Luego de las convulsiones producidas por la protesta social y cuando las tormentas del campo comienzan a apaciguarse, llega una calma chicha que obliga a preguntarnos qué sigue y cuál es el plan que resuelve el pliego de peticiones del conflicto armado y del conflicto social del país.
Frente a los diálogos con las guerrillas, en Colombia pareciera que cada uno tuviera en su cabeza un tipo distinto de proceso de paz, motivados tal vez por fundamentalistas de la palabra, prevenidos por la ausencia de hechos de paz por parte de las Farc y del ELN, por los intereses políticos en juego y removidos por las pasiones, las frustraciones y las sensaciones que produce un posible acuerdo con un enemigo detestado por los colombianos.
Por eso en el país persiste el pesimismo, los desacuerdos para lograr equilibrios entre justicia y paz, y la confrontación verbal ante la posibilidad real de cerrar un conflicto armado complejo y cincuentenario.
Sobre una de las 2 orillas están quienes piensan que todos los integrantes de las Farc deben morir en combates con las fuerzas del Estado, que se pueden contar sus cadáveres, alinearlos sobre una superficie donde queden tendidos todos sus efectivos y fusiles; los que queden vivos, encarcelados vistiendo pijamas a rayas, como la de alias Abimael Guzmán el legendario guerrillero de Sendero Luminoso, que terminará sus días en la Base Naval del Callao, en Perú; ese es el escenario ideal de buena parte de los que no están de acuerdo con lo que pasa en Cuba.
Sobre la otra orilla cuesta arriba, pedalea el gobierno concentrado en una agenda con las Farc, donde a cada uno de los puntos del acuerdo general para la terminación del conflicto le salen vericuetos y se le atraviesan palos en la rueda; sobre esa orilla, por la misma lógica de una democracia vibrante, acceden quienes no están de acuerdo con los términos de las conversaciones y promueven que lo que acuerde este gobierno, terminará con la entrega del país a la izquierda radical.
La Universidad Javeriana de Bogotá, recientemente reflexionó sobre estas tendencias y cuestionó el por qué negociar con el ELN. Expertos y analistas participantes coincidieron en la necesidad de cerrar el conflicto con los dos grupos más beligerantes, para darle la oportunidad al Estado de reconstruir el país rural, pagar la deuda social, profundizar la democracia, estabilizar las sociedades rurales y urbanas, hasta romper la relación exacerbante entre el conflicto social y el armado.
Otro asunto que llamó la atención fueron los costos del conflicto. Algunos expertos definen el conflicto como una máquina trituradora de los recursos del Estado, y estiman que a la nación le cuesta $60.274 millones de pesos una jornada diaria para su defensa y seguridad.
Sin Farc, sin ELN, y con una Fuerza Pública desempeñando roles consecuentes con un escenario de posconflicto, es posible que con parte de esos recursos se puedan desplegar planes de reconstrucción y estabilización de las comunidades excluidas del desarrollo, con mecanismos vinculantes y obligatorios para toda la institucionalidad.
Dentro dela coyuntura nacional, el presidente se enfrenta a una encrucijada: ampliar sus márgenes de gobernabilidad y de favorabilidad. Los cambios en el gabinete ministerial no garantizan que las políticas públicas se ejecuten con mayor celeridad, pero sí es un reto inmediato para el equipo cercano al presidente, la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto armado y el diseño de su muy segura campaña hacia la reelección.
Por eso, la necesidad de construir un plan que responda estructuralmente a la protesta social y a lo que se acuerde en La Habana. Se debe contar con un plan A y un plan B que den respuesta a la magnitud del problema, y a las hipótesis: que los colombianos no avalen lo que se acuerde en La Habana, que los paros, bloqueos y protestas reincidan por la falta de respuesta rápida del gobierno, que el ELN y las Farc dilaten la mesa de negociaciones más allá de los tiempos políticos, que las negociaciones no lleguen a feliz término, que el presidente no gane la próxima contienda electoral; que siga la guerra...
Pese a los obstáculos que contiene una compleja negociación de esta naturaleza, el gobierno deberá hacer nuevos cálculos y ajustar sus estrategias, poner el acelerador a fondo, lograr una masa crítica que impulse los consensos y la fuerza necesaria que estimule la reacción y aprobación en cadena de los colombianos hacia la terminación del conflicto y los contenidos de las negociaciones con las guerrillas marxistas-guevaristas.
El presidente, simultáneamente, debe lograr mayor credibilidad y cercanía con el país rural y mostrarle cuanto antes a los colombianos cuál es su plan, pues son ellos, los que finalmente decidirán si va o no, a un segundo período de gobierno.
