Dentro del marco de acontecimientos que tuvieron como escenario a Santiago de Cali, aquel 28 de mayo de 2021, cuando se conmemoraba pacíficamente y con actos culturales un mes de las protestas que, en contra del cuestionado gobierno del presidente Iván Duque se habían iniciado en el mes de abril, en tanto que habría puesto el poder del ejecutivo a disposición de los intereses de las grandes corporaciones, desatendiendo las necesidades más urgentes del pueblo, y, principalmente, de los sectores más afectados por la entonces reciente pandemia de covid-19, dentro de ese marco, se haría célebre de manera particular un siniestro personaje, el señor RAFAEL ANRÉS ESCOBAR, hoy concejal de Cali por el Centro Democrático (obvio), quien se habría concertado con la policía y otros habitantes del reconocido sector de Ciudad Jardín, para atacar con armas de fuego a los manifestantes que por ahí se encontraban; de ello dan cuenta múltiples videos y fotografías que capturaron claramente su imagen y su belicoso accionar.
Las escenas no solamente fueron capturadas por las cámaras de valientes comunicadores sociales, como el youtuber Jafran (que venía haciendo un seguimiento detallado de las protestas), y que contribuyeron para la judicialización respectiva de los hechos, sino que fueron presenciadas por miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, algún alto servidor del Ministerio Público, e inclusive de la Misión de Apoyo al proceso de paz (Mapp OEA), quienes veían impotentes a una fuerza pública puesta al servicio de civiles que accionaban sus armas y agredían físicamente a jóvenes indefensos, tal como fue el caso del músico Álvaro Herrera, que se especializaba en la interpretación del corno y participaba del “cacerolazo sinfónico”, y que fue aprendido violentamente, golpeado, lesionado, su instrumento musical hurtado, y retenido ilegalmente por la fuerza pública en la Estación de Policía La María, donde fue sometido a tortura física y psicológica, junto con otros jóvenes que fueron llevados en las mismas circunstancias. Cinco civiles y doce policiales serían vinculados al proceso penal respectivo, por acción y por omisión.
Así pues, el señor RAFAEL ANDRÉS, ante lo evidente de los ilegales hechos, le fueron imputados en junio de 2022, después de una seguidilla de aplazamientos y tramoyas de la defensa, los delitos de “usurpación de funciones públicas” y “empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”, no obstante que las evidencias indicaban claramente que se “concertó para delinquir”, y que, en tal sentido, tendría algún nivel de responsabilidad por la “privación ilegal de la libertad” y la “tortura agravada” de la que fueron sujetos pasivos los jóvenes marchantes.
Contrario a la forma en que la fiscalía del señor Francisco Barbosa ha actuado con los jóvenes manifestantes, a los que ese órgano investigador ha denominado arbitraria y efectistamente como bandas “primera línea”, y a los que se les judicializó en fechas claves como lo era el primer aniversario del inicio de las protestas del 2021, o previas a las elecciones presidenciales del 2022, haciéndolo con órdenes de captura, pidiendo medidas de aseguramiento intra-murales, con inflacionismo punitivo y justicia mediática, además sin material probatorio pertinente y conducente a establecer y demostrar responsabilidades de los encartados; contrario a todo ello, al señor RAFAEL ANDRÉS ESCOBAR (insisto en usar su nombre completo para diferenciarlo del malogrado futbolista de la selección Colombia, querido, ese sí, por todos), no obstante la contundencia del material probatorio, que lleva a asegurar inclusive que el arma que usaba el 28 de mayo era de fuego y no traumática, y no obstante la gravedad de su conducta (ligada probablemente a un tráfico ilegal de armas que se ha hecho pública en medios), se le vinculó judicialmente al proceso penal mediante citación (no por captura), sin solicitud por parte del ente investigador de medida de aseguramiento alguna, y, no obstante la solicitud de los representantes de víctimas, imponiéndosele una medida no privativa de la libertad, es decir, quedando sin restricción física alguna.
Después de este periplo judicial, y siendo que el señor Escobar intentó pasar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos con destino a este último país, lo que indicaría su intención de evadir los resultados judiciales, el proceso no avanza y la medida extramural no se revoca.
Queda claro que nuestro personaje, el señor Rafael Andrés Escobar, fue habilitado por la fiscalía del anodino Francisco Barbosa para lograr posicionarse en el concejo de Santiago de Cali (mientras inhabilitaba de cualquier aspiración política a jóvenes líderes que participaron de la Resistencia), haciéndole una ficha más del uribismo en el territorio caleño, y de manera muy particular de la senadora María Fernanda Cabal, ratificando así la cercanía que el Fiscal General de la Nación tiene con esa extrema derecha que tanto se opone a la posibilidad de cambios sustanciales en nuestra maltrecha sociedad.
A los malogrados y bochornosos intentos de la Fiscalía por precluir la investigación que por manipulación de testigos hay en contra de Álvaro Uribe Vélez, se suma, entre otros hechos, este del señor Rafael Andrés Escobar, a quien, por lo pronto, le han puesto por tarea borrar la memoria de lo acontecido en el 2021, y en ese sentido, contrario a plantearse propuestas para mejorar las condiciones de vida de los caleños (su capacidad tal parece que no da para tanto), se ha puesto como mira derribar el reconocido, nacional e internacionalmente, “puño de la resistencia”, ubicado en Puerto Resistencia, y con él, violentar los murales que en la ciudad han sido alzados para guardar la memoria de todo lo acontecido en ese año, cuando decenas de personas fueron asesinadas, otras mutiladas, lesionadas, torturadas y violentadas por manifestarse en contra de un sistema y un Estado perverso y corrupto.
*Defensores de DDHH N21
