La Fiscalía con sus agentes del C.T.I. lo buscan por cielo y tierra, incluso solicitaron a la Interpol que expidiera circular azul para lograr su ubicación. Esta circular es utilizada para conseguir una mayor información sobre la identidad de una persona, su ubicación o paradero o sus actividades delictivas en relación con un asunto penal.
Llama la atención la decisión de la Fiscalía pues durante esta semana han cobrado fuerza los rumores de que el legislador huyó hacia el país de sus ancestros: Siria o Libia, utilizando como puente a nuestros países vecinos para lo que aprovechó su investidura de congresista, que no requiere visa para el ingreso a esos países y tomar el vuelo al medio oriente donde no existe tratado de extradición con Colombia.
La Sala Segunda de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de abrir investigación y ordenar la captura del congresista por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer con base en las declaraciones rendidas por el exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus y la propia declaración de Musa Besaile, quien reconoció haber entregado la suma de dos mil millones de pesos a Moreno con destino a los magistrados de la Suprema, Ricaurte y Malo, como parte de una supuesta extorsión de la cual fue víctima. Hecho que desmintieron Luis Gustavo Moreno y Alejandro Lyons Muskus.
Este último en declaración que rindiera frente a una Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Colombia, que se trasladó el pasado 7 de septiembre de este año a la ciudad de Miami, Estados Unidos, indicó que en Bogotá fue contactado por Besaile Fayad donde le puso en conocimiento que le estaban pidiendo una suma de dinero para frenarle una orden de captura dentro de la investigación que se le adelanta por la parapolítica. Luego se reunieron en el Centro de Convenciones de Montería, donde Besaile le pidió que le colaborara con mil millones de pesos para pagar los dos mil millones que le estaba exigiendo el entonces Director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. Sin embargo, Lyons le dijo que solo le podía conseguir 600 millones. Dinero que le correspondía al senador como parte de acuerdos dentro de la corrupción para desfalcar al departamento de Córdoba, los cuales le entregó cuatro días después en su apartamento del Barrio El Recreo de Montería. Señaló que él tenía 400 millones y llamó a un funcionario de su administración Sami Spath, quien le prestó y llevó personalmente los restantes doscientos millones, ayudando también a contar y empacar el dinero en presencia de Musa Besaile.
Al día siguiente de conocida la emisión por parte de la Corte Suprema de la orden de captura contra el congresista, su abogado defensor Julián Quintana indicó que dicha orden no era necesaria porque su defendido había comparecido voluntariamente las veces que la Corte lo citó, que se encontraba enfermo en su residencia y que se entregaría en las próximas horas, empero eso nunca sucedió. Sin embargo, el pasado viernes 29 de septiembre el segundo defensor del legislador, Víctor Mosquera Marín, presentó una demanda contra Colombia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidió medidas cautelares para garantizar que la víctima pueda cumplir el periodo por el cual fue elegido como senador de la República de Colombia.
Entretanto, el abogado Quintana solicitó a la Corte la nulidad del instructivo por una presunta violación al debido proceso y quebrantamiento del derecho a la defensa al practicarse las pruebas que inculpan a su cliente y no las pruebas solicitadas por la defensa, indicando además que el senador no ha confesado ningún delito sino que denunció unos hechos delictivos que comprometen a Luis Gustavo Moreno.
¿Víctima o victimario?
Los senadores de la República al igual que cualquier servidor público tienen la obligación de cumplir y obedecer la Constitución y la Ley. Así lo juran al momento de tomar posesión de su cargo. Cualquier actuación en sentido contrario los convierte en infractores susceptibles de ser investigados disciplinaria, penal o fiscalmente.
Al contrario de lo que manifiesta el abogado Quintana, su defendido confesó la comisión de un delito, así lo demuestra el hecho de haber entregado una suma de dinero para frenar una inminente orden de captura en su contra dentro de la investigación de la parapolítica que se le adelanta desde 2007 con base en las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por la conformación del famoso "sindicato 'Todos contra Juancho López' ", del que él hizo parte junto con el Senador y Representante a la Cámara condenados Miguel Alfonso de la Espriella Burgos y Reginaldo Montes Álvarez, entre otros, con el fin de que su candidato Juan Carlos Aldana Buelvas ganara las elecciones a gobernador de Córdoba del año 2003.
