Foto: Publimetro
El pasado mes de octubre, Bogotá recibió con dolor la muerte de una niña de dos años que cayó a una alcantarilla cuando observaba palomas con su mamá en el centro de la ciudad. Se llamaba Michel Dayana Barrera. Mauricio López, Director Técnico de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), tiene el diagnóstico claro, la culpa no es de las empresas de servicio público.
Paula Ortiz: Después del caso de la niña que murió en el centro de Bogotá, ¿Cuáles han sido las propuestas para solucionar el problema del robo de las tapas de alcantarilla?
Mauricio López: Siempre surge la pregunta de quién es el responsable de la muerte de la niña y no nos decimos que el responsable fue el que se robó la tapa. A veces a uno se le olvida que en Colombia los responsables son los que roban las cosas. Las empresas de servicios públicos aquí son víctimas, yo quiero que eso sea clave en una reflexión que voy a dar porque entonces sucede que cuando las personas roban las cosas creen que están robando a “una empresa pudiente”, que si bien tiene los recursos, pues lo que hay que cuestionar primero es el robo mismo. ¿Por qué aparece el delito? ¿Por qué aparece ese robo? Podríamos entrar entonces en una decisión sociológica de ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay atracos? Y no quiero entrar ya en esto, pero ese era el primer mensaje que yo quisiera dejar acá.
Segundo mensaje, no es solo la tapa de alcantarilla la que se roban. En Colombia, en las empresas de servicio público, al año, más o menos, sin tener en cuenta cuando alguien roba el agua o cuando alguien roba la energía o cuando alguien deriva el gas de una manera ilegal, o cuando alguien toma una señal pirata de televisión por cable, o cuando alguien hace una llamada de larga distancia por redes no autorizadas; eso no lo voy a contemplar, pero los costos al año por robo de infraestructura, superan los cuarenta y dos mil millones de pesos. Mire, se están robando transformadores de energía, aún sin quitar la luz, los cables de energía, se están robando los medidores de acueducto, los medidores de gas y en algunos casos los medidores de energía.
Por supuesto que las tapas de alcantarillado son unas de las más atractivas, las tapas de los sumideros también, que son los que quedan al lado de las aceras; las tapas de las válvulas, el cable telefónico, las cámaras telefónicas, las canecas de aseo. Entonces no es solo un problema de tapas.
Paula Ortiz: ¿Cuáles son las localidades más vulnerables en Bogotá, frente al robo de tapas de alcantarilla?
Mauricio López: El sur oriente y centro oriente de la ciudad. La zona del barrio Santa Fe, entre calles 6° y calle 45, entre los Cerros Orientales y la carrera 30.
Paula Ortiz: ¿Influye en algo estudiar la posibilidad de cambiar los materiales de las alcantarillas?
Mauricio López: La tapa de hierro fundido es la más eficaz, desde el punto de vista del peso. La más liviana, desde el punto de resistencia de impacto, presentaba el problema de robo permanente por ser de un material ideal para la recolección y el reciclaje. Entonces se comenzó a cambiar a tapas de concreto en lugar de tapas de hierro, y también tapas de concreto con varillas de acero, las cuales, infortunadamente, también han sido objeto de robos. Cuando la ciudad tenía todas esas tapas de hierro, los robos oscilaban entre 8 mil y 9 mil unidades anuales, ahora puede estar alrededor de unas 1.600 tapas anuales robadas.
No es simplemente un problema de mecánica y materiales, hay que saber cuánto aguanta una tapa de alcantarilla de cualquier material, cuánto resiste el impacto, cuántas vibraciones soporta y no siempre los materiales son los adecuados, entonces es un proceso continuo para la búsqueda de la mejor alternativa, sin embargo, son más costosas, entonces es un problema de relación -costo- beneficio.
Paula Ortiz: ¿Qué ha pasado con las tapas de plástico?
Mauricio López: Son procesos que se van desarrollando. Actualmente hay planes piloto para ver cómo está soportando el tema del peso y aguante, y así se va avanzando en un plan de reposición, pero todavía no es una realidad. Ahora, las tapas de plástico también se las roban, ya no para reciclar, sino para vender a otras ciudades del país, es decir, cambia la modalidad del negocio. Hace poco se publicó una noticia, decían que habían encontrado unas tapas plásticas de Bogotá en la ciudad de Neiva.
Paula Ortiz: Según la empresa de acueducto de Bogotá, el alcantarillado se debe reponer en un plazo de 12 a 76 horas, sin embargo, hay alcantarillas que quedan sin tapa durante más tiempo, ¿Qué ocurre allí?
Mauricio López: Evidentemente hay que mejorar el proceso, necesitamos una ayuda ciudadana cada vez más eficaz, porque no podemos tener un policía o un operario en cada tapa, y por ejemplo, implementar un chip como el que tiene su celular para localizar la tapa robada implicaría unas redes adicionales, un cableado distinto, entonces son procesos que no son fáciles. En Bogotá existen unas 350.000 tapas, aquí lo que hay que hacer es tratar de que no se las roben, atrapar al ladrón, judicializarlo. Yo creo que la policía, como usted ha podido ver esta semana, dice que ha comenzado a detectar unas estructuras delictivas, vamos a ver cómo sale, porque ni las empresas de servicios públicos, ni nosotros, somos un elemento para acusar a nadie, sino para mostrar cómo está el problema, pero a las autoridades les corresponde hacer las investigaciones respectivas y las acciones correspondientes.
Paula Ortiz: En cifras concretas, ¿Cuánto le cuesta a Bogotá esta problemática?
Mauricio López: 42 mil millones de pesos al año en servicios públicos en general. Más o menos por tapas robadas, la cifra puede estar alrededor de los 4.000 millones de pesos. Cuando roban piensan que es solo a la Empresa de Acueducto de Bogotá, pero también afectan al ciudadano. Cuando quitan la luz por algún robo, están afectando al ciudadano que estaba en un respirador artificial, por ejemplo, entonces al final no es solo la empresa que tiene que reponerlo y pagar por esa reposición, es un tema social y general. Más o menos, hemos contabilizado alrededor de 1.400.000 suscriptores al año afectados por robos de servicios públicos.