El surgimiento de flujos migratorios, producto del miedo y la violencia ejercida en zonas rurales de quienes han sufrido los embates de la guerra entre grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y la fuerza pública, ha sido determinante en la construcción una nueva nación que se ha quedado impávida ante los hechos acaecidos, determinando una nueva dinámica social.
Lo que se ha dilucidado como tal, en relación al conflicto, es una desventaja mayor para los grupos históricamente oprimidos como la población afrodescendiente (de los que solo me ocuparé de las comunidades del Pacífico), quienes son resubalternizados producto del desplazamiento interno, ante las carencias económicas a su llegada a las zonas de alta densidad poblacional en toda la geografía colombiana. Pero que, mediante diferentes estrategias de resistencia han resignificado sus luchas, no solamente en función de lograr la emancipación y la revalorización de sus prácticas ancestrales, sino que también han trascendido en el escenario político en la búsqueda de la restitución de derechos desde sus visiones de mundo.
El aumento sostenido de desplazados en Colombia los últimos 30 años, ha ocasionado un vaciamiento de la zona rural en Colombia, pero también la oportunidad de crear nuevas leyes que protegen a las víctimas del conflicto armado. Desde 1997, momento en el cual el Congreso de la República sanciona la primera ley para la atención, protección y reparación población desplazada, hasta la fecha, el Estado ha delegado en diferentes instituciones la labor de atender y construir toda una política pública que favorezca a dicha población, vinculando una atención especial para las poblaciones étnico-raciales del país. De esta manera, por primera vez emerge el retorno como derecho y mecanismo de reparación, partiendo de los tres principios rectores: “Seguridad, Voluntariedad y Dignidad”. Sentando las bases normativas que permitirían a los migrantes volver a su localidad de origen y continuar su proyecto de vida, tal como lo tenían previsto antes de los hechos victimizantes.
Ad portas de una posible negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Juan Manuel Santos, promueve nuevos elementos que fortalecen la acción del retorno y su función reparadora, concediendo nuevas prerrogativas que favorecen a las víctimas mediante la “Ley de Víctimas” o Ley 1448 de 2011. Disponiendo de novedosos instrumentos para garantizar que el retorno sea derecho transversal en materia de reparación, así como decretos-ley especiales para pueblos étnico-raciales como los afrodescendientes e indígenas y pueblos étnicos es el caso de los gitanos.
Igualmente, en medio de la negociación entre el pasado gobierno y las FARC, estos grupos poblacionales son tenidos en cuenta como víctimas diferenciadas del conflicto y pueblos históricamente oprimidos, lograron la inclusión de un capítulo especial para los “Pueblos Étnicos”, que concibe que el resarcimiento de estas poblaciones debe valorar y respetar sus visiones de mundo y sus construcciones epistémicas (gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016). Siendo abordado el retorno como un tema vinculante del acuerdo.
Bajo esta apreciación, debo afirmar que tal como lo expresan Franz Fanon en coincidencia con la posición Boaventura de Sousa Santos y María Paula Meneses, la victimización de los cuerpos racializados no se vive de la misma forma que en otros cuerpos, no siendo la excepción la población negra. Pues sus nociones diferenciadas movilizan sentidos diversos, que se agencian de manera distinta a las existentes en la Modernidad, no solo desde las relaciones sociales existentes, sino también con el entorno y sus territorios, del cual ellos se sienten parte de él. Esto determina otra perspectiva ontológica diferente a la occidental y por ende dispone de otras miradas en cuanto abordaje del retorno como una exención funcional para la reparación, lo que me hace preguntar: ¿cuándo nuestras comunidades podrán recuperar sus visiones de mundo en sus territorios a través del retorno?
