y el cable aéreo. Sin mayores reparos, la Asamblea Departamental de Santander aprobó el gasto, que se justificaba en las modificaciones introducidas por el Senador reelecto Mauricio Aguilar -hijo de Hugo Eliodoro Aguilar y medio hermano de Richard Aguilar- a la Ley General de Turismo. Fue así como a través de un proceso de contratación que transcurrió en medio de escándalos y dificultades, se eligió a Juan José Cobos Roa como el arquitecto que tallaría el Cristo de 33 Metros de Alto. Éste mismo arquitecto talló un busto de Hugo Eliodoro Aguilar por encargo de Corporación Parque Nacional del Chicamocha para que se pusiera en el Parque, sin embargo con la captura y judicialización de Aguilar, dicho encargo quedó suspendido.
En aquel momento, la Asamblea Departamental no consideró que un Cristo de 33 Metros de Alto, no solo atenta contra el principio constitucional de Estado Laico, sino que resulta grosero cuando las cifras estatales de pobreza dan cuenta de 19 millones de colombianos pobres. Tampoco resultó ser un problema para CORPOPANACHI o para el Gobernador de Santander, quienes en el acto de imposición de la “primera piedra” invitaron únicamente al arzobispo de Bucaramanga, señor Ismael Rueda, y se puso en el lugar de construcción un busto de un Cristo Resucitado.
Así, mientras que el acuerdo 02 de 2012 del OCAD dispone 2.600 millones de pesos para transporte escolar y seguridad alimentaria y nutricional en Santander, en el mismo acuerdo se disponen 25 mil millones de pesos para construir un cristo de 33 metros de alto, redondeando la cifra a más de 100 mil millones de pesos salidos de los fondos del departamento y siendo administrados por un particular sin ningún control público.