Es el único de los ex y parlamentarios actuales que no ha sido detenido por dicha investigación. Tenía y tiene interés de no ser capturado, por lo cual actuó con conciencia y voluntad de infringir la ley más no presionado por una supuesta concusión como lo tratan de hacer creer.
Es más hay un hecho punible que la Corte aún no ha visto y es el concierto para delinquir que se presenta cuando varias personas se reúnen y se ponen de acuerdo para conformar una sociedad con el fin de cometer un ilícito, tipificado en el artículo 340 del Código Penal o ley 599 del 2000 y sancionado con pena de prisión de tres a seis años, porque está claro que Luis Gustavo Moreno se reunió con el congresista Besaile Fayad proponiéndole el hecho ilícito para frenar la orden de captura en su contra, éste a su vez se reunió con el exmagistrado Francisco Ricaurte quien a su vez era muy cercano al Magistrado Gustavo Malo, que para ese momento le adelantaba la investigación por la parapolítica.
A su vez, se reunió con Lyons Muskus para que le consiguiera, en primera instancia, mil millones de pesos que, finalmente, quedaron en la suma de los seiscientos millones que le entregó el exgobernador de Córdoba en su apartamento en compañía de su funcionario de confianza y asesor jurídico Sami Spath Storino, un oscuro personaje cuyo nombre salió a la palestra pública luego de que el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán, recibiera la denuncia en el año 2013 de un contratista de la gobernación que aseguró que tuvo que comprar una póliza dos veces porque de la Gobernación de Córdoba se la devolvieron exigiéndole que debía comprarla en una agencia de seguros que le pagaba comisiones a Spath Storino. En esa oportunidad el Secretario de Transparencia de la Presidencia, indicó que “el señor Spath estaría abusando de su cargo en beneficio propio, porque, como asesor en contratación, revisa la legalidad de las pólizas de seguro y, por otra parte, es el comisionista que las vende”.
Con todos estos personajes que contribuyeron y se repartieron el trabajo para evitar la expedición de la orden de captura contra Musa Besaile Fayad, se encuentra más que demostrada la existencia del punible de Concierto para Delinquir.
¿Quién es el socio de Alejandro Lyons? ¿Sami Spath Storino?
Spath Storino, un abogado cereteano, pasó a ser de un simple comisionista de seguros a asesor jurídico del exgobernador Lyons Muskus, donde se convirtió en su socio en el desfalco de la salud y las regalías del departamento. Su familiar Diana Carolina Spath Espinosa es la representante legal de la IPS Unidad Integral de Terapias de la Costa envuelta en el escándalo del “Cartel de las terapias”.
Del exasesor de Alejandro Lyons se dice que habría recibidos 30 mil millones de pesos del “Cartel de las regalías” y 15 mil millones del cartel de la hemofilia. Era el encargado del lavado de dineros obtenidos de la corrupción durante la administración Lyons Muskus a través de sociedades y varias empresas de las que hace parte en Estados Unidos, Italía y Panamá. En este último país creó en el 2014 la empresa Panavital S.A., sociedad constituida en la Notaría Décima del Circuito de Panamá, cuyo objeto también es la atención a niños con deficiencias de neurodesarrollo de la cual funge como vicepresidente, como tesorero el investigado por el “Cartel de la hemofilia”, Adalberto carrascal, quien durante la administración Lyons Muskus se desempeñó como médico de la Secretaría de Salud de Córdoba y como Secretaria Yolima Rangel, representante legal de la Ips Crecer y Sonreir también investigada por el “Cartel de las terapias”. Es decir, una sociedad de corruptos.
A pesar de que la Fiscalía solicitó el pasado domingo a la Interpol emitiera circular azul aún no se ha logrado establecer la ubicación o paradero de Musa Besaile, por lo que el siguiente paso debería ser solicitar la circular roja para tratar de lograr su captura y buscar la extradición, de ser posible, del congresista hoy prófugo de la justicia para que responda por la comisión de estos delitos que hoy tienen sumido en la miseria al departamento de Córdoba