De esta manera, es importante aprehender el concepto de ontologías, con los planteos de Arturo Escobar, el cual reconoce que existen diversas visiones de mundo (o pluriversos, dicho por el mismo Escobar), y cómo se conciben, desde su mirada filosófica y ancestral, temas como el desarrollo, el territorio, la familia, la vecindad, la propiedad, etc. que se vincula estrechamente con la categoría nativa de estar “ombligados al territorio”, que se refiere a la relación que hay entre las poblaciones del Litoral con el territorio en sí. herramientas que permiten reconocer que no hay paralelismos entre las construcciones de pensamiento, sino que hay una transversalidad conceptual entre su cosmovisión y lo moderno, pero que también se cuestiona la imposición de la epistemología occidental, establecida bajo la asimetría propuesta por los grupos dominantes, que muchas veces pretende deslegitimar otras cosmovisiones.
Miradas hegemónicas y contrahegemónicas que se superponen unas con otras y que, generalmente, están sugestionadas y subordinadas por lecturas con un mayor “capital cultural” y conocimiento normativo, no siendo la cuestión del retorno la excepción. Poniendo desventaja los puntos de vista de las comunidades afrocolombianas y, muchas veces, siendo acalladas. Lo que no implica que sean disputadas permanentemente en la por los actores que intervienen en diferentes escenarios públicos, políticos y académicos. Pero, aunque hay visiones hegemónicas presentes, las poblaciones subalternizadas disponen de instrumentos para posicionar los sentidos movilizados respecto a situaciones que los afectan, aunque, a veces son omitidas por los mismos actores estatales.
Para motivar la discusión, estableciendo una relación con las cifras, el desplazamiento subregión del litoral, el acuerdo de paz y el retorno, según la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES) se ha recrudecido, tiempo después de la firma del acuerdo final, pues, hasta la fecha, hay más 200 mil desplazados por la violencia en Colombia, de los cuales el 70% se concentran en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, es decir en la región pacífica. Muestra de ello, son el desplazamiento de 4.000 personas que tuvieron que salir en medio del enfrentamiento armado provocado por las disputas territoriales, de las comunidades de San Pedro y Honda hacia la zona urbana de Tumaco, en enero del presente año. El asesinato de los líderes Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo, en presencia de la comunidad en Micay y la amenaza a 3 líderes más, que provocó el desplazamiento de 80 personas de las veredas Agua Clarita, Nayita y Zabaletas; o la escalofriante cifra que presenta el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, (CODHES), en la cual registra que 20.231 personas afro-colombianas y 10.036 indígenas han sido desplazadas solo en lo que va corrido de 2020; hechos que nos muestran la lejanía con la paz y la estabilización social en estos territorios.
Desde esta perspectiva, aprehendo el término de la socióloga Aurora Vergara de territorios vaciados, que permiten justificar la falta de operatividad del Estado en la zona del litoral, estableciendo una movilización de sentidos entre los agentes gubernamentales y la opinión pública, que justifican su laxo accionar argumentado desde lo atrasado, lo inhóspito y poco poblado, lo marginal, lo secular de sus prácticas ancestrales, lo pobre, y, por su puesto, lo potencialmente colonizable de estos territorios, que no merece la misma atención de otras zonas con mayor productividad. Lo que diluye las posibilidades de las comunidades afrocolombianas de retornar, pues según un estudio realizado por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, en Colombia solo el 30% de la población desea retornar.
Esto está estrechamente relacionado con acción del Estado en materia social, pues el persistente abandono estatal en el litoral, no solo de este gobierno, sino también de los anteriores, que han propiciado una descompensación en materia social en esta subregión. Evidenciando que esa desatención puede estar fundamenta a la falta de la poco mencionada “soberanía social”, que se constituye en el derecho inalienable del individuo y los grupos sociales de gobernarse, reconocida en el argot jurídico y comunitario nacional como “autonomía”.
