La coyuntura electoral de la primera vuelta ha obligado a muchos ciudadanos que hasta ahora nos manteníamos distantes, suspicaces y apáticos frente al proceso de paz, a involucrarnos de una u otra manera. Yo misma, hasta hace unos meses, hacia parte de los escépticos que observaban desde la distancia, y ni siquiera me había tomado el tiempo para indagar juiciosamente lo que realmente se estaba discutiendo en La Habana.
El primer lugar de Oscar Iván Zuluaga fue para mí, y para muchos colombianos, un campanazo de alerta que nos obligó a considerar por primera vez la posibilidad de que el proceso de paz se pusiera en riesgo. Cuando lo vimos en peligro, comenzamos a preguntarnos qué pasaría si el proceso de verdad se suspendiera, y qué perderíamos.
Durante estas semanas me he dedicado a leer de manera detenida toda la información que he podido encontrar al respecto. Me ha sorprendido gratamente descubrir que la agenda y los acuerdos son bastante realistas, conciliadores, equilibrados, sin dejar de abordar los problemas estructurales de Colombia como la pobreza, la acumulación de la tierra, la poca presencia institucional en muchos territorios, y el narcotráfico.
Quisiera compartir con ustedes la información que he encontrado y las comprensiones que he alcanzado, e invitarlos a que investiguen por su cuenta, a que se informen, y a que no se dejen confundir por los rumores infundados de los detractores del proceso. Es necesario que tomemos una decisión consciente, es mucho lo que está en juego.
El proceso tiene tres fases: la fase exploratoria, la fase llamada fin del conflicto, y la fase de construcción de paz. La fase exploratoria inició el 23 de febrero del 2012, lo que significa que llevamos más de 2 años en esto. Durante los seis primeros meses, las partes (Gobierno nacional y FARC), se pusieron de acuerdo sobre los temas generales que iban a ser objeto de la negociación. El 26 de agosto llegaron por fin a un consenso, y se produjo el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el cual contiene una agenda de seis temas a discutir en la mesa. Los seis puntos son:
1. Política de desarrollo agrario integral
2. Participación política
3. Fin del conflicto
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
5. Víctimas
6. Implementación, verificación y refrendación
Esos seis meses de fase exploratoria, son fundamentales para generar confianza entre las partes, requisito imprescindible para cualquier negociación, lo cual no debe haber sido fácil después de 60 años de conflicto.
A partir de agosto del 2012, se inició la segunda fase o “fin del conflicto”, durante la cual se discuten a fondo cada uno de los seis puntos para acordar qué significa cada uno, cuál es su alcance, a qué se compromete cada una de las partes, y cómo se van a implementar los acuerdos.
Esta es la fase en la que nos encontramos ahora, y hasta el momento, las partes han firmado acuerdos sobre los dos primeros puntos: La política de desarrollo agrario integral y la participación política; actualmente están negociando sobre las drogas ilícitas, punto 4.
Leyendo el contenido de los acuerdos que hasta ahora se han alcanzado, me queda la grata sensación de que verdaderamente, en La Habana se está intentando conciliar visiones opuestas de la realidad, y me atrevo a soñar con que los colombianos por fin entendamos que no se puede acallar, ni asesinar, ni desaparecer ni secuestrar, a aquél que piensa diferente a mí; que todos hacemos parte de este país, y que la construcción de una sociedad consciente y evolucionada, requiere necesariamente que aceptemos las visiones de los otros que comparten este territorio con nosotros, y que tratemos de llegar a un punto de equilibrio en el que todos nos sintamos tranquilos, a pesar de haber tenido que ceder en algo.
