Una vez más, la atención nacional se ha dirigido hacia la Corte Suprema de Justicia, que llevó a cabo este jueves 22 de febrero la tercera sesión del año de su Sala Plena con el objetivo primordial de seleccionar a la nueva Fiscal General de la Nación. Como hace 15 días, en esta ocasión tampoco se escogió a la nueva fiscal. Durante la jornada se realizaron dos rondas de votación. En la primera no se escogió fiscal General, los resultados habrían quedado así: Amalia Pérez habría recibido 13 votos; Ángela María Buitrago, tres votos; y seis más habrían sido en blanco. Luego, la Corte procedió a una segunda ronda de votación, pero tampoco hubo un resultado concluyente.
Se conoció que se hicieron cuatro rondas en total, pero en ninguna se obtuvo un resultado satisfactorio. “La Corte Suprema de justicia se permite informar que terminada la ronda de votaciones que, conforme a nuestro reglamento, se desarrollaron en el día de hoy, ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada como la nueva fiscal general de la Nación”, declaró el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra Castro.
Sin embargo, Chaverra reconoció que en la sesión del 22 de febrero hubo un “avance bastante importante en el marco de las votaciones, en el sentido de que se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos”.
Con esto, concluyó Chaverra, se “permite avizorar de que estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría y declarar la elección”. Por lo pronto, la sesión fue nuevamente aplazada para el 7 de marzo: sería la cuarta jornada de votación. Para que una candidata sea declarada como la elegida, al menos 16 de los 23 magistrados que componen la Sala Plena deben votar por ella. Las candidatas propuestas por el presidente Petro para ejercer estas funciones son Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.
Así se ha vivido el ambiente en la ciudad por elección de fiscal
Alrededor del mediodía, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó la llegada de los primeros manifestantes a la Plaza de Bolívar. No obstante, las manifestaciones han transcurrido en calma durante la mañana del 22 de febrero. Simultáneamente, ciudadanos boquearon la carrera 9A con calle 63 y más temprano hubo afectación en la carrera Séptima.
La sesión anterior se llevó a cabo el 8 de febrero: el magistrado Gerson Chaverra Castro anunció que, tras dos rondas de votación, ninguna de las candidatas logró obtener los votos requeridos para ser designada.
Esta vez, aunque hubo una mayor aproximación, tampoco fue posible. En la segunda jornada, a diferencia de lo que se ha vivido en la mañana del 22 de febrero, se vivieron momentos de tensión debido a que los magistrados no pudieron salir del recinto. Manifestantes bloquearon el Palacio de Justicia y se provocaron enfrentamientos entre miembros del Undmo (antiguo Esmad) de la Policía y algunos de los ciudadanos que exigían una pronta elección de fiscal.
¿Quién es Amelia Pérez Parra, la más votada para ser fiscal General?
Pérez hizo una larga carrera en la rama judicial. Desde 1987 hasta 2003 ocupó varios cargos: desde juez de instrucción criminal, pasando por fiscal seccional, hasta fiscal regional. Los dos últimos cargos que ocupó Pérez fueron como fiscal delegada para la Unidad Nacional de Derechos Humanos y fiscal de la Unidad Especializada de Antiterrorismo, el último que ejerció antes de irse para el exilio a Canadá en 2003. En estos dos puestos investigó varios de los episodios más conocidos del Conflicto Armado.
Uno de ellos fueron las violaciones a los derechos humanos en los municipios vallecaucanos de Trujillo, Riofrío y Bolívar, cometidas en los años 1990 por una alianza entre grupos paramilitares y miembros del Estado. Pérez también investigó la masacre de El Aro, una vereda de Ituango, Antioquia, donde el 22 de octubre de 1997 fueron asesinadas 17 personas señaladas de ser colaboradores de la guerrilla.
Otro de los casos emblemáticos investigados por Pérez fue la masacre de Pichilín, un corregimiento del municipio de Morroa, Sucre. Fue cometida el 4 de diciembre de 1996 por un grupo de 50 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso, allí 11 personas fueron asesinadas. En esos casos, Pérez formuló acusaciones contra grandes narcotraficantes y jefes paramilitares. Entre ellos, al fallecido Iván Urdinola Grajales, perteneciente al Cartel del Norte del Valle, por las masacres en Trujillo.
También acusó a los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, de las AUC, por la masacre de El Aro. Estas investigaciones supusieron amenazas en su contra.
En abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) concedió medidas cautelares a favor de Pérez y cinco miembros más de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Pérez y sus compañeros estaban siendo amenazados por Castaño y Mancuso producto de su trabajo judicial. El último gran caso que investigó Amelia Pérez como fiscal fue el atentado al Club El Nogal, ocurrido en febrero de 2003.
