Al iniciar el nuevo mandato de Juan Manuel Santos ya se conocen algunos anticipos de los que serán sus objetivos en el segundo periodo, aquellos que él mismo enunció el pasado 20 de julio en su discurso de instalación de la nueva legislatura.
El reelegido Presidente prometió eliminar la reelección con el propósito de equilibrar las fuerzas entre las ramas del poder público y los organismos de control, a esta propuesta se suman las de eliminar la circunscripción nacional para el Senado de la República y la de unificar el periodo presidencial con el de alcaldes y gobernadores. Estas propuestas tienen tanto de largo como de ancho, y un análisis profundo requeriría de todo un libro de ingeniería constitucional, semejante al escrito por Sartori, sin embargo, trataré de centrarme en la última propuesta.
Hasta la segunda mitad de la década de los años ochenta en Colombia los alcaldes eran designados por los gobernadores, quienes a su vez eran designados por el Presidente de la República. La situación cambio para la elección de alcaldes con el Acto Legislativo número 1 de 1986, que concibió la elección popular y directa de los mandatarios locales; en cuanto a los gobernadores, su modo de elección no cambio sino hasta expedida la Constitución de 1991. Este nuevo diseño permitió dimensionar dos tipos de democracia complementarias entre sí, una en la órbita nacional y otra de tipo local. Pero los avances alcanzados con la ingeniería constitucional de 1991, se transformaron hondamente con la aprobación de la reelección, la cual reconfiguró el sistema de pesos y contrapesos conllevando de manera lógica a una concentración de poder en el ejecutivo.
Ahora con la finalidad de re equilibrar las fuerzas entre las ramas del poder público, el presidente Santos propone cambiar la reelección presidencial por la ampliación del periodo del primer mandatario de cuatro a cinco años, periodo que sería igual para alcaldes y gobernadores. Esta propuesta resulta ser bastante contradictoria, si el propósito es eliminar la reelección por la concentración de poder en el ejecutivo, la unificación de periodos entre la máxima autoridad administrativa del Estado con la de las máximas autoridades administrativas locales no eliminaría dicha concentración de poder, por el contrario la mantendría y la agravaría, manifestando el triunfo de las fuerzas centralizadoras.
Imaginemos el solo hecho de que tras una conjugación de jornadas electorales, el candidato presidencial X no solo debe acompañar las listas al congreso de su movimiento político, sino que además debe acompañar las listas de candidatos a alcaldías, gobernaciones y seguramente de asambleas departamentales, concejos municipales y juntas locales. Ahora bien, si el candidato X es quien triunfa en las elecciones, como Presidente en ejercicio no tendrá nunca en sus cinco años de mandato un contrapeso a su poder en el escenario de la democracia local. Por último imaginen que el candidato X puede ser Oscar Iván Zuluaga y que en la ciudad de Bogotá el ganador es Francisco Santos, que es de su mismo movimiento político.
Pero aparece una justificación para unificar los periodos, el tan renombrado “desarrollo social y económico del país”, que se evidenciaría en la concordancia entre el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo regionales y locales, este planteamiento eliminaría de tajo la autonomía local para poder decidir cuáles son las prioridades del municipio o departamento, de manera que las “prioridades” serían dictadas desde el gobierno central, y se pasarían por alto los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Esta propuesta es seriamente inconveniente para el país, mata la descentralización de una estocada, la misma descentralización que la OCDE le propone al gobierno profundizar, sin embargo, el gobierno parece hacerse el de oídos sordos, como ya lo hizo con la reforma a las regalías y la hípercentralización en la toma de decisiones en proyectos de inversión.
La descentralización es un principio fundador del Estado colombiano diseñado con la carta de 1991, y es una deuda de todos los gobiernos desde esa fecha. Esta no puede entenderse solo como una modalidad de administración de lo público, es también un mecanismo político que permite el fortalecimiento de actores no tradicionales y su consecuente acceso al poder. Como lo explica Alain Rosembaum, la descentralización encuentra entre sus triunfos, que las personas que lleguen a ser alcaldes no sean precisamente del partido del Presidente y que existe un empoderamiento ciudadano para definir cuáles son las necesidades locales.
Hay que repensar esta propuesta de la mano de una reforma electoral como la planteada por el Ex Senador John Sudarsky, con la creación de distritos electorales que abaraten costos de campaña y permitan una rendición de cuentas seria entre electores y elegido, se puede pensar además en un sistema escalonado de elección que facilite de control político ciudadano; en fin son muchos los mecanismos que se pueden diseñar para profundizar la descentralización y no darla de muerte como pretende el actual gobierno de manera bastante improvisada.
@camilobarriost