El autogobierno o la autonomía, que está contemplado en el la carta magna colombiana, la jurisprudencia emanada por las altas cortes y las leyes especiales para poblaciones afrocampesinas. Sin embargo, las instituciones del gobierno han maniatado estas visiones y, por el contrario, propician situaciones para que primen las visiones desarrollistas, eurocéntricas y modernas, disminuyendo el hacer comunitario, que podrían cohesionar estos territorios desde su mirada de bienestar o desarrollo alternativo, pues se debe tener en cuenta que la mayoría de cultivos ilícitos se encuentran en territorios colectivos de comunidades negras, pues, el 40% de las 171 mil hectáreas de coca se ubican en la región del Pacífico, según el informe publicado en 2019 por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI-, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Limitando aún más el interés de retornar, pese a que algunos quisieran volver.
Esto, me permite entender que, al no haber una correspondencia entre la soberanía social y la soberanía política, al Estado no fortalecer económica y socialmente los territorios, otros actores pueden ejercer el control territorial y disponer de estos territorios para otras actividades, en especial las ilícitas. Una zona con baja presencia del Estado a nivel militar y social, como el Litoral del Pacífico, es un edén para las estructuras delincuenciales, quienes se aprovechan de las necesidades económicas de las comunidades para favorecerse y promover el narcotráfico.
Como expone Oscar Almario, las estructuras le entregan dinero para sembrar, comprar agroquímicos, recoger la cosecha, transportar las hojas de esta planta a los laboratorios y centros de acopio, siendo además muy bien remunerada. Convirtiendo a las comunidades en eslabones funcionales de este macabro contubernio entre grupos ilegales y narcotraficantes, del cual muchas veces es bajo la coerción de las estructuras criminales. Conllevando a los habitantes de las zonas rurales del Litoral a aventurarse a capitanear embarcaciones de alto cilindraje para transportar pasta básica de coca hasta Centroamérica y la Costa Oeste de los Estados Unidos. Pero a quienes no aceptan las tentadoras ofertas, son expulsados o asesinados, hecho que despliega una serie de complejidades que limitan que las comunidades quieran retornar.
Los horrores de la guerra persisten a esta olvidada región colombiana y en estas zonas periféricas “la paz aún no llega”. Sin embargo, sin la entremezcla de la soberanía política con la autonomía no será tarea fácil, sin el fortalecimiento de la acción comunitaria y sus organizaciones, la actividades productivas y el retorno de la población a sus territorios. Y quiero hacer énfasis en el retorno, por las razones que expresa Amelia Fernández y Roberto Vidal, publicadas anteriormente en esta revista: Es más económico retornar que hacer una reparación en zonas urbanas; disminuye los niveles de pobreza urbana y la inseguridad; el retorno es una oportunidad para que el Estado recupere la soberanía de zonas donde había perdido con los actores del conflicto armado.
Pero para que esto suceda, se hace necesario que el gobierno replantee su estrategia, se pongan en marcha los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fueron un compromiso adquirido tras el acuerdo con las FARC, en el punto número 1, que establece una Reforma Rural Integral donde se reconozcan para los pueblos étnicos acciones diferenciadas; propicie escenarios de diálogo con los actores del conflicto; contribuya al desarrollo de la región y que exista un matrimonio ineludible entre soberanía social ejercida por las organizaciones étnicoterritoriales con la participación de las poblaciones rurales del litoral y la soberanía política del Estado, para mejorar las condiciones de quienes siguen resistiendo y pretenden potenciar el territorio desde sus lógicas de bienestar.
De lo contario, es inminente el vaciamiento total del territorios y será una utopía que los “ombligados al territorio” puedan retornar. Claro está, contando con los mandatos contemplados en la normativa y las miradas diferenciadas de la población afrocolombiana, quien desea construir de adentro hacia fuera. Concibiendo el retorno como un proceso que fomenta el desarrollo rural desde su cosmovisión, que establece una relación directa con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la agroecología, la silvicultura comunitaria en áreas degradadas por la minería, pesca artesanal, la sustitución de cultivos ilícitos con productos aprovechables para la seguridad y soberanía alimentarias, entre otras dinámicas productivas asociadas al pensamiento de los pueblos negros y el cuidado del territorio del que ellos se sienten parte de él.
