Los grandes constructores de Pereira, agrupados en la poderosa Camacol, se acaban de anotar un triunfo contra la ciudad y sus intereses comunitarios y ambientales. Tumbaron, mediante una suspensión, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), vigente según lo dispuesto en el Acuerdo del Concejo 035 del 2016. De igual manera, tramitan de fondo una demanda para dejar a Pereira sin un marco regulatorio de sus desarrollo urbanístico y arquitectónico.
La decisión de la autoridad judicial ordena, por ahora, regresar al POT del 2006, el cual no tiene incorporado aspectos trascendentales para el ordenamiento urbano del territorio como la gestión del riesgo, la protección del recurso hídrico y la planificación integral de una ciudad.
Los poderosos dueños de la construcción en Pereira pretenden desconocer aspectos sustanciales del urbanismo social y ambiental incluidos en el POT del 2016. Tal propósito pone en riesgo suelos de protección ambiental de la capital de Risaralda.
De otro lado, la suspensión del juez implica un retroceso de doce años en materia de planificación pues se reviven otra clase de actuaciones urbanísticas; de nuevo se van a incorporar muchos suelos que son de protección ambiental, a suelos de expansión, que se pueden urbanizar en perjuicio de los recursos naturales y ambientales.
Una de las principales objeciones del gremio constructor con el POT del 2016 consiste en el tema de los “derechos urbanísticos”, los cuales serían una carga para los constructores haciendo que muchos de ellos migren con sus proyectos a otros municipios del país. Argumento que repiten en todo el país todos los constructores a través de Camacol, para obtener más ventajas. ¿A qué ciudad, entonces, se van a trasladar los mandamases de la construcción en Pereira?
En la acción interpuesta el pasado 14 de marzo, el gremio constructor aludió que en dicho acto administrativo de aprobación del POT no se cumplieron los presupuestos establecidos por la ley en cuanto a que no surtió la concertación previa con diferentes entidades como la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), el Área Metropolitana Centro Occidente (Amco), el Consejo Territorial de Planeación y la socialización con la ciudadanía, de la que no son ciertamente muy amigos los socios de Camacol.
Lo que acaba de ocurrir es una suspensión del POT, pero está en curso una demanda del mismo gremio referida a temas álgidos como los deberes urbanísticos, los trámites y los procedimientos adicionales que se introdujeron.
Esa demanda, dado los niveles de corrupción en la justicia, tiene todos los caminos abiertos para salir avante perjudicando millones de ciudadanos de Pereira.
Los sectores democráticos y humanos de Pereira están llamando a defender el POT del 2016 y sus aspectos ambientales y de urbanismo social previsto.
