Se ha sostenido y, con justa razón, —razón que dan los hechos que van pasando— que la Justicia colombiana se legitima por la protección a la víctima; pero, ante sucesos actuales de violación masiva de los Derechos Humanos, que se reinstalan, que lejos de bajar sus índices se acrecientan —y, ¡de qué manera!— nos preguntamos qué camino seguir, qué hacer para que la justicia logre ser responsiva, para que logre una real protección. ¡Qué difícil tarea se le ha impuesto!
Los conflictos internos, técnicamente llamados ‘conflictos no internacionales’ —visión internacional— alcanzan su término por actos de poder, acuerdos, conversaciones, negociaciones para dar paso luego a la justicia, que deberá encarar el mandato que le corresponda, que surja de allí y, ofrecer respuesta a los hechos del pasado.
En Colombia, sin embargo, tal regla de lógica no se presenta; ha sucedido todo lo contrario: se examinan los hechos desde el punto de vista jurídico no cuando ellos ya pertenecen al pasado, sino cuando aún, se están produciendo. Los efectos se ven a la vuelta de la esquina. No solo estamos frente a hechos pasados, sino ante sucesos que se siguen realizando y vulneraciones por venir como colaterales a las anteriores y, hasta con otra denominación: solo se cambia de patrón de comportamiento y de patrón, de jefe y de finalidad. Pero ahí están o estarán.
En verdad, con la masiva y sistemática violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, producto del ‘conflicto no internacional’, las salidas ordinarias, es decir, las previstas en el Código Penal, en los medios de policía, no han resuelto el infernal fenómeno, por ello, la necesidad de reglas de transición.
Con buen propósito se ha auscultado una salida que incluya aportes y esfuerzos de gran aliento para concluir el conflicto, bajo la ruta de una justicia transicional, que pueda enfrentar las consecuencias, se afirma en pasado, óigase bien, las consecuencias de las violaciones; y al lomo de las circunstancias se construye la ruta; va por el sendero de la posibilidad de una compuerta de examen, reflexión, punto de acuerdo y equilibrio, para que, una vez se sedimente, se alcance lo que se ha llamado el ‘nunca más’, es decir, la no repetición de dichas violaciones; no repetición, como un derecho.
Así, de una parte, la frustración por las respuestas ordinarias, que no han servido, ha dado paso al camino de la transición; y, de otra, la transición galopante que debe ser aplicable a los hechos pasados; la búsqueda del ‘nunca más’. Paradójicamente, se percibe un claro-oscuro que se debe poner de presente: ¿cómo utilizar la transición para los acontecimientos actuales —nuevos— y, a las consecuencias que dejaron los del pasado — como una especie de mortal reingeniería, vinculada al antiguo—? Se requiere mucha imaginación para buscar soluciones a este fenómeno diario y, poco compromiso, para negar la existencia de hechos que requieren solución. Entonces: ¿transición para cuáles hechos?, ¿para todos aún los más próximos, actuales y, los desafortunadamente cercanos?
¿Cuál la razón para que las vulneraciones — actuales, cercanas y próximas— pongan en dificultad la transición? No una, muchas.
Miremos con puntualidad ciertos aspectos de realidad: (i) la vigencia normativa de la conceptualización de la víctima; instrumento necesario y revelador, sobremanera cuando resalta el daño como su enclave y que siguiendo los documentos internacionales, refiere ‘(…)a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los hechos (…) la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante’ [1] (resaltos fuera de texto); algo por lo cual nadie quiere pagar, pero sí revictimizar; (ii) la cosificación y alcance de la Ley de Tierras; muchos líderes —víctimas— o, garantes de su implementación han sido asesinados, otras víctimas, ahora, consecuenciales del estado de cosas anterior; (iii) las llamadas bacrim, que siguen asolando y desplazando —otras víctimas— , cambiando de patrón de conducta y de patrón o jefe y, hasta con diversa finalidad, pero allí están; y, (iv) lo más desolador del panorama actual, la eliminación de la prueba viviente, es decir, de los testigos que, luego de aportar su dicho al conocimiento de la verdad, al esclarecimiento de los hechos, son eliminados, asesinados y, no se sabe si por lo que dijeron y lograron establecer ante los jueces, dando lugar a condenas por esas macrovulneraciones, de las que en ocasiones fueron actores, o por lo que sabían y no alcanzaron a decir.
Entonces, el pasado se mezcla con el presente en una sucesión interminable de hechos que dificultan al aplicador de la norma diferenciar entre pasado y presente, causas y consecuencias, en términos de transición y, en la base de reflexión la víctima y su relato, que cada vez es más inexistente, por sustracción de materia.
Si la justicia transicional busca allanar el camino hacia la paz y, por consiguiente hacer realidad el derecho al ‘nunca más’, se deberían remover los obstáculos referidos para que no tengamos que preguntarnos a dónde va la memoria histórica, o, mejor ‘¿con quién se escribirá la historia?’
[1] Corte Constitucional. Sentencia C-052 de ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012)
