El patrimonio arqueológico colombiano ha sido visto por el último gobierno como un estorbo o un obstáculo para el desarrollo del país, otras tantas como un botín por saquear con el cual financiar su agenda política. Como arqueólogo y presidente de una de las asociaciones de profesionales en arqueología quiero preguntar a los candidatos presidenciales y a los que optarán al congreso si el patrimonio arqueológico colombiano seguirá siendo visto de esta forma instrumental y económica o por el contrario lo vincularán como un eje fundamental de la construcción de la memoria y el futuro de la nación colombiana. Nuestros gobernantes deben garantizar que el patrimonio arqueológico sea protegido, preservado y estudiado en cuanto hace parte del patrimonio de la nación tal como lo señalan los artículos 63 y 72 de la constitución de Colombia.
El patrimonio arqueológico es importante para los colombianos porque da cuenta de nuestro pasado, es testimonio material de las distintas raíces de las que hemos surgido como una nación pluriétnica y multicultural. La múltiple existencia de diversos pasados nos ayuda a comprender la inevitable coexistencia de múltiples futuros donde la diferencia se constituye en el vínculo con nuestra identidad como colombianos.
Entonces es pertinente hacer algunas preguntas a los candidatos de todas las tendencias políticas que participaran en las próximas elecciones. Por ejemplo, piensan continuar con el plan de saquear estatalmente al Galeón San José, o por el contrario se permitirá investigar científicamente y se le dará el carácter de bien patrimonial a la totalidad del cargamento y la nave para que se pueda asegurar su disfrute colectivo para nuestra generación y las futuras?
Un tema menos visible para el público pero que también genera dudas para el gremio por su impacto patrimonial, social y económico es el de la arqueología preventiva. La arqueología preventiva son aquellos estudios especializados y científicos que se deben realizar para garantizar la adecuada protección de los sitios arqueológicos en el país durante la ejecución de todo proyecto de infraestructura, mineria, vivienda o energético que requiera la remosión del subsuelo. En la actualidad el sector de la arqueología preventiva moviliza según cifras extraoficiales alrededor de unos 200.000 millones de pesos al año. Vale la pena aclarar que todo este dinero no es invertido directamente en investigación, ya que al estar inserto en una lógica de libre mercado genera unos gastos y utilidades para los privados, los cuales se llevan una gran tajada del pastel. En la actualidad se estima existen alrededor de 1000 profesionales entre antropólogos y arqueólogos, museólogos, conservadores, que trabajan en el sector en el país y junto a ellos miles de obreros y auxiliares de campo. Estas proyecciones representan algo más de 5000 puestos de trabajo que moviliza el sector. ¿Cómo será abordado este tema por los candidatos? ¿Seguirán viendo a la arqueología preventiva como un obstáculo para la ejecución de los proyectos de desarrollo y no como un recurso estratégico en la consolidación social y económica de las comunidades que representan? Piensan seguir promoviendo leyes que beneficien a los grandes consorcios económicos y que pongan la arqueología preventiva y por tanto el patrimonio arqueológico de la nación en manos de privados sin importar su potencial destrucción y saqueo con la promulgación de leyes como la 1882 de 2018?
Por otra parte es importante que los candidatos sepan que durante 2017 fue desmantelada económicamente la división de Arqueología por la actual dirección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la cual hasta 31 de diciembre de 2017 contaba con una docena de arqueólogos mal pagos que trabajan con las uñas por la falta de recursos. A lo anterior se le sumará un recorte presupuestal del 60% para el 2018 en medio de un aumento en la productividad de las empresas de obras civiles, mineras y energéticas. El número de solicitudes de intervención de Patrimonio Arqueológico al año que procesaba el ICANH en la última década ha aumentado de unos pocos cientos a comienzos del 2000, a más de 3000 solicitudes para 2016 y se estima que ronden las 4000 para 2017. La solución puede ser muy facilista desde la vista de algunos políticos y es acabar con una institución como el ICANH y de paso quitarse de encima el engorroso trámite de la arqueología preventiva y asegurar el saqueo del Galeón San José. Sin embargo, hay que recordar a nuestros candidatos que afortunadamente el patrimonio arqueológico está protegido por nuestra Constitución, y que como gremio y ciudadanía cuidaremos que lo que está escrito en ella se cumpla. Por el contrario y esperamos así lo reconozcan los distintos candidatos, la solución puede ser estructural e integral con base en la descentralización administrativa, la modernización tecnológica, la meritocracia y la participación ciudadana y la inversión social de la empresa privada y el estado.
También es necesario preguntar cómo apoyaran a las comunidades que los elijan para que conozcan, vinculen y se apropien del patrimonio arqueológico nacional en sus territorios. En la actualidad existen múltiples disputas entre el estado, los empresarios, los arqueólogos y las comunidades sobre la toma de decisiones sobre el patrimonio arqueológico y los usos del territorio. Las soluciones deben ir más allá de las que han promovido las dos últimas dos direcciones del ICANH, basadas en la intervención del ESMAD y la aplicación de la fuerza y represión en contra de la ciudadanía como en los casos de Santa Rosa de Cabal, San Agustín, o Cali, en los que primo la necedad del sabio o el interés económico privado.
Otra pregunta que debemos hacer es cuál será el apoyo que se dará a la Universidad Pública en la formación de antropólogos y arqueólogos del país ya que se requiere urgentemente la actualización de planes curriculares que incluyan materias planificación de proyectos, legislación patrimonial, arqueología para la educación, etc., las cuales requiere un profesional del 2020. También se requieren aumentar los recursos para investigación, la posibilidad de pasantías, etc. que permitan reforzar los perfiles de quienes hoy ejercen la arqueología en el país.
Para terminar quiero enfatizar en que el patrimonio arqueológico no requiere ser destruido para que los proyectos de "desarrollo" sean exitosos, también puede ser incluído como insumo durante su ejecución y posterior puesta en funcionamiento. Para esto nuestros políticos deben saber por qué éste es importante y nosotros como arqueólogos más abiertos a conversar con ellos y darles las razones y argumentos que los convenzan. Al final son ellos los que promueven y gestionan las políticas públicas que afectan nuestro patrimonio arqueológico. Como decía un querido profesor, cuando con la arqueología visibilizamos la existencia de múltiples pasados, como nación podemos empezar a pensar la posibilidad de múltiples futuros conviviendo entre sí. En este sentido la arqueología es política.
