¿Y después de elecciones qué?

¿Y después de elecciones qué?

'Cueste lo que cueste, este sistema electoral de la edad de piedra deberá transformarse'

Por: Leandro Felipe Solarte Nates
octubre 26, 2015
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¿Y después de elecciones qué?

Esperando que los mandatarios departamentales y municipales elegidos cumplan siquiera con la mitad de lo prometido en sus flamantes ‘programas de gobierno’, calcados unos de otros, y gran parte de los presupuestos públicos no se vayan en pagar favores a los políticos, empresarios y ‘contratistas’ de toda calaña que ‘generosamente’ les financiaron las cada vez más costosas campañas -sobre todo por la creciente costumbre de comprar votos desde los trasteos de inscritos hasta el día de la votación- es importante reflexionar sobre el vetusto sistema electoral vigente en Colombia “desde hace más de 80 años, cuando el país era predominantemente rural”, según palabras del Registrador Nacional invitado al programa “Semana en vivo”, transmitido por Cablenoticias y dirigido por María Jimena Duzán.

Este sistema electoral semifeudal, diseñado cuando la energía eléctrica era un lujo de pocas ciudades, hasta hace poco se ha prestado para que las elecciones sean manipuladas desde el nombramiento de los registradores departamentales y municipales, según las necesidades de los caciques políticos que en determinado momento tengan mayor influencia sobre la Registraduría Nacional. El engendro está hecho a medida de politiqueros que prefieren entorpecer el acceso de la mayoría de la población en edad de votar a las urnas, para no arriesgarse al voto de opinión, y más vale asegurar su elección o reelección controlando sus manadas cautivas pasando desde las que tienen empleadas en las entidades que controlan y deben multiplicarles el número de cédulas cautivas para mantenerse en los puestos u obtener contratos.

Esto sin contar los votantes que trashuman con todos los gastos pagos (aunque este año les salió el tiro por la culata), y los que compran el día de elecciones, pues esta costumbre que se inició en la costa atlántica ya es patrimonio nacional. Aunque el registrador aseguró que con los ajustes o remiendos técnicos hechos al sistema ya controlaron la posibilidad de que manipulen los resultados en el escrutinio de los votos y en la elaboración de las actas electorales, no hay que olvidar que hasta hace poco se descubrió en la Registraduría una mafia que en apartados municipios, por cuantiosos millones, les conseguían votos milagrosos a candidatos que estuvieran disputando curules por fotofinish. A pesar de existir desde hace cuatro años la ley que exigía la implantación del voto electrónico y la extensión de horarios de votación los congresistas ‘la mayoría viejos zorros y marrulleros del clientelismo tradicional’, se hicieron los locos y prefirieron aplazar la medida y engavetar un nuevo código electoral y una verdadera reforma política moderna que dé garantías a todos los partidos políticos y, especialmente, a la oposición.

Cueste lo que cueste este sistema electoral de la edad de piedra deberá transformarse para las próximas elecciones acompañado de reformas políticas y el Estatuto Electoral, que entre otras cosas son puntos acordados para el posconflicto en las negociaciones entre delegados del Gobierno Nacional y las Farc en La Habana. Son exigencias para impulsar la democracia participativa de el número cada vez mayor de colombianos que por decepción, indiferencia e ignorancia prefieren no participar en unas elecciones que consideran una farsa para abrirles las arcas de los presupuestos públicos a los ratones para que cuiden el queso. En la nueva reforma política, los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales deberán promoverse como verdaderos voceros de las comunidades en el control de los recursos y políticas públicas, y no en simples chantajistas para exigir beneficios a cambio de sus votos de apoyo a los acuerdos y ordenanzas presentadas por alcaldes y gobernadores. Los ediles y organismos cívicos de control a los programas y obras públicas también deberán promoverse como estrategia para combatir la corrupción administrativa y garantizar la ejecución de proyectos y obras de beneficio social ofrecidas por los mandatarios elegidos en sus programas de gobierno. Son inquietudes posteriores al guayabo electoral.

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