La primera gran propuesta al país del presidente electo, Gustavo Petro Urrego fue la de un “Acuerdo Nacional”, en la perspectiva de avanzar en grandes consensos hacia la solución de graves problemas nacionales.
Dentro de los temas a resolver están:
- La desintegración territorial en manos de grupos armados ilegales, muchos alimentados por el narcotráfico
- La delincuencia y la politiquería
- La recomposición de las instituciones en alto porcentaje tomadas por clanes de la corrupción y por esa vía el restablecimiento de un verdadero estado de derecho, hoy violentado sistemáticamente desde la misma institucionalidad
- La solución a los problemas de supervivencia de más de la mitad de la población en dificultades alimentarias
- El asesinato de dirigentes sociales y comunales
- El déficit fiscal, la corrupción, en fin, soluciones que en efecto requieren de los mejores niveles de acuerdo entre quienes tengamos interés en recuperar tanto la institucionalidad democrática como la estabilidad del Estado y el derecho a la vida y la supervivencia digna de la población.
Un primer gran logro de este llamado al Acuerdo Nacional es la configuración de bancadas mayoritarias en el Congreso de la República que permitan dar trámite a los proyectos de Ley más urgentes para el nuevo Gobierno como la reforma tributaria.
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Ojalá sea en interés real por el bienestar de la población y el futuro del país y no por la burocracia ni por los recursos públicos.
Pareciera que a raíz de los avances en este Acuerdo Nacional, sectores económicos, gremiales y políticos férreamente opositores a Gustavo Petro, incluido el expresidente Álvaro Uribe Vélez van indicando disposiciones al diálogo.
Igualmente llama la atención que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como pocas veces han hecho los presidentes norteamericanos, antes de cuarenta y ocho horas llamaran a felicitar al presidente electo, tampoco es gratis esa llamada.
¿Serán sinceras estas expresiones de voluntad al diálogo de estos sectores tradicional y férreamente antagónicos a gobiernos alternativos y de izquierda?
Inicialmente quisiéramos creer que sí por dos razones principales: en primer lugar por la elevada votación por el candidato Gustavo Petro y Francia Márquez, votación que le da gran legitimidad, votación principalmente juvenil, afro, campesina, indígena y popular.
Es que todos los sectores sociales inclusive el comunal tan chantajeado y segregado históricamente por las maquinarias electorales de la politiquería mayoritariamente en más del 80% estuvo de este lado y fue clave en la Colombia profunda rural y urbana a donde ni siquiera llegaba la publicidad de campaña.
Y, en segundo lugar, porque la clase económica y política tradicional de Colombia además de inteligente es muy hábil y astuta y sabe que es ella la que ha llevado al país al grado actual de desintegración, sabe que ella misma no tiene la capacidad de solución y necesita un salvador o en otras palabras, de un “bombero” que ayude a recomponer la economía, la institucionalidad y la supervivencia, de millones de personas, en el marco de lo que ha dicho el propio presidente electo del Estado Liberal de Derecho.
Es posible que hasta las cinco mil o un poco más de familias que serían gravadas en la proyectada reforma tributaria o los dueños de los recursos de la salud y de la gran contratación pública entienda que es una opción imprescindible para recuperar la economía y la institucionalidad de la que ellos se alimentan, antes de que el País definitivamente se desintegre.
Todo esto es posible y bienvenida esa disposición de estos sectores, pero no se puede olvidar que el gran capital nacional como internacional al que se debe la clase política responsable de la situación actual, en esencia no tiene patria ni ideología ni le interesan los derechos, solamente tiene intereses de acumulación insaciable y jamás renunciará a volver a controlar el Estado para seguirlo usando en su particular beneficio.
La segunda parte imprescindible y estructural a mediano y largo plazo con las grandes mayorías nacionales, populares, campesinas, indígenas, juveniles, afros, comunales, mujeres, de la intelectualidad, la ciencia y la cultura, de grupos religiosos, hayan o no votado por el Pacto entre muchos otros por las soluciones que no dan espera y en la perspectiva de construir la verdadera patria del futuro.
Esta segunda parte del Acuerdo Nacional Alternativo, puede o no girar en torno a grandes y publicitadas reuniones protocolarias para la fotografía y los medios, pero sí requiere de fortalecer ese gran frente social que ayude a implementar soluciones urgentes e inaplazables primero para garantizar condiciones de supervivencia y vida digna a millones de colombianos pero también para ganar su confianza y mitigar los miedos que por tanto tiempo han divulgado desde la otra parte por los gobiernos alternativos.
