El rey COVID-19 resolvió convocar a un concurso abierto para vampiros y ratas de alcantarilla, con el fin de tener un digno émulo con quien compartir el peso de su macabra corona. Del mundial territorio de su dominio, escogió a Colombia por ser este país el ganador indiscutible de la corrupción y por ende del mayor número de aquellos animales, bautizados así por su presidente. Y resolvió también que el único jurado calificador fuera usted, apreciado lector. Abierto el concurso fueron centenares los participantes y cada lector que hacía de jurado se vio a gatas para elegir el ganador. Con buen criterio acordó calificar no solo el ítem de las cuantías de los trabajos presentados, sino, y más que tod, el ingenio, la sagacidad y especialmente la malignidad demostradas por los participantes en ellos.
Así las cosas, el jurado descartó por repetidos los contratos con sobrecostos del 30 o 40 % otorgados a dedo en muchas alcaldías y gobernaciones: los $47.000 por transporte de cada kit que costaban $120.000 cada uno en Nariño; los kits con productos podridos del ICBF; en fin, todos esos contratos en que se gastaron siete billones por urgencia manifiesta, sin que los kits de alimentos llegaran; los médicos y servidores de la salud tuvieran dotación biomédica ni siquiera humildes tapabocas, salarios o sueldos; y sin que los hospitales fueran dotados con ventiladores, respiradores, camas y adecuación de UCIS. Es que el grueso de esa plata se quedó como pago de favores recibidos por gobernantes y congresistas.
Pero es que el ejemplo lo dio la dirección de gestión de riesgo y por ser ejemplarizante, el jurado lo escogió como posible ganador. Fueron 1.800.000 mercados en los que una lata de atún de $5.000 se cotizó por el doble, sino más, dejando una ganancia de no menos de cinco mil millones que se repartieron de a medias, suponemos, las partes contratantes. Y eso en latas de atún. ¿Y en los demás productos? Por eso se calcula entre veinte y cuarenta mil los millones que se embolsicaron
Calificó también el alcalde de Valledupar, quien por alguna fuente supo del concurso anticipadamente y contrató la confección de cientos de banderas para adornar el parque donde esperaba ser coronado ganador.
No se quedó atrás el de Barranquilla, contratando por dos mil millones la preparación de la asamblea del BID. Escandalizado el rey COVID-19, impidió que la asamblea se realizara. Luego se arrepintió cuando supo que se habían destinado tres mil trescientos cincuenta millones para estudio y diseño de parques en los que él se divertiría y nueve mil cuatrocientos millones para comunicaciones que él no necesita.
Otro posible ganador fue doble: Finagro y el Ministerio de Agricultura que crearon la LICA (un sustituto de AIS que tiene preso a Uribito), Línea de crédito agrario por doscientos veintiséis mil millones, aprobada el 27 de marzo por el ministro y que el 31, 4 días después, el 96% la habían copado grandes empresarios como Macpollo, Arroz Roa, etc., dejando a los campesinos pequeños y medianos, a los que supuestamente favorecerían esas millonadas, en nada. Es claro que para haber copado la línea de crédito en tan solo 4 días, los interesados sabían de antemano de ella y sus valores. Y por supuesto, la banca intermediaria se apresuró a descontar su 6% de comisión.
Ingreso Solidario es otro que califica, especialmente por mentiroso, hipócrita y por supuesto, ladrón. Se creó para entregar $160.000 mensuales a tres millones de beneficiarios, de los cuales resultaron 23.000 con cédulas irregulares, 8.000 canceladas, 300 correspondientes a muertos y 11.219 que salieron beneficiadas no aparecen en el archivo de la Registraduría. Hubo cédulas con números especiales, como 11111111, 2222222, etc., con las cuales podrían cobrar el auxilio dos personas distintas. Tres mil doscientos millones mensuales aproximadamente se embolataron en el camino y los ilusos desempleados y vendedores ambulantes se quedaron viendo un chispero. Tal sería el caso que a este día, a nadie le ha llegado el tal Ingreso Solidario.
Pero aquí viene la estrella del certamen. Resulta que el Decreto 518 del 7 de abril que creó el Ingreso Solidario, en el parágrafo 1 del artículo primero consagra en sus dos renglones finales la impunidad total “para quienes participen en la implementación de este programa”. Sin vergüenza ni reato alguno el presidente firma el decreto, después de que él mismo tildó de ratas de alcantarilla y vampiros a quienes se benefician, trafican y abusan de la necesidad y credulidad de las gentes, mientras su majestad COVID-19 sigue haciendo de las suyas.
Usted, apreciado lector, como jurado que es, escoja al émulo del rey COVID-19 a ver si este se aplaca al tener con quién compartir su macabra corona.
