El 7 de marzo de 2024, el Consejo de Estado decidió anular la resolución con la cual el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, el movimiento creado por el exalcalde de Santa Marta y exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Esto se dio gracias a una demanda presentada por Ximena Echavarría, una abogada chocoana que se dedicó a ponerle la lupa a las personerías jurídicas y que incluso se define a sí misma en sus redes sociales como "la mujer que desafía los partidos políticos en Colombia".
Nacida en Carmen de Atrato y egresada de la Universidad de Envigado, Echavarría tuvo un breve paso por la política trabajando de la mano de Ingrid Betancourt en su Verde Oxígeno, pero después de salir decidió que lejos de militar en un Partido político, se iba a encargar de acabar con los que no cumplieran con los requisitos para serlo. Fuerza Ciudadana solo fue el primero con el que tuvo éxito, pero ya ha acudido al Consejo de Estado hasta en cuatro oportunidades y por ahora su registro es de tres de cuatro.
Un mes después de dañarle el 'caminao' a Carlos Caicedo, otra líder de izquierda tuvo que ver como se quedaba sin Partido por cuenta de una demanda de la chocoana. Se trata de la senadora Clara López, a quien el Consejo de Estado le tumbó su Todos Somos Colombia el 18 de abril.
Pero eso no era todo, siguiendo con el registro de un Partido por mes, el 9 de mayo, hace solo una semana, perdió la personería jurídica En Marcha, movimiento creado por el exministro Juan Fernando Cristo. Echavarría consideró que haber estado en coalición con la Alianza Verde no era suficiente motivo para ser reconocido y el Consejo de Estado le dio la razón.
Soy Porque Somos de Francia Márquez, el único que le falta a Ximena Echavarría para tener un registro perfecto
Dos presuntas dobles militancias, una de la propia vicepresidenta y otra de la de la representante a la Cámara, Dorina Hernández, fueron los motivos que llevaron a la chocoana a demandar la personería jurídica de este movimiento. El Consejo de Estado tendrá que estudiarlo y tomar una decisión.
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