Todo va encajando: ¿cómo es posible que a solo nueve días de las elecciones presidenciales, se seleccione la firma que auditará el software internacional de las elecciones y será Datasys Group todo a las carreras y denotando improvisación?
Pero no es solo eso, el señor registrador, Alexander Vega, no salió como candidato para su cargo propuesto por las toldas de la izquierda ni mucho menos y los presidentes de las Altas Cortes lo saben.
Por el contrario; las voces de protesta por la elección del abogado Vega fue cuestionado por la oposición, a pesar del alto puntaje obtenido en el concurso de méritos (738,423).
Además, en su experiencia se cuenta que ya se ha desempeñado como presidente del Consejo Nacional Electoral; su elección fue avalada por la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado.
Todo lo anterior nos muestra que el funcionario elegido conocía de sobra sus deberes y labores en tan importante cargo, sin embargo, no han valido ni su experiencia y mucho menos el reconocimiento que el pasado 11 de abril hizo de su gestión el señor presidente quien lo condecoró como el mejor funcionario público.
Pero todo se le ha venido al traste después de las elecciones del pasado 13 de marzo, desde el inicio esa mañana las cosas no salieron pues la página de la Registraduría no funcionó y de ahí en adelante ya conocemos la historia.
El mal diseño (premeditadamente o no) de los Formatos como el E-14 y la poca preparación de los jurados también con dudas, demostraron que el Organismo Máximo o no estaba preparado o el nerviosismo provocado por el cantado avance de la izquierda indujo a cometer errores.
No quisiéramos pensar que por la última razón siguió el desorden y las dudas, entonces el Dr. Vega ya no es el funcionario ejemplar ahora es acusado de fraude en favor del único partido que lo cuestionó en su elección y lo acusan los partidos que representan el establecimiento y sus cabezas principales como son los expresidentes de la República.
Pero se avecina una jornada muy peligrosa, no por el resultado en sí del proceso electoral que se llevará a cabo, es por las amenazas de muerte donde alguno de los candidatos (el más opcionado según las encuestas ) tiene que presentarse con escudos anti balas, intervención como nunca desde el presidente de la República y los militares interviniendo en política partidista, investigaciones contra el registrador de la Fiscalía y la Procuraduría por posible fraude electoral, que pueden conducir a una suspensión exprés del funcionario.
Si se llegara a incendiar al país no será la izquierda quien caerá en esa elaborada trampa, pues eso es lo que se busca para legalizar o justificar procedimientos anticonstitucionales que demoren los cambios que la mayoría de la sociedad colombiana reclama.
