Weildler Guerra es un reputado antropólogo e investigador cultural guajiro, que en varios escenarios ha hecho gala de su experticia en temas y problemáticas que atañen de la etnia wayuu, mayoritariamente residentes en la península del norte del país y cuyo territorio ancestral va más allá de la frontera con la vecina Venezuela.
Es conocido por los documentos y textos que ha elaborado sobre sus estudios, lo que le ha valido el respeto por años de sus pares en la región Caribe y el país, e incluso ha sido por algún tiempo director de la sede cultural del Banco de la República en Riohacha, desde donde maneja buena parte de esa dinámica en la capital guajira.
Pese a ese prestigio, hay indígenas wayuu que dudan de los análisis y conclusiones a las que ha llegado el académico. Le han llegado a criticar que no habla su idioma, wayuunaiki, pese a autodeterminarse como miembro de esa etnia, y que haya salido favorecido con un programa de becas para maestrías para habitantes de La Guajira, el segundo departamento más pobre del país, mientras él recibe emolumentos superiores a los 10 millones de pesos gracias a su empleo oficial.
Sin embargo, esos señalamientos se quedan pálidos ante el escándalo de los contratos de internet con Funtics por 20.400 millones de pesos para dotar (fallidamente) de internet inalámbrico a zonas gratuitas para ciudadanos y escuelas del departamento. Es el mismo contratista que está en medio del escándalo de Centros Poblados, en el que se perdieron 70.000 millones de pesos del MinTIC.
Ese contrato lo firmó Guerra como gobernador encargado de La Guajira, a sabiendas de que uno similar y con el mismo operador (también con problemas de ejecución), por 15.000 millones de pesos, fue signado por su suspendida antecesora y le causó problemas legales. Incluso este último convenio fue extendido por Guerra en su rol como mandatario seccional.
Sin embargo, la vida está hecha de paradojas: la Corte Constitucional, Sala Octava, pidió ahora a Guerra la entrega de un concepto sobre las causas, razones y posibles soluciones para superar lo que el ICBF denominó “barreras interculturales “que no permitan que las entidades del Estado brindar la ayuda necesaria y oportuna a los menores de edad de la etnia wayuu con alto grado de desnutrición.
Todo esto tiene que ver con la revisión que el pasado 21 de julio hizo esa sala de los avances de la sentencia T-032 de 2017, que ya dejó en evidencia que esa decisión no se está cumpliendo. El alto tribunal, en consecuencia, ordenó una serie de pruebas a instituciones como la Presidencia, el ICBF y la Gobernación de La Guajira, así como las alcaldías de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
Es así como el hombre que puso su firma en un infructífero contrato que dejó sin internet a las escuelas del departamento y se aprovechó de su programa de becas para la población pobre del departamento y criticado por sectores wayuu, será quien dé luces a la Corte Constitucional sobre por qué esta etnia sigue sufriendo el abandono del Estado.
Te puede interesar:
Más de trece días en Huelga de hambre: hablan los jóvenes en la Guajira
