El alcalde de Cartagena, William Dau, inició el 5 de julio pasado la divulgación del Libro Blanco que consigna una serie de presuntos actos de corrupción, derroche de recursos y pésima gestión de los bienes del distrito por parte de las administraciones anteriores. Se hicieron tres entregas que despertaron diversas reacciones, especialmente una campaña agresiva por parte de sectores retardatarios, beneficiarios de estos actos de corrupción, muchos de los cuales son legales pero ilegítimos, que suman miles de millones de pesos que le pudieron garantizar mejores condiciones de vida a cerca del 60 % de su población, que se debate en la pobreza e informalidad, carentes de eficientes servicios públicos, salud, educación y sanidad.
Dichas administraciones, con sus núcleos amplios e influyentes en la ciudad, son los responsables de la postración de Cartagena, por lo cual lanzaron esa feroz campaña. El alcalde Dau sigue cometiendo errores en la forma de hacer las denuncias y en la comunicación, lo cual es aprovechado por esos detractores para tratar de echarle la opinión pública encima, sin haberlo logrado, puesto que la mayoría de la población le reconoce la valentía para hacer las revelaciones y enfrentar el entramado de corrupción con lo cual pretende corregir los errores del pasado.
Los actos de corrupción revelados no han sido noticia trascendente en los medios nacionales ni locales, puesto que su contundencia afecta los intereses políticos y económicos de los saqueadores y necesitan ese “tapen, tapen”. El mandatario precisó que esa corrupción se lleva el 70 % del presupuesto, unos $1,2 billones al año. De hecho, un comunicado de la alcaldía destacó “la concentración en contratación con las Esal, que hacen “de todito”, una pensión adjudicada a una persona invidente, pero que en sus redes sociales monta a caballo y maneja moto... En 39 casos se pagaron aproximadamente $8.000 millones en retroactivos pensionales, presuntamente por mesadas mal otorgadas... En la Secretaría de Educación, al 31 de diciembre de 2019, no fue cancelada en su totalidad la nómina de diciembre a docentes y administrativos. Obligaciones pendientes de pago en el 2019 por $17.444 millones, un déficit financiero en 2020 por $207.808 millones...
Y eso no es todo. En la Secretaría de Participación, presuntas irregularidades en la ejecución de convenios con varias fundaciones por cerca de $1.800 millones. La Secretaría de Salud, conocida como Dadis, fue recibida con un alto pasivo por $285.247 millones, en cuentas por pagar a la red de prestadores, incluyendo conciliaciones y depuraciones. Procesos judiciales con orden de embargo por un valor total de $85.996 millones. Contratos sin liquidar con vigencias desde 2017 por $35.000 millones y contratos siniestrados de infraestructura hospitalaria. Compra de 34 computadores sin poder ser utilizados debido a que la orden de compra de 41 licencias no fue amparada…”, y es solo parte de la revelación de cómo se desviaron o perdieron miles de millones de pesos del distrito de Cartagena.
Ante esto hay, en mi opinión, un silencio cómplice de los organismos de control y vigilancia y de algunos sectores influyentes, que por el contrario le declararon la guerra al doctor Dau y su administración con el objetivo de apartarlo del gobierno de la ciudad y permitir el regreso de los saqueadores. Dau comete errores, pero su decisión de combatir la corrupción recibe el respaldo de los demócratas y así deberían comportarse todas las instituciones locales y nacionales. ¡Necesitamos más Daus para salvar a Cartagena!
