El trabajador colombiano de bajos ingresos se encuentra en desventaja frente al trabajador venezolano por los reducidos costos de mano de obra ofrecidos, por eso no es sorpresa que las grandes cosechas del campo colombiano sean recogidas por trabajadores venezolanos, a los cuales no les exigen ningún tipo de formalidad para darles trabajo, por lo cual el trabajador colombiano se ve abocado a buscar otro tipo de actividad. Y no solo en el campo, lo vemos en sectores como restaurantes y comercio en general formal e informal. Fueron capaces de desplazar a los vendedores y mendigos colombianos de TransMilenio.
Sin embargo, el problema más grave lo generan los venezolanos que ingresaron regularmente al país y cuentan con el documento PEP para que tengan la posibilidad de formalizarse laboralmente y bajo nuestro sistema general de seguridad social integral. El trabajador venezolano no está obligado a cotizar pensión, lo cual es un beneficio para el patrono porque no tiene que asumir el 12% que le corresponde legalmente, pero que si contrata un colombiano debería asumir indiscutiblemente. Ahí obviamente el trabajador colombiano queda en desventaja frente al venezolano.
Y qué decir del millón de venezolanos irregulares, los cuales pueden cometer cualquier tipo de fechorías robos, atracos y hasta asesinatos sin que los podamos judicializar porque no tienen ningún documento de identidad, quedando en la impunidad la mayoría de veces, así sean capturados en flagrancia.
En consecuencia, este gobierno debe tomar medidas urgentes al respecto por intermedio de Migración Colombia, a quienes le hemos escrito para que le otorguen el documento PEP a la mayoría de venezolanos para identificarlos y saber qué hacen, dónde están y poder organizarlos en algún emprendimiento productivo. De no ser así, nos tendremos que acostumbrar a la grave inseguridad justificada que generan esos individuos por su diaria lucha por la subsistencia y la de sus familias.
Por otro lado, en materia pensional la salida más objetiva para proteger al trabajador pobre colombiano es habilitando y flexibilizando el programa PSAP (Programa de Subsidio al Aporte en Pensión, a través de colpensiones). Esta es la única forma de garantizar la igualdad del trabajador pobre colombiano con el trabajador venezolano.
No obstante, con la expedición del Decreto 387 de 2018, el gobierno Santos sentenció el cierre gradual del programa PSAP que beneficia a más 325.000 colombianos de bajos ingresos. Un hecho desafortunado para el país, pues fue reemplazado por el programa BEPS, que no es ahorro para pensión, sino un simple seguro para la vejez, donde pensaban trasladar con engaño los beneficiarios del PSAP (aunque en 5 años solo han podido afiliar 13.000 trabajadores).
Ahora bien, con en el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se dispuso que el gobierno nacional reglamentara las condiciones para el traslado entre el Sistema General de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), también la forma en la que el Programa de Subsidio al Aporte en Pensión se cerraría gradualmente, manteniendo una alternativa para quien quiera obtener pensión.
Y entonces la pregunta que nos debemos hacer todos los colombianos es cuál es el programa de alternativa para quien quiera obtener pensión. Como dice el decreto, el PSAP se cerrará gradualmente porque no pueden cerrarlo de tajo; sin embargo, el actual gobierno recientemente lo habilitó, pero por supuesto restringiendo y empeorando las condiciones de ingreso para que pocos o ningún colombiano acceda a él. En el 2018 la edad de ingreso al programa era de 35 años y se necesitaban tener cotizadas 250 semanas al sistema. En el 2020 la edad de ingreso se amplió a 40 años y las semanas cotizadas, a 650. A leguas no quieren subsidiar ningún colombiano de bajos ingresos y mucho menos a los jóvenes pobres, los cuales necesitan ese incentivo para creer en el ahorro para su pensión por invalidez, vejez o muerte.
Debemos unirnos como país, más aún en época de pandemia, y exigir a este gobierno tomar medidas serias y objetivas que nos permitan avanzar como sociedad para superar la actual crisis económica y social en pro del desarrollo socioeconómico deseado.
