En Samaniego, Nariño, el 15 de agosto de 2020 a las 10:30 p.m. se produjo el asesinato de ocho jóvenes. Los perpetradores —cuatro hombres encapuchados— llegaron en moto preguntando por tres personas que estarían tranquilamente en una fiesta o asado, todavía no identificadas. Los nombres de los asesinados no estarían entre las personas buscadas por los perpetradores, luego no serían el blanco directo. Gritaron a los presentes —unas cincuenta personas— que se arrojaran al suelo. Dispararon indiscriminadamente, dicen algunos testigos. Otros aseguran que los asesinados fueron previamente seleccionados no por nombre sino “al ojo” y que antes les habían hecho llegar mensajes anónimos de suspender la fiesta por no respetar el aislamiento social. Algunas personas escaparon por los arbustos que rodean la casa. Un testigo dice que escuchó varios disparos, pero afirma no poder precisar si de pistola o de fusil, y agrega que en estos casos las autoridades llegan pero luego no hacen nada; sin embargo, un oficial de policía asegura haber capturado a los primeros sospechosos. El gobernador manifiesta que Policía, Ejército y Fiscalía están investigando y se ofrece una recompensa de doscientos millones de pesos a quienes den información que lleve a la captura de los autores. También llegó el ministro de Defensa. Horas antes una joven había sido asesinada. ¿Vuelven las masacres? No. Nunca se han ido.
Posteriormente la Policía informó que los asesinos se dividieron antes de llegar al sitio de los asesinatos, que luego preguntaron por varias personas, lo que ha ido perfilando la hipótesis de un “ajuste de cuentas”. Agregó que los hechos podrían estar relacionados con eventos de narcotráfico de la zona, de control delincuencial sobre estructuras del ELN, de disputas por las rentas criminales y la producción de cocaína con asesinatos de cabecillas; que ya se produjeron dos capturas de individuos armados. En síntesis que es una zona de mucho tráfico de drogas que ya lleva diez homicidios. El ELN desde La Habana anunció que no tiene nada que ver con estos hechos de “matanza colectiva”, que es obra de “narcoparamilitares” en alianza con fuerzas del Estado. La ONU condenó el crimen de los jóvenes universitarios, siete varones y una mujer, que hacen parte de los 16 jóvenes —entre 19 y 25 años— que han sido asesinados en el sur de Colombia y ha reseñado 33 masacres en lo que va de este año. No está de más recordar que según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad, entre 1975 y 2015 hubo más de 15.611 víctimas de masacres y entre 1980 y 2014 hubo 2.552 masacres realizadas por numerosos actores del conflicto armado en varios departamentos del país.
Son días de terror y luto. Se dispara con fusiles y armas de corto alcance. Líderes de paz hablan de que van treinta asesinatos, una de las tasas más altas de homicidios en el país. Por esta razón Nariño exige se le aumente el pie de fuerza dado que se cuenta una docena bandas criminales de narcotraficantes, disidencias del proceso de paz y el ELN.
Este crimen ha sido relacionado con el asesinato de cinco menores de edad, algunos universitarios, en un cultivo de caña de Cali y otros dos de bachillerato de Leiva, Nariño. Se habla de un “baño de sangre”. La iglesia y la Defensoría del Pueblo hablan de “reclutamiento de menores y jóvenes por grupos armados”. También que hay bandas que quieren imponer su ley en las montañas de Nariño, Valle y Cauca. La “ley” dictada por estos grupos prohíbe violar el aislamiento, so pena de ser declarados “objetivo militar”. Pero, agregan otras fuentes, el meollo del asunto es el reclutamiento de los jóvenes por todo tipo de bandas, valiéndose para ello del establecimiento de un supuesto control y presión social mediante panfletos a causa de la pandemia del COVID-19.
En los cinco asesinatos de menores —entre 14 y 16 años— de Cali, se tejen algunas hipótesis relacionadas con reclutamiento de menores por bandas delincuenciales y criminales del oriente de la ciudad que no quisieron acceder a presiones en este sentido. Otra hipótesis es la de exterminios por “limpieza social”, y una tercera es que entraron en un predio privado a comer caña y fueron confundidos con delincuentes. El alcalde de Cali habla de estructuras delincuenciales y criminales dedicadas al microtráfico y el “gota a gota” y no de grandes bandas como las de los años 80 y 90 que tienen azotada a su ciudad. Igualmente se habla de desplazamiento forzado a quienes se niegan a participar y de “crónica de muertes anunciadas”. Lo que hay es una cruenta guerra por el poder, que exige estabilizar la zona mediante la militarización de la comuna porque la Policía, concluye, es insuficiente.
