Hace un par de meses se desarrolló la Minga social por la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, una forma de manifestación que sirvió para poner en evidencia el constante rechazo a la continuación de políticas amorfas que profundizan la desigualdad y la pobreza. A pesar del reclamo insistente al gobierno por el olvido en que los tienen, este de forma mezquina evitó escuchar a los indígenas en una prueba más de la falta de reconocimiento como interlocutores válidos. Una muestra de soberbia que lo lleva a desconocer las múltiples problemáticas que al pasar de los días se agudizan.
El gobierno pareciera ignorar que los reclamos de los indígenas tienen que ver con un problema fundamental que le sirve de caldo de cultivo al conflicto armado. A saber, la propiedad de la tierra y su uso. Lo que sigue son algunas reflexiones en torno a esta problemática que deja en evidencia una vez más la falta de voluntad política por trabajar para las minorías. Para esta reflexión me apoyaré en la investigación del filósofo Adolfo Chaparro Amaya en el libro La cuestión del ser enemigo (2018) con el objetivo de dilucidar sobre lo que considero una “tarea pendiente” que los gobiernos precedentes y el actual no han tenido voluntad de solucionar.
Digo que es un “pendiente” puesto que, como lo han advertido diferentes investigadores, ha sido uno de los ejes estructurantes de la violencia que ha padecido el país. Chaparro recoge muchas de estas investigaciones y concluye que “las formas de violencia que se desatan en Colombia desde los años 50 hacen parte de una lucha por la tierra que se invisibiliza en la confrontación partidista entre liberales y conservadores” (pág. 223).
En este sentido, intentar acercarnos a la comprensión de los orígenes del conflicto armado en Colombia exige tener en cuenta, por un lado el problema de la propiedad de la tierra. Por ello es necesario examinar el impacto de las aperturas económicas y nuevos mercados que se gestaron en gobiernos como el de LLeras Restrepo y la reforma de 1968, en la que se intentó introducir al campesinado en las dinámicas comerciales a través del reparto de tierras y aumento de su productividad (pág. 224). Cosa incongruente con las dinámicas propias del pensamiento campesino e indígena. No está demás mencionar el retroceso de Misael Pastrana en materia agraria con la renuencia del gobierno de oponerse al latifundismo. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, titulado La política de reforma agraria y tierras en Colombia (2013), el Estado impulsó un programa de titulación de baldíos en regiones remotas con lo cual los abandonó a su suerte. Regiones que fueron propicias para el auge del cultivo de plantas de cuyo producto se hace uso ilícito. Y en adelante, las políticas de gobierno propiciaron el empoderamiento de las tierras por sectores privados a favor de la “empresarización del campo”. Lo anterior, hasta la entrega indiscriminada de tierras a grupos empresariales, en lugar de dárselas a los campesinos, propiciada por el gobierno de Uribe Vélez, como en el sonado caso Carimagua (CNMH, 2013).
Adicional, los múltiples intentos de reforma agraria contrarios al respeto por la tierra y el desarrollo de los pueblos indígenas fueron propiciando focos de violencia que cada cierto tiempo renuevan fuerzas. Como se puede interpretar de la lectura de Chaparro, las fuerzas influenciadas por el narcotráfico, entre guerrillas y paramilitares, terminaron desplazando al Estado en su función de soberano. Crearon soberanías alternativas ejerciendo funciones de policía y ejecutores de justicia.
Mantener las condiciones que posibilitan la violencia ha agravado la situación. Por un lado, la adquisición de tierras a precios bajos; el empoderamiento de éstas por medio de la fuerza, las amenazas y el desplazamiento forzado, ha generado caos social. Por el otro, el Estado ha quedado desbordado en las problemáticas, con lo que se propicia el abandono de la labor garantista de los derechos de las minorías. Es decir que, además de no poder contener la ilegalidad en el campo, las ciudades se llenaron de campesinos arrancados de sus tierras para sufrir en condiciones de miseria en las ciudades principales.
Como se mencionó, el otro eje sobre el cual se puede avanzar es el uso de la tierra. Esto puede presentarse desde múltiples perspectivas, debido principalmente al carácter multicultural del país. Dicha multiculturalidad encubre las minorías étnicas y sociales excluidas de los acuerdos políticos en la historia republicana. Por un lado, y parafraseando a Chaparro, las reivindicaciones por conservar la identidad y supervivencia de las tradiciones ancestrales ha chocado con la modernización desarrollista de los nuevos propietarios (pág. 92). Y por otro, las territorialidades fueron tomando forma de acuerdo con lo que los grupos ilegales obligaran a cultivar, vender o explotar (pág. 91).
En línea con lo anterior, las recientes exigencias a través de vías de hecho, como la Minga, logran poner en evidencia problemáticas muy antiguas. Las cuales considero “pendientes” puesto que no ha habido voluntad política para proponer soluciones de fondo. Las presiones económicas de grupos empresariales se ponen por encima del derecho al libre desarrollo de los pueblos, y el respeto por las culturas milenarias. Así, la legislación permite la contradicción propia que puede concebirse en el reconocimiento del modelo neoliberal y a su vez la multiculturalidad y libre desarrollo de los pueblos indígenas.
Es pertinente mencionar que, citando y a su vez criticando a Óscar Mejía, Chaparro menciona lo siguiente sobre la imposibilidad de llevar a cabo una modernización económica y política: las razones no se hallan en que “la Constitución de 1991 hubiera planteado en su interior tres modelos de estado: el estado social de derecho, el modelo neoliberal y el modelo multicultural” (pág. 87). Sino que por el contrario, logra expresar “formalmente la universalidad de los derechos y los intereses —muchas veces contradictorios— a que puedan aspirar los sectores representativos de la nación” (pág. 87).
En conclusión, expreso una total simpatía por las movilizaciones que han permitido levantar su voz en rechazo a las políticas retardatarias que favorecen la continuación del conflicto. Desde aquí un reconocimiento a todos los sectores sociales que han construido país resistiendo las embestidas que vienen de la ilegalidad; al igual que las propiciadas por los gobiernos retrógrados en materia de respeto por la identidad, libre desarrollo y derechos humanos. Creo que la reivindicación del derecho a la tierra, ser propietarios de esos terruños ancestrales y garantizar el libre desarrollo fortalece la democracia, la justicia y la paz.
Referencias
Chaparro Amaya, Adolfo. La cuestión del ser enemigo. El contexto insoluble de la justicia transicional en Colombia. Siglo del Hombre Editores y Universidad del Rosario. Colombia, 2018.
Centro Nacional de Memoria Histórica. La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Imprenta Nacional de Colombia. Noviembre del 2013.
