Cuando el gobierno habla de unidad nacional, lo que realmente quiere decir es que están abiertas las matrículas para que los congresistas que quieran más lentejas se inscriban; a cambio, simplemente, de respaldar algún nuevo proyecto de ley.
Lo de unidad nacional es apenas el adorno de la invitación. El gobierno sabe que ni el Congreso ni sus integrantes representan a la nación, y que entre estos jamás podrá haber unidad, dado que no dejan de faltar congresistas reacios a la mermelada, bien por honestidad —que son muy pocos— o bien porque la iniciativa resulta contraria a los intereses particulares del sector oligárquico al que representan. La expresión es, pues, solo una máscara que puede saltar en añicos en las primeras de cambio, ya que el gobierno siempre tendrá dentro de la manga un manojo de más razones para hacer que la iniciativa pueda ser respaldada sin mayor sonrojo.
Actualmente está corriendo la idea de una nueva reforma laboral, cuya presentación al Congreso aún no se ha surtido, pero que ya goza del respectivo moño: promover el empleo y disminuir la informalidad. No hay nada de original en esta formulación, pero sí una curiosidad. Dice el gobierno que la reforma no se ha redactado aún y que ha conformado una comisión de expertos, entre ellos uno internacional, para que le defina su contenido.
Sería bueno que se nos explicara el para qué de una comisión si tales contenidos ya están definidos desde antes que a Duque lo llevaran al solio presidencial. Al fin de cuentas, su elección, como ha pasado siempre, no está orientada más que a garantizar el desarrollo de viejos programas neoliberales, entre ellos el de la flexibilidad laboral, cuya profundización es el motivo real de la reforma.
Esta comisión, en consecuencia, no tendrá más que acudir a los a los cacaos económicos a preguntarles qué quieren. Allí encontrarán todo el material necesario para establecer esos contenidos; lo que seguirá, simplemente, será ver al gobierno untándoles la mano a los congresistas que sean necesarios para convertir la iniciativa en ley de la república.
Según los anuncios, el proyecto será presentado en el 2021, pero lo más seguro es que lo sea este año; al fin de cuentas, al gobierno le conviene salir pronto de este compromiso con sus promotores políticos, lo más atrasado de las oligarquías, y para ello está que ni anillo al dedo el COVID-19, que se presenta como escudo protector ante las reacciones de los sindicatos, hoy prácticamente inmovilizados por las amenazas de muerte derivadas de la pandemia, que de las otras amenazas siempre ha sabido cómo defenderse, no obstante los resultados.