Estos dos casos de asesinato indudablemente entran en la categoría de “masacre” por ser múltiples, arbitrarios, particularmente violentos, sorpresivos, manifiesta insensibilidad, abierta inhumanidad, perfidia, con una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, puestas ellas en estado de indefensión —cosificadas— con ánimo de exterminarlas con odio, mediante el uso de armas de fuego, por un grupo concertado en el planeamiento para el aniquilamiento, previa evaluación de medios y fines, que culmina in situ la atroz acción de manera rápida, negando a las víctimas sus derechos humanos. Es una negación de la paz ética.
Los actos de masacre en estos dos casos no son “irracionales”, han sido actos de frío “cálculo” material que obedecen a una lógica, a una estrategia que busca maximizar beneficios de diferente índole, por ejemplo, quedarse con “territorios” de venta de droga, apoderarse de espacios para el “gota a gota”, o búsqueda de carne de cañón para el reclutamiento forzado de jóvenes. Esta es casi siempre la motivación de las masacres en Colombia, muchas veces encubiertas bajo otros motivos cuales venganza indiscriminada, odios políticos, simple sadismo, etc.
El mensaje a la aterrorizada comunidad es claro: “Se pliegan o…”. Lo que procuran los victimarios es la aceptación de un dominio pleno sobre los sobrevivientes y dejarles la impresión de que sus vidas pueden no tener algún valor. Es la negación de la paz jurídica.
Ellos, los asesinos, no se sienten ni responsables ni culpables porque consideran que sus actos criminales no tienen límites ni jurídicos ni morales porque esos jóvenes para ellos no existieron como seres concretos; razonamiento perverso, claro está y de allí la banalización de esas vidas, seguramente etiquetadas bajo la rúbrica que le pegaron previamente los asesinos a fin de “polarizarlos”.
El fenómeno es recurrente en Colombia, donde actos de matanza abundan a lo largo de su historia y donde no han faltado los partidos de fútbol con las cabezas cortadas de los rivales, para hablar solo de una modalidad particularmente chocante. Lo que hemos visto es una “matanza salvaje de personas” tal vez no con ánimo genocida pero sí sobre un grupo humano particularizado de jóvenes, con el evidente propósito de exterminarlos ante su negativa de no ser reclutados forzosamente sea para convertirlos en “jíbaros” o ser llevados a las filas de grupos armados por definir.
Los dos actos revelan modalidades de sevicia, barbarie, absoluta maldad y extremo horror sobre personas indefensas. En efecto, las dos matanzas han sido colectivas, con total desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, realizadas con acto de alevosía y propósito de producir un daño en jóvenes estudiantes, varios de ellos menores de edad. Son actos de asesinato colectivo asimilables, por el momento de fiesta en que se desarrollaban, a la masacre de miembros LGTBI en una discoteca de Florida.
Resulta de los hechos que hubo una planeación expresa de producir un daño y un cálculo de exterminar a un grupo particularizado de más de cuatro personas —lo que los hace entrar en el concepto de “masacre” fijado por el FBI y las normativas colombianas—, durante un mismo evento, previa ubicación espacial y determinación de las víctimas al preguntarles —previo al acto— su identificación. La destrucción de esas vidas es abiertamente intencional al ser señaladas sin razón alguna como “enemigas” o “no colaboradoras”.
Además, hubo violencia de masa, comportamiento racional de frío cálculo, con el claro propósito de querer los resultados de eliminación física. Se dio entonces en ambos casos una ruptura entre lo normal y lo patológico.
Esos dos grupos de infantes y jóvenes fueron satanizados gratuitamente por sus victimarios con pasión asesina, autodeclarándose por sí y ante sí “dueños” de unas vidas en flor. Conductas de este tipo son expresión de maldad, de “banalización del mal” (Hannah Arendt) para el logro de mezquinos intereses de bandas delincuenciales como lo acreditan los panfletos y anónimos enviados previo al acto criminal.
Asesinar vil y cobardemente a la juventud de un país no tiene perdón de ninguna especie. ¿Habrá nuevamente largas y exhaustivas investigaciones que conducen a la nada? ¿Caerán en dos o tres semanas las víctimas de Samaniego y Cali en el olvido? ¿Pasarán a ser solo cifras? ¿Cargarán por siempre parientes y sobrevivientes de esas masacres con la “culpa” de haber sobrevivido, de no haber muerto junto a sus compañeros de barrio, de juegos, de pupitre? ¿Habrá, nuevamente, conspiración del silencio? ¿Se perdieron esos jóvenes en o para la historia? Las 584 páginas que llevo escritas sobre este tema no me permiten ser optimista. Lo siento por el país, por esas familias, por Samaniego y Cali.
