Soy de la idea de que la sociedad debe ofrecer la suficiente disuasión a los criminales como mejor forma de prevenir delitos. Lo que algunos llaman “populismo punitivo”, más allá del concepto jurídico, no es otra cosa que enviarle poderosas señales a delincuentes que están pensando en atentar, por ejemplo, contra la niñez. En ese sentido, todas las medidas severas que podamos tomar para acabar con los flagelos de la violación o el asesinato de nuestros niños y niñas se quedan cortas.
Un caso de lo anterior es el de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, que fue aprobada en junio del 2020, pero que aún no ha sido implementada. La medida está a la espera de que el gobierno presente ante el Congreso un proyecto que la reglamente. Lo último que se sabe al respecto es que este paso será dado en marzo próximo.
Mientras tanto, la violencia contra la niñez no ha menguado. El año pasado, según Medicina Legal, se practicaron más de 13.000 pruebas por presunto abuso sexual en menores de edad.
¿Por qué es necesaria la cadena perpetua?
Solo por ponerlo en contexto, el número de criminales reincidentes en estos delitos, según el Inpec, es de 1.127 presos actualmente. Es decir, por lo menos se hubiese podido evitar la violación de más de 1.000 niños en nuestro país, de tener en firme la medida desde hace algunos años. La cadena perpetua llegó tarde.
Hay un dato aún más preocupante: el año pasado, y según el Inpec, mientras se anunciaba con bombos y platillos una cadena perpetua que no ha sido implementada, 599 condenados por estos delitos quedaron en libertad. Esta es una amenaza potencial contra nuestra niñez que no podemos permitir.
Es imperativo que el Gobierno pise a fondo el acelerador y termine el trámite pendiente cuanto antes. Una sola víctima en manos de uno de esos reincidentes sería un crimen doblemente imperdonable para nuestro país.
Pero volvamos al inicio: ¿es populismo punitivo disuadir mediante un mecanismo legal la acción de una mente criminal? Quizá lo sea en términos de pureza penalista, pero estamos hablando de un asunto ético que merece todo nuestro esfuerzo. Lo que se busca proteger aquí es, ni más ni menos, a los ciudadanos más valiosos de nuestra sociedad: los niños y niñas. Así que, muy al margen de las discusiones de hermenéutica legalista, es ético adoptar la mayor cantidad de medidas posibles a fin de contener una oleada de violencia que se ensaña de manera vil contra los más vulnerables.
Y no nos debemos quedar cortos, como decía arriba: Colombia debe avanzar en el propósito de ser un país que garantice el derecho a la vida de todos sus ciudadanos, empezando por los más vulnerables.
Años de combates y violencia subversiva nos han hecho perder de vista que dentro de nuestras propias comunidades ocurría una violencia tan repugnante como la de los campos de batalla, solo que ensañada contra víctimas aún más inermes. Es hora de ponerle fin a esto. No podremos ser una sociedad decente hasta entonces.