Es comprensible que gran parte de la población tenga desconfianza hacia el proceso, ya que hemos vivido experiencias que nos han generado frustración y decepción: El proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana en El Caguán no tuvo reglas ni requisitos claros, e implicó el despeje de un amplio territorio que luego fue utilizado por las FARC para continuar con sus actividades ilegales; en el 2006, el gobierno de Álvaro Uribe emprendió un proceso de paz con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el cual desmovilizó a más de 30 mil hombres, pero generó también nuevas problemáticas, ya que muchos desmovilizados y otros que nunca entregaron las armas, se reagruparon en lo que hoy se conoce como BACRIM, bandas criminales al servicio del narcotráfico, que a pesar de no obedecer más a una jerarquía militar ni ideológica paramilitar, continuaron manteniendo el control social de las poblaciones y manejando el negocio del narcotráfico.
Muchos se preguntan qué hace diferente este proceso de los anteriores. En primer lugar, desde el inicio se establecieron unas reglas de juego claras, de común acuerdo entre las partes. Estas reglas son:
1. No habrá despeje: Poniendo en práctica las lecciones aprendidas del pasado, esta vez no se permitió que ninguna zona del país estuviera exenta del control de la Fuerza Pública; que las FARC hayan accedido a esto, es para mí una muestra primero de su debilidad, y segundo de su real interés de negociar. Por esta razón, la negociación se lleva a cabo en el exterior.
2. Se mantienen las operaciones militares: Hasta que no se llegue a un acuerdo final y se implemente un cese de hostilidades definitivo, la Fuerza Pública continuará ejerciendo sus funciones a lo largo del territorio nacional. Es así como durante los dos años que lleva la negociación, se ha dado de baja a importantes cabecillas de la guerrilla.
3. Las sesiones de la mesa de negociación tendrán reserva: A pesar de que esta norma ha sido criticada, la confidencialidad es requisito fundamental para cualquier diálogo de paz, como los han demostrado muchos procesos en otros lugares del mundo. De esta manera, las negociaciones pueden estar protegidas de las acciones oportunistas de amigos y detractores del proceso que busquen capitalizar los diálogos para su propio beneficio.
4. Nada está acordado hasta que todo esté acordado: Esto significa que lo que se busca es un acuerdo completo, que cobije todos los puntos incluidos en la agenda, y a la vez, que los acuerdos pueden ir ajustándose de acuerdo a como avance la negociación.
En los medios circulan muchos mitos alrededor del proceso, magnificados y difundidos por personas que no están de acuerdo con que se firme la paz, y que consideran que la guerra es la mejor estrategia para acabar con la guerrilla. Como reflexión sobre este punto, simplemente los invito a preguntarse, si es tan fácil acabar el conflicto por la vía militar, ¿por qué no lo hemos logrado en 60 años? Más aún: ¿De verdad preferimos seguir pagando el costo social, humano, ambiental y económico de una guerra, cuando tenemos la posibilidad de acabarla por la vía pacífica?
Los mitos más difundidos frente a las negociaciones de La Habana son:
1. "En la Habana se le está entregando el país a las FARC": Si se leen los acuerdos con detenimiento, no hay de dónde sacar esta conclusión. Todo lo negociado se enmarca en el Estado de Derecho, y propende simplemente por mayor justicia, educación, reducción de la pobreza, apoyo al agro, fortalecimiento de la participación ciudadana y transparencia institucional y política. En ninguna parte hay acuerdos que promuevan la desaparición del Estado, la subida al poder de un régimen comunista, la nacionalización de bienes privados o el encarcelamiento de los neoliberales.
2. "Con el proceso se reducirán las Fuerzas Armadas y se disminuirá su estatus": Como se mencionó antes, hasta que no se firme el Acuerdo final, se entreguen las armas y se proceda a la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los ex combatientes de las FARC, el Ejército Nacional seguirá cumpliendo sus funciones y su deber de proteger el territorio nacional y garantizar la soberanía. De todas maneras, parece lógico que, sin una guerrilla, no es necesario que Colombia tenga el Ejército más grande de Latinoamérica y el quinto más grande del mundo, con 300 mil soldados activos. En lugar de seguir gastando 25 millones de pesos al mes en la dotación y manutención de un soldado, podríamos reducirlo a la mitad, e invertir esos 3,5 billones de pesos en carreteras, hospitales, escuelas, maestros rurales, tecnología para el campo, capacitación de jueces y fiscales, etc. Con solo 150 mil hombres en armas, podríamos seguir protegiendo nuestras fronteras, garantizando el orden público y manteniendo el control del territorio. Pero también le daríamos la oportunidad a esos 150 mil muchachos de tener un futuro diferente, si así lo desean. La reducción del Ejército no va a disminuir su estatus; todos los colombianos valoramos y honramos la labor heroica que desempeñan nuestros soldados día a día, de manera anónima, y no creo que un proceso de paz nos haga olvidar eso nunca.
