Produce tristeza el maltrato que recibe el gremio de docentes en Colombia. Con el desarrollo de la Constitución de 1991 –que los “intelectuales” del M-19 se arrogan, con el presidente Petro batiendo su bandera como si su magistratura fuera producto de ese aventurerismo foquista, generador de violencia– se inició un proceso de privatización y desmonte de la educación pública.
Los gobiernos le reducen el presupuesto, recortan las transferencias, dirigen lo que queda de dicho presupuesto a pre-pagar la educación privada, fomentan instituciones de garaje (muchas de ellas utilizadas para la corrupción) y arremeten contra los derechos de los docentes con decretos como el 1278 que hoy cubre a cerca del 70 % del Magisterio.
En este contexto han sido valiosas las luchas de los docentes, entonces acertadamente dirigidas por lo que fue la “gloriosa” Federación Colombiana de Educadores –FECODE–, hoy venida a menos por estar dirigida mayoritariamente por bonzos sindicales más pendientes de las gabelas con las que los cooptó el Gobierno de Petro, que de la defensa de los derechos de esos trabajadores. Siendo la docencia la profesión más importante y linda del mundo, no se entiende cómo es una de las peor pagadas, con salarios que promedian los dos millones de pesos mensuales.
En una de esas grandes luchas de FECODE, los docentes lograron firmar y convertir en leyes y decretos un régimen de excepción a la Ley 100 de 1993, para la salud del gremio docente y su núcleo familiar, haciendo que sus Cesantías y Aportes a la Salud fueran administradas por el Fondo del Magisterio, que tuvo un presupuesto de ingresos para el 2023 de 18,7 billones de pesos, según esta entidad.
El modelo no ha sido bien implementado, hasta el punto que el Magisterio se queja de no ser atendidos oportunamente y con la calidad necesaria, e incluso se conoce de casos de corrupción. El Gobierno de Petro con sus aliados en FECODE deciden implementar un nuevo modelo, remedio que resultó peor que la enfermedad, pues lo hicieron sin transición, ni contratación previa de las diferentes redes, ni preparación de los protocolos, poniendo en peligro la vida de docentes y familiares.
Petro y sus corifeos no pueden evadir una responsabilidad, además de política, penal, civil y económica, porque sabían el daño que iban a causar. Así se desprende de una conversación del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, donde Marín advierte a Petro y Jaramillo: “El ministro, la vice y la ministra de Educación, conocen esto perfectamente. Lo pusimos en conocimiento, Daniela y yo, en la mesa al presidente la semana antes de la implementación. Él dijo: ‘¿cuál va a ser el principal problema de la implementación del modelo?’ Y le dijimos: ‘el principal problema que avizoramos desde la Fiduprevisora va a ser el tema de medicamentos’.
¿Por qué? Porque la instrucción que habíamos recibido, y todas las mesas técnicas, fueron en consonancia a una red liderada por Drogas La Rebaja. Con la intervención de Drogas La Rebaja, nos cambiaron la hoja de ruta y de medicamentos implementados a última hora”.
En la conversación se escucha a una persona solicitarle a la ministra de la Educación, Aurora Vergara, suspender la implementación debido a que “no hay respuestas a todas las inquietudes de los maestros…, no se están entregando medicamentos, no hay red, hay es una serie de contratos. (...) Desde hace un mes estamos diciendo: una red no son contratos”.
¡Los docentes deben exigirle a FECODE ejercer la autonomía y la independencia del Gobierno Petro!
Comunicador Social - Periodista
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