La figura de juicio político en Colombia es reconocida por su relevancia en el año 1959, cuando se hizo efectivo el juzgamiento al general Gustavo Rojas Pinilla por diferentes hechos que el oficialismo de entonces acaparado bajo el novedoso Frente Nacional, puso en la agenda judicial para imposibilitar el regreso del militar boyacense a la presidencia de la nación. Años atrás, los partidos tradicionales habían acudido a la autoridad de las fuerzas armadas para poder atajar el nivel de violencia que se venía tomando al país debido a las diferencias políticas entre liberales y conservadores, parecido a lo que ocurre ahora, donde políticos que se incrustaron en la política nacional desde hace dos décadas, piden total libertad e intervención de la fuerza pública para acabar de tajo con cualquier tipo de manifestación, pensando en un reordenamiento del tablero democrático a su modo.
El juicio político en Colombia como figura jurídica ha existido desde 1886, siendo modificada por la Asamblea Constituyente de 1991 debido a la ampliación de organismos estatales y entes de control. Según la constitución, el juicio político debe ser impulsado por la Cámara de Representantes para luego ser evaluado y resuelto por el Senado.
Es aquí donde planteo el debate de si es necesario considerar esta alternativa ante la crisis que ha vivido el país en los últimos días. En 1991 el juicio político cambió su paradigma constitucional, dejando de ser considerado como nacional a ser calificado como popular, entendiéndose así que la decisión de quitar la investidura a un funcionario público, en ese caso al presidente, estuviera en manos de los ciudadanos, como actor definitorio en un control político a su gestión. La disyuntiva es que en nuestro sistema presidencialista se delega la representación y por tanto la soberanía de decidir en un caso como este, en manos de congresistas del partido de gobierno y de otros que se encuentran adheridos al clientelismo que se ha forjado durante más de una década entre los partidos tradicionales de la política colombiana.
Además de contradictorio, en mi opinión es inviable con la conformación actual del poder legislativo. La inviabilidad yace en que los congresistas tienen un estatuto que les garantiza irresponsabilidad jurídica; es decir, si votan o no en contra de un posible impeachment, no tienen necesidad de justificar su decisión frente a la presencia o ausencia de pruebas a la hora de votar.
Por tanto, al no tener ningún tipo de responsabilidad al votar en contra de la destitución de Iván Duque, congresistas dentro de la maquinaria aceitada —por no caer en el cliché de enmermelada— acudirían a la defensa de sus decisiones arbitrarias sin analizar con criterio la situación real del país, el cual cuenta con una enorme lista de líderes sociales asesinados, masacres de jóvenes, un gobierno desbordado y un incremento en el abuso por parte de la fuerza pública.
Este debate aumentaría la polarización entre los sectores políticos, medios de comunicación y ciudadanos de a pie, algunos tratando de defender el statu quo que rige en una democracia “ideal” y otros, avocando por el derecho de reclamar su potestad de soberano para destituir al gobierno actual, quien desde su inicio ha sido errante en política internacional, política pública frente a la pandemia y, sobre todo, en un desconocimiento total de la realidad colombiana al tratar de implementar una reformar tributaria en un contexto de crisis económica por la pandemia.
Por ello, si un juicio político no es compatible con la organización actual de los poderes legislativo y ejecutivo, es momento de hacer un alto y pensar en elegir de manera más adecuada e informada a las personas que ocuparan las curules en el Congreso y el alto cargo de la presidencia en las próximas contiendas electorales. Es momento de reflexionar si delegaremos nuevamente la política nacional en individuos poco competentes para ejercerla. Tal vez en esta ocasión la rigidez del sistema presidencialista, con su mandato de tiempo determinado de cuatro años, está causando no solo una gran crisis de gobierno, sino de régimen, al ser tan desacertados los últimos movimientos políticos de Iván Duque, que sigue sin reaccionar ante uno de los momentos más álgidos y cruciales del país en los últimos tiempos.