3. "La reforma rural afectará la propiedad privada": El primer punto del acuerdo no acaba ni mucho menos con la propiedad privada, como alegan algunos detractores sensacionalistas y desinformados. De hecho, en el acuerdo se establece de manera explícita, que aquellos propietarios que lo sean de manera legal, no tienen nada que temer, pues su propiedad será respetada. No así, aquellos que se hicieron a sus tierras de manera ilegal, violenta o corrupta. Dichos predios serán expropiados e irán a hacer parte de un Fondo de Tierras por la Paz, que buscará redistribuirlos entre los campesinos, las minorías étnicas y las mujeres. No veo en esto un "castro-chavismo extremo" sino por el contrario, un llamado a la legalidad y a la solidaridad dignas de un Estado de Derecho contemporáneo.
4. "Los diálogos son clandestinos y se hacen de espaldas al país": Ya más arriba expliqué el porqué es necesario que los diálogos sean confidenciales; sin embargo, esto no significa que lo que se acuerde no sea de conocimiento público. Hasta el día de hoy, la mesa ha presentado 33 comunicados y 3 informes conjuntos, donde se explica a los colombianos de manera detallada qué se está discutiendo y qué se ha acordado. Es nuestra responsabilidad como colombianos analizar esta información que está a disposición de todos.
5. "En La Habana se está negociando la impunidad de crímenes de lesa humanidad": Este es uno de los argumentos más difundidos, según el cual, una vez desmovilizados, los ex guerrilleros no van a tener que pagar ni un día de cárcel ni que reparar o resarcir los daños causados. Nada más alejado de la realidad. Existe ya una ley, el Marco Jurídico para la Paz, que contempla un sistema de Justicia Transicional, es decir, una justicia especial para casos de conflicto y paz, en la cual se pagan algunas penas, es cierto, pero el énfasis está en la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición. Algo muy parecido a la Ley de Justicia y Paz que se estableció para el proceso de paz con los paramilitares, quienes pagarían hasta 8 años de cárcel y debían comprometerse a reparar de manera material y simbólica a las víctimas, así como participar en procesos de reconciliación.
Una y otra vez, países en conflicto han aplicado sistemas de justicia transicional para acabar con la guerra. ¿Por qué Colombia tendría que ser diferente?
Cuando se logre un acuerdo sobre todos los puntos de la agenda, se producirá un documento llamado “Acuerdo Final”, que de manera oficial dará por terminado el conflicto armado en Colombia. El prospecto de que esto sea posible, que el fin del conflicto armado se encuentre en el futuro cercano, me llena de esperanza, a mí y a muchos colombianos que no hemos conocido un día de paz en nuestras vidas.
Una vez alcanzado el Acuerdo Final, se deberá dar un cese al fuego bilateral y definitivo, y se dará inicio a la tercera fase, llamada de Construcción de Paz, donde se tendrán que implementar los acuerdos y donde debemos involucrarnos todos los colombianos. Este es el verdadero desafío, donde en realidad tendremos la responsabilidad conjunta, instituciones, desmovilizados y ciudadanos, de construir de manera pacífica, solidaria y colectiva, el país que llevamos 50 años esperando. No es responsabilidad exclusiva del Estado, sino de todos los colombianos, en el campo y en las ciudades.
Es cierto, los acuerdos pueden o no cumplirse, y lo que se nos viene en la tercera fase es un desafío descomunal. Pero un camino de mil kilómetros se inicia siempre con el primer paso, y si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién?
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