Esas soluciones que deben contar con una clara ruta ejecución durante los primeros cien días pueden ser:
Planes de emergencia para la supervivencia desde los municipios que pueden incluir un mínimo vital para las personas en dificultades de supervivencia a partir de estudios juiciosos elaborados desde la academia e instituciones de investigación.
Seguro de cosecha y subsidio a los productores de comida a partir de los municipios y a través de los consejos municipales de desarrollo rural establecidos en la Ley 1551/01, Concejos ampliados a usuarios o consumidores urbanos.
Mejoramiento de vías veredales e intermunicipales para que circule con facilidad la población y la comida, mejoramiento de vías que se debe realizar por la figura de los convenios, establecidos por los comunales en la Ley 1551/012 y que permiten complementar el recurso público con el aporte o trabajo de la comunidad.
De hecho, por esta figura es como la acción comunal construyó más del 30 % de la infraestructura del país según reconoce el CONPES 3955/018. Desde la acción comunal estamos aportando un proyecto de decreto presidencial para que se priorice esta figura de ejecución de recursos públicos lo que sería un golpe estructural a la corrupción local.
Apoyo a la economía informal fortaleciendo y reconociendo sus pequeñas iniciativas empresariales y con recursos de financiación a largo plazo que desplacen a los gota a gota.
Fortalecimiento de los mercados campesinos logrando una relación directa de los productos con el consumidor y generando redes virtuales en los municipios de comunicación productores consumidores que permitan evadir intermediación innecesaria.
Apoyo a la huerta casera, la agricultura urbana, los hidropónicos, las orellanas y otras formas de producción intensiva.
Dentro de los primeros cien días deben quedar expeditas las soluciones a los problemas de la salud superando la intermediación innecesaria y restableciendo la relación directa Estado-prestador del servicio y profesional de la salud.
Igualmente debe quedar clara la ruta de solución a los requerimientos de la educación y el trabajo a los jóvenes.
Ruta clara de sustitución de cultivos de uso ilícito garantizando a los campesinos el mínimo vital de supervivencia para que dediquen sus tierras y su trabajo a la producción de comida.
Ruta clara de apoyo a los pequeños y medianos empresarios de la economía productiva del campo y de la ciudad.
En la estrategia de recuperación de la producción campesina debe existir un componente de adecuación de espacios de turismo campesino y agroecológico.
Dentro de los primeros cien días igualmente debe estar clara la ruta de recuperación de la producción nacional de abonos y transitoriamente la importancia directa para garantizar a los productores precios justos.
Es evidente que la recuperación del mercado y de buenas relaciones con los países vecinos hará parte de estos requerimientos urgentes.
Plan estratégico en concertación con los sectores comunales y sociales para resolver los graves problemas de segregación, estigmatización, amenazas, desplazamiento y asesinatos de nuestros dirigentes.
El papel de las organizaciones sociales y comunales en este proceso de recuperación nacional.
Estas y muchas otras soluciones que demandan comprensión y compromiso ciudadano, requieren la existencia de un gran compromiso y vinculación social ciudadana nacional, regional y municipal, tanto para la concepción de las soluciones como para su socialización e implementación hasta el lugar más remoto del territorio nacional.
Error grave sería despreciar este acumulado social y dejar estos programas en manos de las tecnocracias ineptas, generalmente procedentes de los grupos políticos y parlamentarios muy hábiles en manipular hasta los mejores programas y por esa vía meterle la uña a los recursos públicos.
Hasta qué punto el nuevo Gobierno tiene la claridad de que estas soluciones tanto en su concepción como implementación y ejecución demandan un alto grado de participación ciudadana tanto para que sean más eficientes como para que se arraiguen en la ciudadanía y se hagan irreversibles, es tema que está pendiente de dilucidar.
Por nuestra parte, desde el sector social más extendido en el territorio nacional en especial en el campo y regiones más apartadas, así como nos la jugamos por el triunfo del Gobierno Alternativo reiteramos nuestra disposición de contribuir al éxito de estas acciones.
Dios quiera que sea así para no tener que volver a las calles muy pronto para exigir garantías para el ejercicio de nuestros derechos.
